Vox tensiona la negociación de los Presupuestos de Madrid al exigir el veto parental educativo

El partido de Abascal intenta activar la medida en Andalucía y la Comunidad, tras lograrlo en Murcia

Isabel Díaz Ayuso, Rocío Monasterio e Ignacio Aguado, durante una reunión celebrada en junio. En vídeo, declaraciones de Aguado el lunes.DANIEL GONZALEZ / GTRES / VÍDEO: EUROPA PRESS

Vox ha tensionado las negociaciones para aprobar los Presupuestos de 2021 al intentar imponer a PP y Cs el veto parental educativo, según una fuente gubernamental. Tras lograr que el Gobierno de Murcia aceptara la obligatoriedad de recabar el permiso paterno antes de cualquier charla escolar, la extrema derecha presiona para que la medida entre en vigor en Madrid y Andalucía, donde también tiene la llave de la gobernabilidad. Una apuesta que sorprende en el Gobierno regional, que daba por cerrado el debate desde que PP y Cs rechazaron la propuesta antes de la investidura de Isabel Díaz Ayuso.

La negociación para aprobar los primeros Presupuestos de la Comunidad desde 2019 está alargándose fundamentalmente por dos exigencias de Vox, según fuentes de la negociación. El partido de Rocío Monasterio, sin cuyos votos no puede salir adelante el proyecto de PP y Cs, reclama rebajar medio punto el IRPF y activar el veto parental educativo en la región, lo que obligaría a los centros educativos a recabar la autorización de los padres de sus alumnos sobre la temática de cualquier materia, charla, taller o actividad.

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Tanto Isabel Díaz Ayuso como Ignacio Aguado fueron taxativos en su oposición al veto parental durante las negociaciones para la investidura de la líder del PP como presidenta, celebradas durante el verano de 2019. Entonces ya explicaron su rechazo por considerar que la propuesta afecta a la autoridad de los profesores y a su libertad de cátedra. En consecuencia, ahora viven con sorpresa que Vox recupere un tema que daban por superado, y que todas las partes implicadas consideran que es absolutamente divisivo. A ninguno de los negociadores se le escapa el contexto en el que la extrema derecha airea de nuevo esa exigencia. Tras situarse por primera vez como la fuerza de referencia en la derecha en las elecciones catalanas, Vox está recuperando las banderas ideológicas con las que entró en los parlamentos regionales para afianzar el intento de sorpasso nacional a PP y Cs.

“PP y Cs sacaron a su gente a protestar contra el adoctrinamiento de la ley Celaá, por lo que no tendrán problema en defender la libertad de los padres”, aseguraron este lunes en el partido de extrema derecha, donde vinculan la decisión de recuperar un tema ya debatido entre los tres socios a la novedad que ha supuesto la entrada en vigor de la ley de educación nacional, aprobada en diciembre.

“Creo que la prioridad de los madrileños no es el ‘pin parental”, contrapuso este lunes Aguado, vicepresidente regional, portavoz gubernamental y líder de Cs. “Espero que Vox rectifique y lo elimine de sus exigencias ante la negociación de los Presupuestos”.

“Vox ya renunció al ‘pin parental’ en su documento para apoyar la formación de Gobierno”, recordó una fuente de Cs, que resumió así la sorpresa de los socios gubernamentales porque cobre vida de nuevo un tema que daban por superado tras las conversaciones para la investidura de Díaz Ayuso. “Lo propusieron, y les dijimos que no”.

Aquellas fueron unas negociaciones extremadamente tensas y largas. Igual que ocurre ahora con los Presupuestos, Díaz Ayuso y Aguado habían alcanzado un pacto que era papel mojado sin los votos de Monasterio. El veto parental solo empezó a diluirse tras una intervención de la hoy presidenta en la Asamblea.

No lo voy a permitir”, dijo en un pleno. “No contemplamos el ‘pin parental’ porque consideramos que es una intromisión en la labor del docente”. Fuentes del Gobierno subrayan que la presidenta no ha variado esta posición.

Enrique Ossorio, el consejero de Educación, fue el encargado de conciliar los intereses de las tres partes, para que todas cerraran la negociación capacitadas para anunciar que se habían salido con la suya.

“Se garantizará el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación moral y religiosa de acuerdo con sus convicciones, tal y como está contemplado en el artículo 27.3 de la Constitución”, se lee en el documento con las exigencias finales de Vox para la investidura, que Díaz Ayuso y Aguado aceptaron verbalmente en el pleno de investidura, y nunca firmaron. “Para ello, se introducirán mecanismos que garanticen la no injerencia de los poderes públicos en la educación de nuestros hijos”.

En la práctica, ese compromiso se traduce en comunicar a los padres antes del inicio de cada curso las materias, talleres y conferencias que se impartirán, para que puedan cambiarse de centro si así lo quieren.

El veto parental de Vox no es apoyado por ningún otro partido, y ha generado protestas entre los sindicatos de los docentes. Eso no ha evitado que haya entrado en vigor en Murcia, o que Vox trate de recuperarlo ahora en Madrid y Andalucía, precisamente las tres regiones gobernadas por alianzas de PP y Cs gracias al apoyo externo de la extrema derecha.

En Murcia, el Ejecutivo que preside Fernando López Miras aceptó la medida a cambio de sacar adelante el proyecto presupuestario.

En Andalucía, los tres partidos firmaron un pacto este 10 de febrero para impulsar los “cambios normativos necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo”. Desde entonces, PP, Cs y Vox discuten sobre qué quiere decir eso. Para la extrema derecha se ha pactado el veto parental. Para sus socios, no.

Madrid es el último escenario del pulso. Aquí se juega una batalla clave en la guerra por dominar la derecha. Y por ello están bloqueados los Presupuestos de 2021, que llevan más de un mes a la espera de que Vox les dé su visto bueno, y deben sustituir a los de 2019, prorrogados ya en dos ocasiones.

Sobre la firma

Juan José Mateo

Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.

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