El Gobierno pide a ERC y Junts rebajar la exigencia de referéndum y amnistía para negociar la investidura

La máxima está clara en los partidos de la izquierda: la investidura ha de salir. Sin opción posible para una mayoría de PP y Vox, la repetición electoral es un ejercicio suicida con el riesgo de castigo en las urnas. A medio gas, mientras la vida busca ralentizarse en España, los partidos lanzan estos días los primeros mensajes públicos para tratar de desbloquear la situación, de encaje endiablado. El apoyo de los 14 diputados independentistas de ERC y Junts es clave para alcanzar la mayoría que permita la investidura de Pedro Sánchez y con una batalla en el horizonte por la Generalitat, ni una ni otra formación quieren perder protagonismo en su territorio. De entrada, han puesto el precio más alto a sus votos con la exigencia del referéndum y la amnistía para los encausados en el procés. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia en funciones, fue el encargado este jueves de poner freno a esas pretensiones. “No se entendería que esas fuerzas se quedaran en posiciones de máximos sin hacer ningún tipo de movimiento”, advirtió el dirigente del PSOE, consciente de que una nueva convocatoria electoral no favorecería a ninguna de las tres fuerzas políticas. Aunque Bolaños reiteró en público que el Gobierno “no tiene ninguna prisa” para conducir esas negociaciones, el calendario electoral aprieta. La constitución de las Cortes, el próximo día 17, será la primera prueba de fuego para el Ejecutivo, que deberá fraguar incipientes alianzas en aras de retener la Presidencia de la Cámara y la Mesa.

Preguntado el jueves por los contactos del Gobierno con las formaciones de Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, el mensaje del PSOE fue claro. “Cualquier acuerdo al que lleguemos tiene que ser un punto de equilibrio donde todas las partes se sientan cómodas dentro de la ley y de la Constitución”, hizo hincapié Bolaños en línea con lo defendido por el Ejecutivo desde la semana pasada sobre unas demandas que no tienen encaje en el ordenamiento jurídico y que formulan, con matices de intensidad, ambos partidos. “Lo esencial es que podamos seguir hablando con tranquilidad”, emplazó el ministro.

“Comprendo que pueda haber fuerzas políticas que inicien las negociaciones con posiciones muy maximalistas”, había concedido en declaraciones a los medios durante una visita institucional, pero matizó a continuación que “tampoco se entendería” que no realizaran ningún tipo de movimiento.

El independentismo sigue insistiendo en cerrar filas ante el postulado que ha marcado todo desde el día después del 23-J: quien quiere ser investido es el que tiene que mover la primera ficha y la posible unidad de sus 14 votos se tejerá en torno a la contrapropuesta. De ahí que ni en Esquerra ni en Junts per Catalunya se sientan especialmente interpelados por el llamamiento de Bolaños. En ambas formaciones, las vacaciones decretadas por sus respectivas cúpulas tras enlazar las dos campañas electorales se alternan con conversaciones preliminares a diferentes bandas y, enfatizan, sin ningún intercambio efectivo de condiciones.

Las distintas propuestas no oficiales —por ejemplo, que el Ministerio de Hacienda ahora rescate la remodelación del modelo de financiación, caduco hace casi una década— o los signos de buena voluntad —reabrir el debate sobre el uso de las lenguas cooficiales en las Cortes— han sido recibidas con mayor o menor entusiasmo o reacción pública, pero siempre bajo la premisa de que no son definitivas.

En ERC se remiten a las palabras del president Pere Aragonès, que el pasado martes instó a Sánchez a mover ficha antes de irse él mismo de vacaciones. “No pondré a hablar sobre aspectos concretos que están más dentro de la especulación que de la realidad”, dijo el también coordinador nacional de los republicanos, recordando que es a Sánchez a quien se le tiene que preguntar por el riesgo de otros comicios. Ese día pedía una propuesta “valiente” y reiteraba que el “objetivo” era acabar con la represión” y que a través de un referéndum la ciudadanía “se pronunciase sobre la independencia de Cataluña”.

