La herencia envenenada de Aguirre: casi 200 millones en fiascos que tiene que pagar Ayuso

Isabel Díaz Ayuso abraza a Esperanza Aguirre con el cariño que se le guarda a las personas más importantes en una vida. Ocurre el martes, durante la presentación del libro Liberalismo a la madrileña, que permite que las dos lideresas se procuren piropos cruzados. “Quiero felicitarla por ser impulsora de este modelo liberal de referencia, que es la Comunidad de Madrid, y que hoy se reconoce en todo el mundo”, dice la actual presidenta. “Compruebo con satisfacción cómo Isabel Díaz Ayuso los ha hecho suyos (los principios liberales) y funda en ellos muchas de sus políticas”, escribe en el prólogo de la obra la antigua presidenta. Unidas por un pasado compartido, la ideología, y el poder, las dos políticas regatean un hecho incómodo: el Gobierno de Díaz Ayuso ha afrontado en los dos últimos meses el pago de casi 200 millones como consecuencia de decisiones que tomó Aguirre cuando estaba al frente de la región (2003-2011).

Diciembre de 2006. Acto solemne en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional. Aguirre y los seis rectores de las universidades públicas madrileñas firman un plan de inversiones dotado con 640 millones para el periodo 2007-2011. Una garantía de “eficiencia”, “transparencia”, “equidad” y “sostenibilidad”, dice la presidenta, que se une al Plan de Financiación 2006-2010. Pero llegan la crisis económica. Poco a poco, se cierra el grifo del dinero. Y con eso comienzan los problemas, como refleja que el Ejecutivo de Díaz Ayuso acabe de pagar 2,8 millones a la Universidad Autónoma en cumplimiento de una sentencia judicial que estimaba la petición de la institución para que se pagaran esos intereses por la demora en el pago.

Así, el Ejecutivo de coalición de PP y Cs, también encabezado por Díaz Ayuso, acordó en enero de 2020 pagar 99,5 millones de euros entre 2020 y 2024 a estas instituciones para compensar los recortes decididos. Fue la culminación de una batalla jurídica que siempre ha perdido la Comunidad, con una treintena de sentencias en su contra y a favor de las universidades, que finalmente supondrá un desembolso millonario: más de 574 millones.

En paralelo, los gobiernos de Aguirre, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y Díaz Ayuso han apostado por la creación de universidades privadas.

Febrero de 2008. “Tenemos la costumbre de cumplir aquello que prometemos, y por eso nuestro ferrocarril comienza hoy simbólicamente a ser una realidad”, dice Aguirre durante la puesta en marcha del tren que debe unir Móstoles con Navalcarnero.

Casi 15 años después, no ha circulado ni un solo tren, la obra no se ha terminado, y la Comunidad acaba de decidir pagarle 162 millones a la constructora por la parte de la infraestructura que sí está hecha, como adelantó EL PAÍS a principios de diciembre. Sin embargo, la decisión no garantiza el fin del litigio que enfrenta a la Administración regional con la adjudicataria (OHLA), que reclama 237 millones de compensación en los tribunales por el abrupto fin de una concesión que también iba a explotar comercialmente, y que se abandonó por unos cambios en el trazado (soterramiento de parte de la vía) que desviaron el presupuesto (encareciéndolo).

“Somos el daño colateral de una pelea de políticos y constructoras”, lamentan los vecinos sobre una obra investigada en el marco del caso Lezo por un presunto pago de comisiones en su concesión que implicaría al expresidente Ignacio González.

No es la única infraestructura de transportes creada durante los gobiernos de Aguirre (imputada en el caso Púnica) que le está dando problemas ahora a Díaz Ayuso, que fuera su subordinada durante la época de las mayorías absolutas del PP en la Comunidad.

Así, los Presupuestos regionales de 2022 incluyen diversas partidas para pagar más de 60 millones por una carretera que nunca se ha usado, y por la que jamás ha pasado un coche, porque le faltan unos metros para estar acabada, pese a que se comenzó a construir en 2005. Es la MP-203, una carretera de 12,5 kilómetros que carece de lo fundamental: la conexión con la radial 3 para descongestionar la entrada a Madrid desde Alcalá de Henares.

Ese tramo no se ha logrado hacer por las discrepancias entre la constructora, el Gobierno de España, y la concesionaria de la radial. Hoy su trazado lo aprovechan para entrenarse ciclistas y corredores.

Más complejo es el caso de los desperfectos que ha provocado en las viviendas de San Fernando de Henares la construcción de la línea 7B de Metro. Múltiples informes avisaron a la Administración de que la obra, hecha a toda prisa para llegar a tiempo de estrenarla antes de las elecciones de 2007, podía provocar problemas.

Desde entonces, los distintos gobiernos regionales llevan invertidos más de 30 millones de euros en intentar apuntalar edificios, tapar grietas y hacer seguras las viviendas afectadas. No siempre ha sido posible. Ya ha habido demoliciones. Una veintena de familias pasaron las Navidades fuera de sus casas (“Nos han quitado los recuerdos”). Y el Ejecutivo de Díaz Ayuso, que ha reconocido de viva voz “los graves problemas” creados, acaba de aprobar decenas de miles de euros en nuevas actuaciones para intentar evitar más demoliciones.

Mayo de 2008. “La Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Sanidad, a requerimiento de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ordenó que se adecuasen todas las habitaciones de hospitalización a uso individual, de tal forma que se retiraron de 135 habitaciones equipadas como dobles (en el hospital de Puerta de Hierro de Majadahonda), la cama hospitalaria, la mesilla, el sillón de paciente, la silla de acompañante y la cortina separadora, procediendo a su transporte y almacenaje y, por otra parte, al suministro y colocación de 135 sofás-cama”, se lee en un informe de la comisión jurídica asesora de la Comunidad de Madrid.

Casi 15 años después, esa decisión sigue dando dolores de cabeza a la Administración regional: el Consejo de Gobierno de Díaz Ayuso oficializó a finales de diciembre el pago de casi 30 millones de euros como compensación a la adjudicataria del hospital.

Pese a que el servicio no se prestó, la justicia determinó que el expediente que decidió que se suspendieran los pagos no se había gestionado correctamente, por lo que dictaminó un doble pago: por la etapa en la que se habían suspendido los ingresos (11.385.672,09 de euros correspondientes al periodo 2013-2021) y por la etapa en la que deberán seguir llegando (18.319.590,11 de 2022 a 2035).

En noviembre, la Fiscalía Anticorrupción pidió que Aguirre fuera imputada por presunta prevaricación y malversación en este caso, pero su petición fue rechazada por la titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, con sede en la plaza de Castilla.

A los observadores más veteranos de las actividades del Gobierno regional no les ha pasado desapercibido que el ejecutivo está realizando estos desembolsos, ni que algunos se corresponden con sentencias de años pasados, que aparentemente languidecían en los cajones de la Real Casa de Correos. “La presidenta ha dado la orden de limpiar los libros y solucionar todas estas cosas pendientes”, asegura una fuente gubernamental que cuenta con la confianza de Díaz Ayuso.

Da igual, sin embargo, el montante de la factura: Díaz Ayuso y Aguirre, Aguirre y Díaz Ayuso, tanto monta, monta tanto, siguen mostrando su complicidad de acto público en acto público. El poder lo une todo.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.