LOMCE: La cronología de una ley educativa contestada en las calles, las aulas y los parlamentos
La última reforma de la enseñanza fue aprobada en 2013 solo con los votos del Partido Popular
La LOMCE (la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) fue aprobada en noviembre de 2013 —cuando el Partido Popular contaba con mayoría absoluta— sin el apoyo de ninguna formación política en todo el arco parlamentario. Solo Unión por el Pueblo Navarro (UPN) se abstuvo en una votación que sería muy controvertida y contestada por varios sectores sociales y políticos, en especial, desde el ámbito de la educación.
La ley acabó fagocitando al impulsor de la misma, el ministro José Ignacio Wert que acabó anunciando su cese el 24 de junio de 2015, al que le sucedería el actual ministro de Educación Íñigo Méndez Vigo. EL PAÍS muestra, a continuación, una cronología con los hitos más destacados de la LOMCE:
Wert defiende el recorte de 3.700 millones en educación
El 17 de mayo de 2012, el entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert, defendió la necesidad de alcanzar el objetivo de déficit fijado por la Unión Europea desde el ministerio que dirigía. Esto se tradujo en un recorte de 3.700 millones de euros que el ministro defendió como "una respuesta excepcional del Gobierno a unas circunstancias excepcionales, desafortunadas". En octubre de 2012, la tasa de paro en España superó por primera vez en la historia el 25%, alcanzando los 5.778.100 personas.
La educación sale a la calle unida por primera vez en democracia
Los cinco sindicatos de la enseñanza (CCOO, ANPE, CSIF, STES y UGT) convocaron una huelga general en el sector de la educación como respuesta a los recortes aprobados por el Gobierno de Rajoy y en defensa de la enseñanza pública. Los convocantes aludían a que el paro era necesario por "el recorte presupuestario del Ejecutivo y las comunidades de entre un 25% y un 30%", entre otras reivindicaciones. La huelga se llevó a cabo el 22 de mayo, tan solo cinco días después de que se aprobaran las medidas de recorte en el Congreso, y unió por primera vez a todas las etapas educativas del país.
Los rectores le dan la espalda a Wert
Los responsables de las distintas universidades dejaron plantado al ministro Wert tan solo un día después de celebrarse la huelga general al no asistir a la reunión del Consejo de Universidades. La Conferencia de Rectores (CRUE), que reunía a 75 de las 79 universidades públicas y privadas de España en mayo de 2012, justificó su plantón "al no incluirse en el orden del día el debate sobre el decreto ley de recortes en educación", aprobado por el Gobierno de Rajoy. Educación planteó a las comunidades una modificación al alza de las tasas universitarias, lo que suponía hasta 540 euros más al año en el coste de la matrícula por estudiante.
Reválidas en primaria, ESO y bachillerato
El Gobierno expuso en julio de 2012 su deseo de instaurar una reválida al final de todas las etapas educativas mediante exámenes nacionales externos que debían aprobar los estudiantes para continuar con sus estudios. El Ministerio de Educación defendió que estas reformas se debían discutir con la mayor cantidad de agentes sociales, incluyendo a sindicatos y partidos. Estas pruebas externas suponían, al final del bachillerato, el fin de las pruebas de acceso a la Universidad (conocida como Selectividad).
2013: Oposición y debate ante la inminente aprobación de la 'Ley Wert'
En febrero de 2013, la reforma legal de la educación promovida por el Gobierno de Rajoy pasó el trámite de consultas de las autonomías (con dudas y quejas por parte de las mismas durante el proceso). Mientras tanto, la contestación ciudadana se repetía por distintos puntos del país en forma de manifestaciones y movilizaciones en los distintos sectores de la educación. Tan solo tres meses después, miles de personas recorrieron el centro de la capital mediante las denominadas mareas verdes.
La oposición hacia Wert se fue ampliando en asuntos tan destacados como el de las becas otorgadas para estudiar en la Universidad. El ministro llegó a plantear elevar a un 6,5 la nota para recibir becas universitarias. En septiembre de ese mismo año, Wert llegó a equiparar las protestas en la calle con "una fiesta de cumpleaños", en una entrevista concedida a TVE.
El PP se queda solo en el nacimiento de la LOMCE
Toda la cámara del Congreso se unió para tumbar una ley escolar, la séptima en democracia, que fue aprobada con los únicos apoyos del Partido Popular y la abstención de UPN, en noviembre de 2013. Pese al rechazo —la mayor parte de los partidos afirmó que la derogarían en cuanto pudieran— el PP defendió una ley necesaria para mejorar unos resultados mediocres y una tasa de abandono escolar, que por aquel entonces, doblaba a la media europea (24,9%).
Gran catarata de recursos contra la nueva ley
Cinco comunidades —Cataluña, País Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias— con los apoyos del PSOE presentaron en el Tribunal Constitucional en marzo de 2014 sendos recursos de inconstitucionalidad para frenar la reforma educativa encabezada por el ministro Wert. Nuevos paros generalizados se repetían a lo largo del país en rechazo a la reciente norma. En junio de ese mismo año, comunidades como Andalucía, País Vasco y Cataluña alegaron que no podían cumplir los plazos de implantación de la LOMCE; y el recorte presupuestario se traducía en cifras concretas: el dinero de becas y ayudas al estudió cayó un 15% entre 2011-2012 y 2012-2013 hasta los 275 millones.
2015: El ministro Wert deja el cargo
Con buena parte de las comunidades a favor de aplazar la reforma en secundaria y bachillerato y una continúa contestación en la calle a la norma aprobada en 2013, Wert dejó el Ministerio de Educación en junio de 2015. Su marcha también coincidió con una pérdida de apoyos al PP en distintos gobiernos regionales tras los comicios de mayo y el rechazo de una oposición cada vez más beligerante. Le sucedió en el cargo Iñigo Méndez de Vigo.
El PP se ve obligado a suspender las reválidas
La pérdida de hegemonía política de la formación liderada por Mariano Rajoy, obligó al nuevo ministro de Educación en agosto de 2015 a reconsiderar uno de los puntos más polémicos y rechazados de la reforma educativa: las reválidas. La pretensión de Méndez de Vigo era abrir un "proceso de diálogo" con los nuevos Ejecutivos autónomos. “Creo que las evaluaciones están bien planteadas pero quiero escuchar a los demás y a la comunidad docente”, llegó a afirmar. En apenas un año, Educación modificó los requisitos del nuevo examen de Selectividad y también de la prueba a la que se enfrentarán los estudiantes de secundaria en 2017.
La presión de las autonomías y la presión social hace que Rajoy sacrifique las reválidas
El inicio del curso 2016-2017 marcó un punto de inflexión dentro de la reforma que impulsó el exministro Wert en 2013. A la petición de todas las comunidades para que el Gobierno aparcara la reválida de bachillerato al menos un año más se unió la contestación social con huelgas multitudinarias en más de 40 ciudades en octubre de 2016.
Ante este nuevo escenario, Rajoy anunció que dejaba sin efecto académico las reválidas de ESO y Bachillerato. Por tanto, la prueba de secundaría quedó así como una evaluación y la realizada para acceder a la Universidad como una Selectividad algo más compleja que la anterior. Fue el primer revés de una ley que nació en solitario y con una gran contestación social. A partir del 1 de diciembre del año pasado, todos los partidos deberán buscar —en un plazo de seis meses— una nueva norma que la sustituya.
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