“El veto parental es una lucha política que se ha colado en las escuelas”

“Tenemos muy claro el problema: hay muchos niños a los que se les olvida llevar la autorización a sus padres y no podemos excluirlos de las actividades”. Este es el diagnóstico de la llegada “sorpresiva” del veto parental (lo que Vox llama pin parental) a los centros murcianos de Mariola Sanz, presidenta de la asociación de directores de centro de Infantil y Primaria de esta región. En el colegio del que ella es directora —prefiere que el nombre no salga publicado— no ha habido ninguna familia que se haya negado a que su hijo participe en alguna actividad desde septiembre, cuando el Ejecutivo murciano puso en marcha el veto parental.

“Parece que nadie se ha planteado el trastorno que supone esta medida para la organización de los centros; en caso de que alguna familia no dé su consentimiento, a ese niño hay que asignarle otro profesor y espacio”, critica Sanz, que aclara que el Gobierno regional no les ha dotado de recursos adicionales para afrontar esas situaciones. En su colegio, solo se ha organizado un taller complementario, sobre reciclaje —de obligada asistencia y evaluable—, desde que arrancó el curso en septiembre.

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En la asociación de directores de centros de secundaria de Murcia, que cuentan con representación del 60% de los institutos de la región, tampoco les consta ningún caso de familia que haya denegado el permiso para participar en actividades organizadas por el centro. “Es un acontecimiento mediático que las familias viven de otra manera, no entienden por qué tienen que estar supervisando lo que el instituto ha considerado interesante para la formación de sus hijos”, explica.

La Consejería de Educación murciana justificó la puesta en marcha del veto parental en “una demanda creciente de los padres” y aclaró que cada centro, “dentro de la autonomía que ostenta”, podría determinar el modelo de consentimiento a cumplimentar. Según los testimonios de las asociaciones de profesores consultadas por este diario, la mayoría de los centros utilizan folios de papel que deben ser firmados por ambos progenitores. En algunos casos, los colegios emplean aplicaciones móviles para realizar las comunicaciones y obtener los permisos.

A Óscar Sánchez, padre de dos niños matriculados en un centro público en una pedanía a cinco kilómetros de la capital murciana, solo le ha llegado una petición de consentimiento desde septiembre para una charla sobre opciones de ocio y deportes para los niños que impartieron padres y madres de alumnos del centro. “Nos pareció absurdo tener que dar los permisos y nos quejamos al centro, pero nos comunicaron que no querían tener problemas con la Administración y que se tenían que ceñir a la instrucción”, cuenta. En su opinión, el veto es una lucha política que “se ha colado en la escuela” para complicar todavía más la burocracia del día a día.

También hay otras familias que aseguran no haber recibido ninguna petición de autorización desde el centro educativo. “Como cada año, nos han informado de todas las actividades, pero no nos han pedido firmar para que nuestros hijos participen”, señala Isabel Maldonado, que tiene a sus dos hijos en un colegio público de la capital murciana. En lo que va de curso, han participado en un taller de igualdad y en otro de emociones.