Madrid destina solo un 0,5% del fondo covid-19 a residencias y pobreza

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha dado a los colectivos vulnerables “la pedrea” de la mayor bolsa de ayudas jamás enviada a las comunidades

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i), y el vicepresidente, Ignacio Aguado, comparecen en una rueda de prensa en la sede del gobierno regional este martes para presentar el balance 2020 de la comunidad.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i), y el vicepresidente, Ignacio Aguado, comparecen en una rueda de prensa en la sede del gobierno regional este martes para presentar el balance 2020 de la comunidad.Ballesteros (EFE)

Madrid ha vuelto a relegar a los mayores y a los pobres en el reparto del dinero público a pesar de las miles de muertes en los geriátricos o las imágenes de cientos de madrileños en las colas del hambre. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha recibido más de 3.300 millones de euros del fondo covid-19 del Gobierno central, la mayor transferencia extraordinaria jamás hecha a las comunidades. Pero según ha sabido este periódico, Madrid solo ha destinado 17 millones de euros, el 0,5%, a la Consejería de Políticas Sociales, la que gestiona las residencias de mayores o las ayudas para las personas en riesgo de exclusión.

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La Consejería de Hacienda, que ha hecho el reparto, se excusa alegando que esos colectivos han sido beneficiarios este año de otras ayudas extraordinarias, pero fuentes del sector de los servicios sociales consideran que Madrid ha dejado pasar una oportunidad para mejorar la vida de los más débiles.

“A las personas más vulnerables, las que más han sufrido por la crisis, solo les dan la pedrea”, reprocha José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la asociación de directoras y gerentes de servicios sociales.

“Desde hace décadas los servicios sociales no han sido importantes para la Comunidad de Madrid y esta es otra decisión que lo demuestra”. Madrid es la autonomía con peores indicadores de servicios sociales, según el análisis de los indicadores oficiales que hace anualmente esta asociación.

Madrid ha destinado el dinero del fondo covid-19 a multitud de inversiones, desde la obra del hospital Isabel Zendal (53,4 millones hasta noviembre), hasta subvenciones para federaciones e instalaciones deportivas, que se llevan 10,2 millones de euros.

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Los 17 millones asignados a Políticas Sociales han ido principalmente a los ayuntamientos madrileños, como refuerzo de sus servicios de ayuda a los vulnerables, según una portavoz de esa consejería dirigida por Javier Luengo (Ciudadanos). Esta consejería también ha comprado equipos de protección y ha abierto centros de acogida especiales para enfermos de covid-19 de grupos necesitados, entre ellos mayores, menores tutelados y personas sin hogar.

El reparto entre consejerías lo ha decidido el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, (Partido Popular) y ha sido conocido por este periódico gracias a una solicitud de acceso a la información pública. El fondo covid-19 tiene 16.000 millones y fue creado en junio por Real Decreto para socorrer a las finanzas de las autonomías, en particular a la sanidad pública. El Gobierno central ha entregado el dinero en cuatro tramos, entre julio y noviembre.

Madrid, la más beneficiada

Ayuso se ha quejado al presidente Pedro Sánchez de discriminación en el reparto de otras ayudas pero la suya es la comunidad más beneficiada por este fondo, el mayor salvavidas enviado a las regiones en todo 2020. Recibe 3.347 millones; por encima de Cataluña, 3.165 millones; Andalucía, 2.200 millones y Valencia, 1.486 millones.

El presidente Sánchez pretendía inicialmente que esta ayuda especial sirviera para reforzar la sanidad. Pero la norma dio libertad a las autonomías para decidir la distribución, así que en Madrid áreas como Educación y Juventud o Transportes han recibido una lluvia de cientos de millones cada una. La consejería de Lasquetty asegura que ha repartido el dinero en función de las necesidades manifestadas por cada consejero.

