El choque de Cs y Vox dinamita el primer gran proyecto de rebajas fiscales de Díaz Ayuso

Aguado no acepta los recortes que pactó Fernández-Lasquetty con Monasterio

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado y la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, en el pleno de la Asamblea, este jueves.
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado y la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, en el pleno de la Asamblea, este jueves.KIKE PARA

El choque entre Cs y Vox ha dinamitado esta mañana en la Asamblea el proyecto de rebajas fiscales que Isabel Díaz Ayuso intentaba sacar adelante contra viento y marea. La presidenta ha creído que tenía atados los votos decisivos de la extrema derecha después de que su consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, pactara con Rocío Monasterio un recorte del gasto público equivalente al impacto presupuestario de las bonificaciones (16,4 millones). Sin embargo, el vicepresidente Ignacio Aguado no ha aceptado esa contrapartida, abriendo una crisis interna en el Gobierno de coalición de PP y Cs.

En el pleno de la Asamblea, una rareza: Vox votando a mano alzada junto a los partidos de izquierdas (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos IU Madrid en Pie) para impedir que saliera adelante el proyecto de rebajas fiscales patrocinado por el Gobierno de PP y Cs. ¿La razón? Que Cs no ha aceptado el acuerdo alcanzado por el PP con Vox para garantizarse sus votos a cambios de un recorte de gasto público equivalente a la pérdida de ingresos que supondrían las bonificaciones previstas. Aguado, vicepresidente regional, ha planteado una operación a todo o nada. Monasterio ha preferido lo segundo. Y eso ha dejado a Díaz Ayuso prometiendo que volverá a presentar el proyecto y enfrentada a una crisis de confianza con su socio de Gobierno: el Ejecutivo regional no ha logrado aprobar ninguna ley en sus primeros seis meses.

“Esto iba a ser un balón de oxígeno para familias que tienen mayores a su cargo, para estudiantes de posgrado, y para jóvenes que buscan una hipoteca”, ha descrito Aguado sobre el proyecto de bonificaciones, que afectaba a 30.000 personas, según cálculos del Gobierno regional, y ascendía a 16,4 millones de euros. “Pido disculpas, porque por culpa de terceros partidos esta iniciativa no va a salir adelante”, ha continuado en referencia a Vox. “No tiene por qué haber recortes para que haya una rebaja fiscal, es de primero de liberalismo”.

Perder la votación ha supuesto un golpe mayúsculo para el Ejecutivo. De cara al exterior, ha consolidado la imagen de parálisis que transmite, y ha impedido el golpe de efecto que buscaba Díaz Ayuso con la aprobación del proyecto: viendo que Pedro Sánchez acusaba a la Comunidad de practicar el dumping fiscal, proponiendo una armonización impositiva para todas las regiones, la presidenta de Madrid quería responder con una nueva rebaja. De cara al interior, el tropiezo ahondó en la desconfianza que separa a PP y Cs como socios de Gobierno: tras poner a Díaz Ayuso a negociar directamente con Monasterio, la formación conservadora no ha entendido que Aguado haya impedido unilateralmente el acuerdo.

Parálisis legislativa

“Nosotros vamos a votar a favor de la enmienda de Vox que es una enmienda a la totalidad y esperemos que este Gobierno pueda ponerse de acuerdo y presentar más leyes y cerrar acuerdos en los que no discrepen las dos cabezas del Gobierno fundamentales, porque así es muy difícil que puedan garantizar algo a los madrileños”, ha resumido Monasterio, que hace meses que registró una enmienda a la totalidad del proyecto al considerar insuficiente la cuantía de la rebaja de 16,4 millones cuando el Presupuesto regional es de 22.000 millones.

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Desde entonces, la líder de Vox ha negociado con el consejero Fernández-Lasquetty, cerrando un acuerdo que no afectaba a las subvenciones, si no a partidas de baja ejecución, según fuentes gubernamentales. Las dos partes intentaron sortear así el presumible veto de Cs al acuerdo, conocedoras de que Aguado quería evitar a toda costa la imagen de que la extrema derecha imponía criterios ideológicos en el manejo de las subvenciones regionales. Ni así ha sido posible el acuerdo a tres bandas.

“Podemos caer hoy”, ha dicho Díaz Ayuso, “pero no pasa nada”. “Volveremos a traer este proyecto porque es mi responsabilidad y mi compromiso, y porque gobernamos para los madrileños mientras que la izquierda gobierna para la fiesta independentista”.

El desencuentro para la aprobación de la ley de rebajas fiscales no es excepcional y refleja las dificultades que están afrontando los tres partidos de derechas para ponerse de acuerdo.

La negociación para que PP, Cs y Vox hicieran presidenta a Díaz Ayuso fue más que tortuosa, y solo culminó cuando el partido de extrema derecha aceptó que ni siquiera hubiera un pacto por escrito. No hay mejor medida de la inestabilidad que marca este curso político, y de la distancia sideral que separa a Cs y a Vox, con el PP como inestable puente.

Ese enfrentamiento no solo está sumiendo a la Asamblea en una parálisis legislativa sin precedentes, donde el debate de una rebaja de 16,4 millones merece todos los focos cuando la que se había anunciado en campaña había sido valorada en 300. También pone en riesgo los Presupuestos de 2020: una vez prorrogados los de 2019, y vista la mala relación entre Cs y Vox, cada día está más cerca el anuncio de que se abandona el intento de lograr su aprobación, y se centran todos los esfuerzos en negociar las cuentas de 2021.

Las rebajas propuestas

- Deducción de 500 euros para el cuidado de aquellos ascendientes mayores de 65 años o con discapacidad que vivan con el contribuyente. La medida supone un beneficio fiscal estimado en 8 millones de euros adicionales que afectará a 16.000 contribuyentes.

- Deducción del 100 % de los gastos por intereses de los préstamos concedidos para cursar estudios en grado universitario, máster y doctorado. Esta medida supone un beneficio fiscal estimado en 4,8 millones de euros adicionales que afectará a 8.000 contribuyentes.

- Deducción de la cuota íntegra del impuesto del 25% de los intereses del préstamo hipotecario obtenido para adquirir un inmueble que tenga la consideración de vivienda habitual. La deducción máxima anual es de 1.000 euros y se aplica hasta el mes anterior a que el joven cumpla los 30 años. Esta medida supone un beneficio fiscal estimado en 3,6 millones de euros adicionales que afectará a 6.000 contribuyentes.

Sobre la firma

Juan José Mateo

Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.

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