Radiografía electoral | Comunidad Valenciana: la plaza más codiciada se decide por un puñado de votos

La Comunidad Valenciana se ha convertido en la joya de la corona para los partidos políticos en estas elecciones autonómicas. Todos ellos, y en especial PP y PSOE, ven en los resultados del 28 de mayo en este territorio el preludio de lo que después pase en las generales de diciembre. Son más de 3,6 millones de votos que pueden allanar el camino hacia La Moncloa: por las características del tablero político valenciano —con los bloques de derecha e izquierda prácticamente empatados y con Unidas Podemos en serio riesgo de no entrar en las Cortes—. Pero también porque las direcciones de PSOE y PP lo han apostado todo a esta plaza, de modo que hay una suerte de efecto psicológico de ver si los socialistas resisten o los populares se imponen. De la misma forma, cómo se resuelva la pugna por la alcaldía de la ciudad de Valencia influirá previsiblemente en quién se hará con el Ejecutivo autonómico, que ahora integran en coalición PSOE, Compromís y Podem bajo la presidencia del socialista Ximo Puig.

El Gobierno del Botánico —llamado así por el lugar donde se firmó inicialmente el acuerdo en 2015, el jardín botánico de la Universidad de Valencia— trata de resistir el embate del PP, que ve en este territorio su trampolín. El PSOE se juega el 28-M conservar su principal Gobierno autonómico y la cuarta comunidad más poblada de España (5,1 millones de habitantes); los populares, recuperar una plaza emblemática que perdieron hace dos legislaturas tras gobernarla durante dos décadas. Pero la pelea trasciende los límites autonómicos. El PP la ha llenado de referencias a cuestiones nacionales, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el epicentro de las críticas por su gestión y por sus relaciones con Podemos. Para el jefe de campaña de los socialistas, Miguel Soler, esta estrategia es “una falta de respeto”. “Es una campaña valenciana, no el trofeo que ofrecer a Alberto Núñez Feijóo [líder del PP]”, protesta.

Los populares se volcarán en censurar la alianza del PSOE con Compromís y Podem. “Sonríe, ya se van” fue el lema de los primeros carteles del PP, en los que se veían los rostros de Puig, Pedro Sánchez y de la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra, que no se presenta a las elecciones por el mismo motivo que la llevó a dimitir en julio: su imputación por entorpecer presuntamente la investigación de los abusos a una menor cometidos por su exmarido. Precisamente sobre los resultados de su partido, Compromís, y, sobre todo, de Unides Podem-Esquerra Unida —al que las encuestas sitúan en el borde del 5% de los votos que se requiere para entrar en las Cortes valencianas— pivotará el resultado final. Si la izquierda a la izquierda del PSOE no logra representación, Puig lo tendrá casi imposible para revalidar el cargo. Según todos los sondeos, un puñado de sufragios determinará de qué lado cae la presidencia.

Tras los últimos cuatro años, solo el candidato socialista, Ximo Puig, repite como aspirante. Las luchas internas del PP forzaron el relevo de Isabel Bonig por el actual líder, Carlos Mazón. La imputación de Oltra llevó a Compromís a apostar por el diputado Joan Baldoví. La salida de la política del anterior candidato de Podem dejó de cabeza de lista a Héctor Illueca. Y la descomposición de Ciudadanos, cuya candidatura encabezó en 2019 Toni Cantó, provocó la elección de Mamen Peris. En el caso de Vox, la dirección decidió prescindir del aparato y optar por un hombre con mayor visibilidad: el catedrático de Derecho Constitucional Carlos Flores Juberías.

Estos múltiples cambios han hecho que, en ocasiones, el Parlamento autonómico se haya tornado en un espacio sin apenas oposición, aunque sí ha habido tiempo para la gresca y las descalificaciones. Ha sido también el espacio donde se han visto las diferencias entre los socios del Gobierno del Botánico, que, en cualquier caso, ha permanecido estable, como demuestra la aprobación a tiempo de los cuatro Presupuestos, la luz verde a la tasa turística (que finalmente será municipal y voluntaria) o la ley de cambio climático. Mayor fue la disputa entre el PSOE y Compromís por la implantación de parques fotovoltaicos, a la que el departamento de Medio Ambiente (en manos del partido econacionalista) trató de poner cortapisas; pero también ahí se firmó una tregua. Aun así, el portavoz de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas, apunta que apenas ha habido avance en la expansión de las energías renovables, pese a las decenas de proyectos tramitados.

