El adelanto electoral de Ayuso frenó un pacto con 250 millones en ayudas y concesiones ideológicas a Vox

PP y Ciudadanos estaban listos para intentar cerrar el apoyo de Vox a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid con un aumento de las ayudas directas a la hostelería (de 86 a 250 millones de euros); un incremento de la partida de dependencia (de 46 millones); y cesiones a pretensiones ideológicas de la extrema derecha: recortar en 46 millones los gastos de la Administración, abrir la puerta a eliminar subvenciones y analizar el coste de acoger a menores extranjeros no acompañados. Así lo refleja la documentación a la que ha accedido EL PAÍS, en la que no se menciona la activación del veto parental educativo, que pedía Vox, y que fue validada por dos fuentes de la negociación. Todo saltó por los aires el miércoles 10, cuando Isabel Díaz Ayuso convocó elecciones ante el temor a que el PSOE y Cs replicaran en Madrid las mociones de censura de Murcia.

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Los representantes de los tres partidos que propiciaron la investidura de la presidenta de Madrid en agosto de 2019 estaban convocados a una reunión aquel miércoles 10 por la tarde. PP y Cs, que ese día amanecieron como socios de Gobierno, esperaban cerrar en la cita una negociación que ya había consumido más de un mes. Un indicio más de que Cs no estaba preparando una moción de censura con el PSOE en Madrid, como han defendido tanto Ignacio Aguado como Ángel Gabilondo.

“Era una contrapropuesta de 15 puntos a lo que había planteado Vox”, explica una fuente conocedora del planteamiento del Ejecutivo.

“Teníamos la impresión de que el acuerdo llegaría pronto, pero no sabemos con exactitud lo que nos iban a contestar aquella tarde”, concede una fuente que cuenta con la confianza de Rocío Monasterio, la líder regional de Vox. “Se estaba negociando”.

Puntos de encuentro ideológicos

La oferta de PP y Cs recogía muchos de los planteamientos presupuestarios de la extrema derecha y buscaba puntos de encuentro en los ideológicos. El veto parental educativo, que obligaría a los centros educativos a recabar el permiso de los padres antes de cualquier charla o taller, había sido ya descartado tanto por Díaz Ayuso como por Aguado. Y cerrar el acuerdo dependía de la redacción de varios puntos diseñados para cumplir con las exigencias de inspiración ideológica de Vox sin que nadie pudiera decir que PP y Cs habían dado su brazo a torcer.

Así, donde Monasterio exigía “recortar gasto político y acabar con chiringuitos”, Díaz Ayuso y Aguado estaban listos para asumir una reducción del gasto de la Administración cifrada en 46 millones de euros (35,7 anulando contratos de soporte administrativo; 4 eliminando alquileres; 3,9 suprimiendo organismos; y 2,3 recortando gastos de promoción). También estaban dispuestos a una auditoría de las subvenciones concedidas por la Comunidad en la pasada legislatura. Y además se comprometían a encargar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) una revisión de la eficacia de ese gasto, abriendo la puerta a que en el futuro Vox reclamara dejar de financiar iniciativas vinculadas con el feminismo, los derechos LGTBI, o las ayudas a inmigrantes, como ya había planteado en el pacto de investidura.

De hecho, la propuesta, fechada el 8 de marzo, especifica: “Las conclusiones del estudio realizado servirán de base para la adopción de decisiones futuras en materia de política de subvenciones de la Comunidad de Madrid”. Por si hubiera dudas, se detalla que la fiscalización de las subvenciones “se circunscribirá a algunas líneas concretas”.

En paralelo, y tras ver cómo la extrema derecha basaba gran parte de su estrategia regional en la denuncia de un supuesto aumento de la inseguridad en los barrios de la capital, culpabilizando a los menores extranjeros no acompañados, PP y Cs concedían un “refuerzo de la seguridad de los centros de menores” que supondría colaborar “intensamente con las autoridades competentes en materia de seguridad exterior y orden público”, y un “análisis de costes de las distintas modalidades de acogimiento de menores” para revisarlos si era necesario. Eso sí, cuidándose de mencionar específicamente a los menores extranjeros.

Además, se aceptaba la propuesta de Vox para impulsar un “Plan de apoyo a las adolescentes embarazadas”. Este partido, que tiene una diputada que hace ecografías a las puertas de clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, para que las mujeres que acuden escuchen el latido del corazón de los embriones, ya propuso en la Asamblea una baja maternal escolar para fomentar que esos embarazos lleguen a término. “Se dotarán mayores recursos para atender estas situaciones de emergencia social en los casos en que no puedan ser apoyadas por las familias y puedan dar lugar a abandono escolar”, recoge el texto.

Finalmente, se reafirmaba el apoyo de las tres partes a la educación especial como una forma de confrontar con el Gobierno central, y la llamada Ley Celaá. “La Comunidad de Madrid está firmemente comprometida con el mantenimiento de la educación especial en su configuración propia, y en contra de las iniciativas del Gobierno de la Nación de desnaturalizar la educación especial o subsumirla en la educación ordinaria”, se lee en el punto nueve.

250 millones en ayudas a la hostelería

En lo económico, el Gobierno de coalición aceptaba invertir 250 millones en subvenciones directas al sector de la hostelería (incluyendo el ocio nocturno y activando así una reclamación originalmente impulsada por Aguado); se incrementaba en 46 millones de euros el presupuesto de dependencia (un 10% más que el vigente); y se aumentaba en 6,7 millones la financiación del cheque guardería, que ya atiende a todas las solicitudes presentadas, por lo que habría aumentado el dinero que reciben las familias que optan por la educación privada entre los 0 y los 3 años.

También se daba el visto bueno a impulsar una bonificación de las cotizaciones sociales de los cuidadores a domicilio para favorecer a las familias; a reforzar con cinco millones el plan de salud mental; a financiar un plan para luchar contra las adicciones a las nuevas tecnologías; a dedicar tres millones al Plan Revive, centrado en programas de ONG para atender zonas despobladas o con necesidades urgentes, como la Cañada Real; y a agilizar el pago a proveedores. Todos esos puntos son aspectos estrella del programa de Monasterio, que ha puesto su diana en los barrios obreros para despegar electoralmente en Madrid.

¿Hubiera sido eso suficiente para lograr el apoyo de Vox? La propuesta de acuerdo, señala un fuente del partido de extrema derecha, no incluía exigencias como el veto parental, la revisión del coste por cada menor acogido, o la reducción en medio punto del IRPF.

Sin embargo, Monasterio ya había explicitado en público que acordar implica ceder, y que ella estaba dispuesta a hacerlo. “Habrá Presupuestos”, dijo, sin saber que el adelanto electoral haría que todo saltara por los aires.