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El Gobierno exige a PP, Cs y Vox que retiren en Murcia el veto parental en la escuela

El Ministerio de Educación envía un requerimiento para que el Ejecutivo regional, de PP y Ciudadanos, dé marcha atrás en la medida, exigida por Vox

De izquierda a derecha, Isabel Celaá, Irene Montero y María Jesús Montero, este viernes, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. En vídeo, Montero anuncia que comparecerá en las comisiones de seguimiento del Pacto del Congreso para hablar sobre este asunto. Foto: J. CARLOS HIDALGO (EFE) | Vídeo: EFE

El Ministerio de Educación ha enviado este viernes un requerimiento al Gobierno de Murcia para que el Ejecutivo regional, del PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, dé marcha atrás en la aplicación del veto parental, acuñado por el partido de ultraderecha como pin parentalEste sistema permite que las familias prohíban a sus hijos asistir a actividades complementarias impartidas durante la jornada escolar y programadas por los colegios. La ministra del ramo, Isabel Celaá, ha declarado este viernes, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, que el pin o veto parental "va directamente contra los valores constitucionales", ya que “vulnera el derecho fundamental a ser educado”.

Murcia se convirtió el pasado septiembre en la primera autonomía en poner en marcha el veto parental (pin parental). La Consejería de Educación, en manos del PP, incluyó entre las instrucciones que remitió a los centros educativos la necesidad de que las familias den su consentimiento expreso para que sus hijos participen en actividades complementarias, aquellas que no tienen por qué estar ligadas a contenido curricular, pero que  son de obligada asistencia y evaluables.

La llama prendió esta semana después de que Vox condicionara su apoyo a los presupuestos de la región (PP y Ciudadanos necesitan un voto de Vox para alcanzar la mayoría absoluta) a darle mayor rango a la instrucción del pin parental. El presidente murciano, Fernando López Miras, confirmó ayer que modificarán los decretos que regulan el currículo de Primaria y Secundaria para encajar esas autorizaciones de las familias.

Las comunidades autónomas establecen en sus reglamentos que las actividades complementarias en los colegios e institutos —que, a diferencia de las extraescolares, se desarrollan en horario lectivo— son obligatorias para todos los alumnos y son evaluables, por lo que los padres no pueden negarse a que sus hijos reciban este tipo de formación. Esos talleres, que pueden ser de temática diversa, son aprobados por el claustro, presentados en el consejo escolar —con representación de las familias— y, finalmente, supervisados por la inspección educativa.

La idea de Vox sobre el pin parental surgió, según miembros de la comunidad educativa, a raíz del descontento con la participación de asociaciones LGTBI externas a los centros educativos en actividades sobre diversidad afectivo-sexual. Pero, la ley orgánica de educación (Lomce) —aprobada por el PP en 2013— en su artículo 127 establece entre las competencias del consejo escolar “proponer” iniciativas que favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato o la prevención de la violencia de género.

El pin parental, ha expuesto Celaá, “contraviene las propias competencias del centro educativo, que tiene atribuidas por ley la determinación y finalización de lo que significa el currículum escolar”. “Podríamos llegar a absurdos como que surgiera un grupo antivacunas que no quisiera que los niños fueran educados en la importancia terapéutica que pueda tener una vacuna, o grupos que pensaran que las mujeres o niñas, por serlo, no tienen el mismo derecho a la educación que los niños”, ha añadido la ministra, que ha aclarado que el requerimiento enviado por el ministerio al Ejecutivo murciano “para que se restablezca la legalidad”, es el inicio de la vía administrativa y el primer paso para poder recurrir a los tribunales en caso de que el Ejecutivo regional no rectifique su decisión.