En Junts califican de “palomas mensajeras” tanto los métodos de contacto como las propuestas lanzadas e insisten en que el PSOE haga movimientos reales. El propio Puigdemont, huido en Bélgica, se ha empleado a fondo en, por ejemplo, desarmar la supuesta voluntad del uso de las lenguas cooficiales. El sábado pasado, pedía poner el foco de la negociación “en el país [Cataluña] y no en las personas”. “Tener la clave es circunstancial. Un día la tienes y al otro no (...) Eso puede hacernos caer en prisas ante el miedo a perderla”, advertía.

Tanto Bolaños como la ministra portavoz en funciones, Isabel Rodríguez, llamaron este jueves de nuevo a la discreción. “El diálogo, para que sea útil y fructífero, ha de ser discreto y respetuoso. Tenemos que ser responsables porque nos jugamos como país mucho. El mandato de los ciudadanos de que sigamos avanzando ha sido muy claro”, subrayó el titular de la Presidencia, avisando también del riesgo de fracasar en ese pacto.

Las llamadas a la discreción han sido una constante estos días desde todos los partidos, sabedores de que cualquier posibilidad de acuerdo pasa por que este se pueda forjar lejos del ruido y los focos. Rodríguez, preguntada sobre la cuestión mientras presentaba sus credenciales en el Congreso, insistió en que la mayoría expresada el 23-J “no quiere retrocesos”. La ministra expresó su “confianza plena” en el trabajo de los partidos y la “responsabilidad” de cada diputado. “Han de entender ese mensaje que nos trasladó la ciudadanía en las urnas de avanzar, de no retroceder, de que nos entendamos, de que hablemos, de que dialoguemos. De que España es más rica porque es más diversa, más plural, y eso está representado en el Congreso”, afirmó en un claro reconocimiento a las diferentes sensibilidades de la Cámara.

Con todo, las líneas rojas están claras y ante los micrófonos los movimientos son sutiles. Mientras el PSOE aplaza la urgencia, los nacionalistas apremian a abrir las conversaciones y Sumar, la coalición liderada por Yolanda Díaz y más que probable socio de Sánchez, se declara “volcado” en los contactos con el resto de grupos, haciendo también valer su papel en esas conversaciones. Por delante, 13 días de batalla hasta la primera votación en el Congreso.

Uso de las lenguas cooficiales en el Congreso

Rodríguez ha defendido este jueves que la propuesta planteada por Díaz un día antes para permitir el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara baja es compleja. Sin querer posicionarse abiertamente sobre la iniciativa concreta —como sí han hecho PP y Vox para rechazarla—, la portavoz en funciones del Gobierno ha puesto el acento en las dificultades que entrañaría su aplicación práctica. “Defiendo un uso normalizado de las lenguas, que es lo que ha hecho el Gobierno estos años en distintas instituciones, sabiendo que después la práctica es algo más complejo por intendencia”, ha apuntado Rodríguez. “En cualquier caso, siempre hay que protegerlas, cuidarlas, mimarlas, son patrimonio cultural de España reconocidas en la Constitución y en los Estatutos de autonomía y hay partidos políticos que dicen ser muy constitucionalistas, pero hoy en sus gobiernos y en sus parlamentos en las comunidades autónomas, en las alianzas con la ultraderecha, están negando ese valor patrimonial y cultural que es la lengua de las distintas comunidades autónomas”, ha apostillado.

En declaraciones a primera hora en RNE recogidas por Europa Press, el vicesecretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado la propuesta de Sumar como “cortina de humo” para no hablar de los “problemas internos” de su grupo. “No es una demanda real de los españoles”, ha considerado. Por su parte, el portavoz político de Vox, Jorge Buxadé, ha desechado la medida en TVE alegando que prefiere que se lleven a cabo otras reformas del Reglamento del Congreso con el objetivo de garantizar “un funcionamiento más democrático”.