La Comunidad rectifica y financia a Telemadrid con 10 millones mientras negocia su plan presupuestario

El consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles traspasar un anticipo de caja de 10 millones de euros a Telemadrid (RTVM) para financiar la actividad diaria del ente mientras se negocia su nuevo marco presupuestario. La decisión supone una rectificación del criterio de la consejería de Hacienda, que había defendido hasta ahora que solo podían pagarse las nóminas de los trabajadores de la compañía porque el contrato-programa que regula su día a día caducó el 31 de diciembre. Los trabajadores denuncian desde enero que ese criterio escondía un intento de presionar a la gerencia de la televisión pública.

“Las cantidades adelantadas no son finalistas, pero la Comunidad entiende que son para hacer frente a las nóminas de los trabajadores”, ha dicho un portavoz de la Consejería de Hacienda, encabezada por Javier Fernández Lasquetty, reconociendo que la dirección de RTVM podrá dedicar ese dinero a lo que considere adecuado.

La diferencia no es menor. En aplicación del criterio defendido hasta ahora por Hacienda, Telemadrid se quedó sin ofrecer la señal institucional de los premios de la Asociación de la Prensa de Madrid, a los que acudieron los Reyes y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, entre otras autoridades. Entonces, Hacienda consideró que no debía permitir la contratación temporal de una decena de operarios especializados en la cobertura de exteriores, un perfil que no existe en la plantilla del ente. Del mismo modo, tampoco autorizó el gasto para enviar unidades móviles con las que montar un set frente al Congreso de los diputados con motivo del 40 aniversario del 23-F.

Todo eso cambia ahora, sin que medie explicación por parte del Ejecutivo sobre el nuevo criterio, y coincidiendo con una carta enviada al secretario general del consejo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Fabio Pascua Mateo, por el presidente del consejo de administración de Telemadrid, Alfonso Morales, y el director general del ente, José Pablo López.

“Por medio de esta carta queremos trasladarte nuestra preocupación ante la eventual decisión adoptada por la consejería de Hacienda de abonarnos únicamente los gastos de personal, de la que hemos sido informados mediante un correo electrónico, y que, según se nos indica en el mismo, va a ser trasladada al consejo de gobierno para su aprobación ”, se lee en la misiva. “Dicha decisión conduce a RTVM a una situación de imposibilidad de prestar el servicio público esencial que le ha sido legalmente asignado, y del que no ha sido relevada, por lo que deviene un compromiso indeclinable frente a la sociedad y frente a terceros”, añade sobre la negativa a pagar a los proveedores, personal eventual o las facturas diarias.

Quizás como consecuencia de esa advertencia, el acta del acuerdo cerrado este miércoles por el Consejo de Gobierno, a la que accedió EL PAÍS, no recoge ningún tipo de restricción en el destino del adelanto que recibirá Telemadrid, y que se enviará de forma fraccionada en tres plazos: 5 millones el 26 de febrero; 2,5 millones el 29 de marzo y los 2,5 millones restantes el 29 de abril.

“Estamos muy satisfechos con esta nueva posición de la Comunidad de Madrid diferente a las posiciones expresadas en las últimas semanas”, expresó una fuente de la dirección de Telemadrid. “Es un gesto que esperamos que continúe con una negociación adecuada del contrato programa”, añadió este interlocutor.

El contrato-programa de Telemadrid regula el día a día de la cadena, y caducó el 31 de diciembre. Desde entonces, la Comunidad acusa a su director, José Pablo López, de haber sido “negligente” por no haber cerrado un acuerdo durante 2020, y este argumenta que debe apurar la negociación para defender los intereses de la cadena.

Mientras, la audiencia de la televisión pública ha despegado con el impulso de la reforma de la ley que regula el ente como servicio público, aprobada la pasada legislatura.

Los representantes de los trabajadores consideran que en la posición mantenida hasta ahora por Hacienda hay un intento de asfixiar económicamente a la cadena para imponer su postura en la negociación del contrato-programa. PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos argumentan que el PP quiere volver a controlar la cadena como lo hizo en los tiempos de las mayorías absolutas de Esperanza Aguirre (2003-2011). Esa acusación no es privativa de la oposición. Incluso Cs, el socio gubernamental del PP, ha dado un paso al frente para defender la independencia de la televisión pública: “Quieren poner y quitar tertulianos, volver a tele-Esperanza”, lanzó César Zafra, el portavoz parlamentario del partido de Ignacio Aguado.