Ingreso mínimo vital: el drama social del laberinto burocrático

La crisis social y económica de 2008 y, por supuesto, la provocada por la actual crisis sanitaria han dibujado un panorama de pobreza y exclusión en España que han convertido en más irrenunciable que nunca la obligación de todo Gobierno de preservar la cohesión social mejorando sus políticas de justicia social. Pero en el caso de España esta cuestión es todavía más perentoria teniendo en cuenta dos factores ineludibles en cualquier análisis: la enorme dispersión de prestaciones económicas supuestamente orientadas a aquel objetivo de nuestro sistema de protección y su clamorosa ineficacia para conseguirlo.

El ingreso mínimo vital ha sido una magnífica noticia que todos los que trabajamos por la justicia social hemos saludado con esperanza.

Pero lamentablemente, una vez más, las expectativas de la gente que peor lo pasa se están viendo frustradas. Los primeros pasos del ingreso mínimo vital, lejos de cumplir con los objetivos con los que se anunció, están generando angustia y frustración en las más de 600.000 familias que han solicitado este nuevo derecho de ciudadanía y se encuentran atrapadas en el laberinto burocrático de una norma con diseño farragoso en los trámites, inadecuado por sus condicionalidades e inmisericorde en los procedimientos con las personas más vulnerables.

A finales de junio el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones comunicaba que 74.119 hogares de toda España cobraban el ingreso mínimo vital, se trataba de los hogares reconocidos de oficio, que venían recibiendo la prestación por hijo a cargo.

Pasado el mes de julio, el ministerio no ha publicado los datos y el propio ministro, José Luis Escrivá, ha reconocido que la mitad de las solicitudes no reúnen los requisitos. Por la información publicada en medios de comunicación, las concesiones no llegan ni a 4.000 hasta principios de agosto, añadiendo las dificultades de coordinación con las rentas mínimas de las comunidades autónomas, que generan incertidumbre y desasosiego en miles de familias y que provocarán cobros indebidos o extinciones en muchas familias perceptoras.

La brecha digital y las dificultades en el cumplimiento de unos rigurosos requisitos impiden el acceso de las personas que se encuentran en los niveles más altos de exclusión (haciendo real y tangible el denominado “non take off”).

Mientras tanto, la imposibilidad material de acceder a las sedes de la Seguridad Social, la falta de acuerdo para que el ministerio financie los apoyos necesarios para el compromiso efectivo de los Ayuntamientos en el procedimiento, y la tozudez de la Administración General del Estado por no arbitrar una pasarela directa para asumir de manera inmediata la gestión de las casi 300.000 familias beneficiarias de las rentas mínimas de las comunidades autónomas están provocando la desesperación de personas ilusionadas con un discurso gubernamental que, de nuevo, no se compadece con la cruda realidad.

Las zonas de sombra e incertidumbre del ingreso mínimo vital cubren una gestión imposible, que todo lo pospone a futuros desarrollos reglamentarios y al atrevimiento de entidades sociales que de manera voluntariosa se prestan a ayudar a los tortuosos procedimientos que se han establecido en una norma compleja. ¿Se imaginan que, en otros pilares del Estado del Bienestar como la salud o la educación, a las puertas de los hospitales o de las escuelas e institutos estuvieran algunas entidades sociales rellenando los papeles porque no hay personal funcionario que se encargue de la tramitación?

Y mientras tanto las comunidades autónomas (salvo honrosas excepciones) aguardan regular una normativa que garantice que los 1.500 millones de euros que hasta ahora invertían en las rentas mínimas se orienten a la garantía del derecho a la inserción social reforzando los servicios sociales, para la lucha de la exclusión social que produce la pobreza continuada, transmitida generacionalmente y sin posible salida en un contexto de escasez y precariedad de oportunidades en el mercado laboral.

A los servicios sociales lo que le sobran son procedimientos administrativos y lo que les sigue faltando son vías de financiación claras y estables para reforzar sus plantillas y permitir que sus profesionales se dediquen, lejos de papeleos impropios, a las tareas de acompañamiento para la inclusión que son las que verdaderamente les corresponde.

Y al ministerio le solicitamos que den los datos mensuales del ingreso mínimo vital, que financie el personal público necesario para garantizar el acceso a la prestación, que, de una vez por todas, pongan en marcha la pasarela con los solicitantes de las rentas mínimas de las comunidades y que, para no aumentar el agravio, no hablen del ingreso mínimo vital hasta que no saquen al medio millón de familias del laberinto burocrático que han generado.

José Manuel Ramírez Navarro es el presidente Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.