También salió adelante en esta legislatura la polémica rebaja fiscal del IRPF defendida por Puig, que provocó malestar en el Gobierno de Pedro Sánchez y acabó siendo aprobada en el Parlamento valenciano por unanimidad.

La perspectiva económica no es mala. Tanto la AIReF (el organismo público que vigila las cuentas de las administraciones) como Caixabank pronostican un crecimiento del 1,9% para 2023 (por encima de la media nacional). Y, en empleo, la cifra del cuarto trimestre de 2022 es un 5,3% superior a la del mismo trimestre de 2019, muy por encima del 2,5% de España, destaca el director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Joaquín Maudos. Para este catedrático de Análisis Económico, el gran reto estructural en la Comunidad Valenciana es “la mejora de la productividad, que se sitúa desde hace años por debajo de la media, lo que contribuye a explicar que la renta por habitante sea en 2022 un 13,4% inferior a la de España”. Para mejorar esa baja productividad prescribe aumentar el esfuerzo inversor y el capital humano. La tasa de paro en la Comunidad Valenciana es hoy del 13,7%: medio punto superior a la media nacional.

Al margen de los datos, la estrella económica de la legislatura ha sido el anuncio de Volkswagen de instalar su gigafactoría de baterías para coches eléctricos en Sagunto (Valencia) con una inversión de 3.000 millones de euros. Como complemento, Ford también eligió Valencia para fabricar dos nuevos modelos electrificados, lo que supone la continuidad de la factoría de Almussafes. Ambas decisiones han supuesto un efecto de arrastre para otras inversiones. Los socialistas explotarán esta baza, admite el jefe de campaña de Puig.

Pero todos los partidos coinciden en que la sanidad, la educación y la vivienda serán temas clave en el ring electoral del 28-M. El jefe de campaña del PP, Miguel Barrachina, habla de “colapso” sanitario y subraya que la mala gestión de la sanidad pública por parte del Gobierno ha hecho que un millón de valencianos opten ya por la sanidad privada, un 50% más que en 2015. Los socialistas admiten que “hay que mejorar” en este frente, pero destacan que ahora hay un 26% más de sanitarios que en 2015, y las listas de espera están por debajo de la media española. En Educación, Ciudadanos defiende la libre elección de lengua —frente al modelo actual, en el que al menos el 25% de las materias debe impartirse en castellano y al menos otro 25% en valenciano—; y los socialistas apuntan que ha sido la legislatura en la que se ha afianzado la gratuidad de los libros de texto y se han garantizado las plazas públicas en escuelas infantiles para niños de dos a tres años.

Las políticas de vivienda desarrolladas por el Gobierno del Botánico serán el estandarte de Podem, responsable de esta área. “Ha habido cambios sustanciales”, asegura César Lledó, jefe de campaña de Héctor Illueca. La oposición denuncia que no se han construido viviendas públicas, aunque la Generalitat ha sido el primer Gobierno autonómico en acordar la compra de pisos del banco malo, la Sareb: unos 500. Además, se aprobó la ley de la función social y un decreto para la cesión forzosa y temporal de viviendas vacías de grandes tenedores. Águeda Micó, de Compromís, achaca al modelo de financiación autonómica, que considera injusto, las deficiencias en las tres áreas (sanidad, educación y vivienda).

Esta legislatura ha estado marcada, además, por la gestión de la pandemia —la Comunidad Valenciana impuso algunas de las restricciones más severas— y por las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania —contra las que el Ejecutivo progresista desplegó medidas como la gratuidad del transporte, ayudas a las hipotecas o un bono para la cesta de la compra—. Pero hay tres asuntos que desde hace décadas están presentes en el discurso político valenciano, que lo han estado en este mandato y que todo apunta a que seguirán en el siguiente. El primero es el agua: el recorte del trasvase Tajo-Segura, decretado por el Gobierno a instancias del Tribunal Supremo y de la normativa europea, afecta a Alicante, donde los progresistas tienen menos tirón electoral. El segundo es la infrafinanciación que, según los expertos, sufre la Comunidad Valenciana. Y el tercero es la corrupción: mientras el expresidente valenciano Francisco Camps se sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional por el caso Gürtel, otro de los expresidentes populares, Eduardo Zaplana, ha sido procesado por blanqueo, cohecho y prevaricación. Pero el PP, que entiende que ya han pagado su parte “en las urnas y en la justicia”, tal como dijo Miguel Barrachina, intenta poner el foco en el caso Azud, en el que exdirigentes populares son los principales investigados, pero que también tiene una rama que afecta a exsocialistas. El PSOE replica: la decisión a tomar el 28-M es “Gürtel o Volkswagen”.