La respuesta de la Comunidad de Madrid a este periódico incluye una tabla con el reparto por consejerías: Sanidad recibe 1.352 millones; seguida de Transportes, 312 millones; Educación y Juventud, 239 millones, Cultura y Turismo, 54 millones; Políticas de Empleo, 53 millones; y Ciencia y Universidades, 40 millones. Lasquetty ha decidido guardar 678 millones recibidos para así cuadrar las cuentas madrileñas debido a la caída prevista de la recaudación.

Según un portavoz de la Consejería de Hacienda, un motivo por el que Políticas Sociales ha sido relegada es que ese área fue la exclusiva beneficiaria en abril de otra ayuda extraordinaria del Gobierno central. Se refiere a 38,5 millones de un Fondo de Emergencia Social para la pandemia (300 millones para toda España) que el vicepresidente Pablo Iglesias anunció en una rueda de prensa al principio de la pandemia como un refuerzo a las residencias.

El PP negó en junio haber recibido esta ayuda. Entonces los focos se posaban sobre Ayuso por su gestión de la crisis en los geriátricos y era una forma de desviar culpas por la tragedia. Pero según la secretaría de Estado de Derechos Sociales, en junio Madrid no solo había recibido ese dinero, sino que ya había ejecutado un 60%.

El portavoz de Hacienda agrega que la tabla con las cuantías que su Gobierno ha entregado a este periódico no contiene todo el dinero destinado a Políticas Sociales: a los 17 millones del apartado de esa consejería hay que sumar 12 millones del apartado de recursos humanos, que tiene un total de 518 millones (ver cuadro).

Mayores en lista de espera

El reparto del fondo covid-19 deja casi en la cola a Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, con solo 10 millones de euros, pero sus responsables están muy satisfechos con esa cuantía. “Es bastante dinero teniendo en cuenta que esta no es una consejería de gasto directo al ciudadano. De hecho no nos esperábamos recibir tanto”, dice una portavoz. Esta es una de las consejerías que menos recibe en los presupuestos anuales (216 millones).

En contraste, Políticas Sociales es un área que gestiona servicios directos y su presupuesto anual es de 1.822 millones, un dinero que beneficia principalmente a las personas con dependencia y a familias que reciben la renta mínima de inserción (RMI), la ayuda regional a las personas con menos ingresos. Como el Gobierno central introdujo en verano el Ingreso Mínimo Vital, se ha producido un trasvase de miles de beneficiarios de la RMI a la ayuda estatal, de modo que la Comunidad está gastando menos por este concepto que antes de la pandemia.

Con 5 millones, Vivienda y Administración Local, es la consejería que menos recibe del fondo covid-19, solo exceptuando Presidencia. Es un departamento que también atiende a madrileños vulnerables a través de su programa de ayudas al alquiler. Un portavoz indica que esa cuantía ha servido para elevar hasta los 38 millones su plan de alquileres sociales.

Ramírez, el presidente de la asociación de servicios sociales, lamenta que ni siquiera en medio de una pandemia Madrid haya priorizado a las personas más necesitadas. También critica que el vicepresidente Pablo Iglesias no haya exigido a las comunidades que invirtieran el dinero del fondo covid19 en esos colectivos.

Según Ramírez, una de las medidas urgentes que debe tomar el Gobierno de Ayuso es el refuerzo de la plantilla que evalúa a los mayores de la lista de espera para la dependencia. “Madrid tiene ocupadas 4.000 camas menos en sus residencias de mayores que al principio de año, pero tiene una lista de espera de más de 10.000 personas”, dice Ramírez. “Es la comunidad autónoma que más ha retrocedido en 2020 en el sistema de atención a la dependencia”.

“Con la que está cayendo, con el impacto social, nos gustaría que las comunidades autónomas dediquen de los fondos del estado habilitado el mayor porcentaje posible a servicios sociales”, valora Patricia Bezunartea, directora de Diversidad Familiar en la secretaría de Estado de Derechos Sociales. “Es una necesidad obvia”.

Corrección: Una primera versión de la tabla incluida en este artículo atribuía una cantidad de 54.945.000 euros a Justicia, Interior y Víctimas. La cifra real es 13.919.855. El error fue cometido al transcribir los datos oficiales a la tabla de El País.

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