Ayuso no prevé rebajar el IRPF en 2021

¿Hay margen para concretar en 2021 la rebaja de medio punto al impuesto a la renta de las personas físicas, como reclama Vox en la negociación presupuestaria? “No”, contesta rotunda una fuente de la confianza de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

La líder del PP centró su campaña electoral en la promesa de una rebaja fiscal que calificó de “histórica” y que acabó cuantificando en 300 millones de euros. La reducción del tramo autonómico del IRPF también quedó comprometida negro sobre blanco en el acuerdo de investidura firmado entre el PP y Cs. Y la presidenta ha defendido su compromiso de llevar ambas operaciones a cabo en repetidas ocasiones, la última vez durante una intervención de la pasada semana.

La concreción de la exigencia de Vox, o de los anuncios de la presidenta, requeriría del registro de una ley de medidas fiscales en la Asamblea. Las circunstancias, sin embargo, exigen prudencia al Ejecutivo. La Consejería de Hacienda, que dirige Javier Fernández Lasquetty, considera inviable acometer la rebaja este año, en plena recesión económica por la crisis del coronavirus, con un récord negativo de pérdida de recaudación, y con el Ejecutivo solicitando más de 22.000 millones de euros de los fondos europeos al Estado.

Aunque el Gobierno actual presume de que los sucesivos Ejecutivos del PP han protagonizado 16 años seguidos de rebajas fiscales en la región —valoradas en más de 50.000 millones de euros—, Díaz Ayuso ha sido la presidenta que ha roto esa cadena de ejercicios consecutivos con recortes impositivos.

En 2019, la líder del PP intentó mantener la tendencia presentando una ley valorada en 16 millones de euros, y que hubiera beneficiado a unos 30.000 madrileños, según los cálculos gubernamentales.

Lasquetty aseguró los devisivos votos de Vox pactando con su líder, Rocío Monasterio, una reducción de gasto proporcional a la rebaja de la recaudación. Pero Ignacio Aguado, el vicepresidente regional y líder de Cs, desautorizó el acuerdo. Así, el Gobierno perdió la votación de la ley, que a finales de 2020 volvió a cobrar vida en la Asamblea, esta vez con el patrocinio de Vox y una enmienda a la totalidad con texto alternativo del PSOE. Desde entonces, la propuesta ha quedado en pausa.