Madrid ahorra cuatro millones de euros a costa del ingreso mínimo vital

El número de beneficiarios de la prestación autonómica se sitúa en niveles de hace una década. En dos meses más de 4.000 familias han dejado de cobrar la renta mínima de inserción (RMI) y perciben el ingreso mínimo vital (IMV). Como resultado de ese trasvase, la Comunidad ha ahorrado 4,3 millones de euros en dos meses, según los datos regionales.

Los 18.500 madrileños que aún reciben la renta mínima de inserción seguirán cobrándola solo si incumplen las condiciones que estipula el ingreso del Gobierno central. O en el caso de que este último se concediera de manera parcial, por contar el usuario con alguna retribución durante el año pasado. En Euskadi y Navarra, sin embargo, la ayuda autonómica y la nacional se complementarán. El Partido Socialista ha registrado en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley que insta a imitar esa política, a fin de “poner en marcha una estrategia de reconstrucción social dirigida a combatir la pobreza provocada por la crisis del coronavirus”, como indica la diputada Purificación Causapié.

“El ingreso que ha promovido el Gobierno de España está concebido como un suelo que puede elevarse mediante otras subvenciones. La Comunidad está aprovechando para reducir los recursos contra la exclusión”, añade la socialista. Los madrileños han sido informados del trasvase a lo largo del verano. Javier González, de 47 años, pensó que aquella carta solo podía presagiar malos augurios. Tras abrir el buzón, coger el sobre y leer el membrete de la Consejería de Políticas Sociales, comprobó que la circular le apremiaba para pedir el ingreso mínimo vital en la Seguridad Social antes de 10 días. De lo contrario, perdería la prestación:"Uno de los requisitos que deben cumplir los titulares de esta renta es haber solicitado previamente las pensiones o prestaciones a las que se tenga derecho", puede leerse en el texto.

“En el caso de no aportar la solicitud requerida en el plazo indicado, la Dirección General de Servicios Sociales procederá a la suspensión o, en su caso, extinción de la prestación”, dice la misiva. Las cuantías de la ayuda, eso sí, aumentarán. Una familia monoparental con tres menores recibirá 978 euros al mes, cuando la renta mínima llega hasta los 662 euros. González, que vive solo, también puede notar la mejoría: pasaría de cobrar 400 euros a percibir 460. “Parece poco dinero, pero me puede ayudar a costear un abono transporte. El problema es que nos han dado un plazo inasumible para tramitar el IMV. Las oficinas de atención estaban saturadas y daban cita previa para dentro de semanas. He podido presentar la solicitud por los pelos”, se queja este canario.

González aterrizó hace una década en la capital, donde encontró un trabajo fijo como encuestador telefónico. Pero en 2014 la compañía aprobó un despido colectivo que le afectó. Apuró la indemnización y agotó la prestación por desempleo, por lo que se vio abocado a pedir la renta mínima. En este tiempo ha vivido una suspensión cautelar de la ayuda similar a la que se advierte en la carta de la Comunidad. Notificó unos ingresos puntuales, obtenidos repartiendo propaganda, y la prestación se interrumpió de golpe, y durante dos meses, hasta que recurrió la medida disciplinaria. Ahora se encuentra inmerso en un litigio para intentar que la reanudación tenga carácter retroactivo. “Me pregunto si cortarán la RMI a quien no pueda solicitar en plazo el ingreso mínimo vital. Por menos yo dejé de cobrarla”, explica.

Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales aseguran que, de momento, no constan suspensiones debido a este motivo: “El plazo de 10 días está contemplado en la ley de procedimiento administrativo, pero estamos trabajando para evitar cancelaciones de la renta, tratando de efectuar una transición ordenada que no deje a ninguna familia atrás”. El consejero, Alberto Reyero, de Ciudadanos, aseguró antes de dimitir el pasado 2 de octubre que los “Servicios Sociales corren el riesgo de enfrentarse a un nuevo colapso, añadido a una situación históricamente complicada, de cargas de trabajo excesivas”. Y culpa al Gobierno de España de un “apresuramiento que no tiene en cuenta las condiciones de los aspirantes al IMV”.

Sumar ayudas

Luis Sáenz, de 71 años y portavoz de la plataforma RMI Tu derecho, conoce de primera mano esas condiciones. Solo en su oficina del barrio de Tetuán la asociación ha tramitado tres centenares de solicitudes del ingreso mínimo vital: “Mucha gente carece de un ordenador propio desde el que pedir las ayudas, tampoco entienden cómo escanear un documento a baja resolución y que el portal electrónico de la Seguridad Social lo admita. Las cartas que envió la Consejería tienen un lenguaje complicado, por eso cundió el pánico. Existe un problema con las formas: el paso de una ayuda a otra se ha hecho en pleno verano, sin avisar y con un tono amenazante”, declara.

“Así consiguen que nos sintamos desamparados por las instituciones. La Comunidad solo quiere ahorrarse cuántas más rentas mínimas mejor”, prosigue. La plataforma de Sáenz defiende la combinación de ambas ayudas —autonómica y nacional— para cumplir con el objetivo europeo de que ninguna familia ingrese por debajo del umbral de la pobreza. La suma de prestaciones no implicaría, explica el jubilado, un cambio normativo. Bastaría con que Madrid apruebe un incremento de la cuantía inicial de la renta mínima, la tercera más baja del país, de la que luego se restaría el ingreso mínimo vital, compatibilizando una y otra de acuerdo a la legislación. Entre tanto, González esperará una carta que traiga por fin buenas noticias.