“No podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres”, ha continuado Celaá, que ha defendido que ese veto colisiona con el derecho constitucional fundamental a la educación, además de contravenir el Pacto de Estado contra la Violencia de Género (que establece la obligación de los centros de impartir contenidos afectivo-sexuales y emocionales) y diversos tratados internacionales ratificados por España como la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Para el juez emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, la Constitución contempla “el libre desarrollo de la personalidad de los hijos, que no son propiedad de los padres”. A su juicio, un Estado tiene que velar por que se protejan los derechos de los menores por encima de las pretensiones de sus progenitores. En este sentido, recuerda que en una sentencia de 2010 el Tribunal Constitucional no autorizó a una familia a educar a su hijo en casa. “Del mismo modo, tampoco puede avalar que los padres hagan una selección de los contenidos que deben aprender sus hijos y tampoco que contravengan la libertad de cátedra”.

Irene Montero, que ha acompañado a Celaá tras el Consejo de Ministros, ha solicitado comparecer a petición propia en la comisión de seguimiento del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, al entender que el veto parental “es una ruptura” de ese acuerdo, “que defiende que se refuerce la educación afectivo-sexual”. “Entendemos que el pin parental es un elemento claro de ruptura educativa y de sexismo”, ha añadido. “Los hijos e hijas de padres homófobos tienen el mismo derecho de ser educados en los derechos humanos y en el derecho de amar a quien quieran y como quieran. Los hijos e hijas de padres machistas tienen el mismo derecho a ser educados en el feminismo, la igualdad y los valores”, ha continuado. “Esperemos que las fuerzas de la derecha no se dejen arrastrar por Vox”.

María Jesús Montero, que ejerce la portavocía del Ejecutivo, ha manifestado la “preocupación” del Gobierno y ha reiterado que recurrirán por vía administrativa o judicial “cualquier intento” de Vox, PP o Ciudadanos que vaya contra de los derechos de los menores “a recibir una educación integral en el respeto de las libertades fundamentales”.

Casado, a Sánchez: "Saquen sus manos de nuestras familias"

NATALIA JUNQUERA, Madrid

La dirección nacional del PP defiende lo que Vox ha bautizado como "pin parental". "Mis hijos son míos y no del Estado, y lucharé para que este Gobierno radical y sectario no imponga a los padres cómo tenemos que educar a nuestros niños. Saquen sus manos de nuestras familias", ha declarado el presidente popular, Pablo Casado, tras el requerimiento del Ejecutivo al Gobierno murciano para que retire su aplicación. El líder del PP viajará a Murcia este domingo para reunirse con alcaldes del partido de distintos territorios españoles bajo el lema 'Gobiernos por la libertad'. 

El partido acusa al Gobierno de pretender "imponer su ideología"con los talleres en los que se imparte en los centros educación afectivo sexual. Preguntado por si cree que dar charlas sobre igualdad para evitar casos de violencia en parejas adolescentes o de acoso escolar por motivos de orientación sexual es algo "ideológico", el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, ha respondido: "No entro en si el contenido es bueno o no. Al PP siempre le encontrarán en el respeto y los valores constitucionales pero creemos que son los padres y no Sánchez quienes deben decidir a qué actividades van los hijos de cada uno. El PP defiende que los padres tengan libertad para que sus hijos reciban las charlas que ellos consideren y por profesores que hayan accedido por el conducto reglamentario a la función pública".

Egea también ha criticado este viernes que el Gobierno envíe un requerimiento al Ejecutivo de Murcia, pero no a la Generalitat catalana. "Pedro Sánchez solo se lleva bien en estos momentos con quienes incumplen la legalidad", ha afirmado, a preguntas de los periodistas.

"No se lleva bien con los presidentes que defienden la legalidad y la Constitución. El esfuerzo que está haciendo Sánchez por atacar la libertad de los padres bien podría ponerlo en defender la libertad en Cataluña. No sabemos, y nos gustaría que alguien le preguntara a la ministra portavoz, si el mismo requerimiento que han enviado a Murcia para acabar con la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos se la va a mandar al señor Torra para acabar con los espías que pone la Generalitat en los colegios o con las embajadas".

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