La Comunidad Valenciana negocia la mayor compra de vivienda pública al banco malo

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y la Generalitat Valenciana han acordado el traspaso de unas 500 viviendas en la que sería, hasta la fecha, la mayor operación de venta de inmuebles por parte del conocido como banco malo a una administración pública. El importe, que la Generalitat evita cuantificar porque todavía está visitando algunas casas, rondará los 50 millones según la empresa estatal. El el primer acuerdo y el más avanzado, según fuentes de Sareb, en el marco de unas conversaciones en las que se confía transferir también viviendas a otras comunidades como Cataluña, Madrid y Murcia.

Lo que sí está definido, según han comunicado tanto la empresa pública como la Generalitat Valenciana, es que el proceso de venta se efectúe por partes. La primera, según el acuerdo existente —aunque el Gobierno autonómico precisa que las negociaciones siguen en marcha—, se materializaría el próximo abril y consistiría en la entrega de 335 viviendas. Sareb, cuya estrategia cambió tras convertirse en una compañía de mayoría de capital público, destaca que “es la primera operación de venta a una Administración pública de esta envergadura”.

El banco malo, conocido así porque aglutinó todos los activos tóxicos de la banca (desde inmuebles y solares hasta préstamos de cobro dudoso), se constituyó en 2012 con mayoría de capital privado para tratar de deshacerse de ese legado y sacarle el máximo valor posible. Pero conforme las pérdidas minaron sus fundamentos, y especialmente a partir de que el organismo estadístico europeo (Eurostat) obligara a España a anotarse toda la deuda de la sociedad como pública, emprendió un nuevo camino en el que el Estado pasó a tener participación mayoritaria. Eso cambió también la estrategia de Sareb, que hasta entonces se centraba en ceder temporalmente viviendas a algunas Administraciones para que estas les dieran un uso social.

La operación conocida este martes no es, ni mucho menos, el primer trato comercial de Sareb con una Administración. Recientemente se acordó el traspaso de 40 viviendas a la Xunta de Galicia, y la propia Generalitat Valenciana ha comprado ya hasta la fecha más de 100 viviendas (al margen de las que tiene en cesión), una cifra que también supera el Ayuntamiento de Madrid. Pero normalmente se ha tratado de compraventas aisladas o en pequeños bloques.

Por ello, la conselleria valenciana de Vivienda ha subrayado que el acuerdo permitirá ampliar “de manera extraordinaria” su parque de vivienda social. Esto, señala en un comunicado el consejero y vicepresidente segundo de la Generalitat, Héctor Illueca, “es una prioridad para el Gobierno valenciano”, que busca “hacer así frente a la emergencia residencial en un escenario de crisis económica”. En la presente legislatura, la Comunidad Valenciana, que amplió sus derechos de tanteo y retracto, ha sumado 1.262 viviendas en 98 municipios, desembolsando en total más de 76 millones por ello, según el responsable de vivienda.

Negociaciones con otras comunidades

El trato que se está ultimando, por tanto, supone incorporar al parque público valenciano un 40% de todo lo que se ha sumado desde 2019. Aunque también se hará a un coste algo mayor, ya que la compra de 500 unidades por 50 millones supone un promedio de 100.000 euros por piso, mientras que la compras que se han hecho hasta ahora suponen una media de unos 60.000 euros.

Para Sareb, sin embargo, es el primer paso de una agenda más ambiciosa. Fuentes del banco malo destacan que el pacto con la Comunidad Valenciana es el “más grande y avanzado” de los que se están negociando con las autonomías. En ese marco, el banco malo trabaja en la venta de “paquetes importantes” a Cataluña y la Comunidad de Madrid. El de la primera autonomía comprendería unas 200 casas e incluye también algunos suelos. Para la región de la capital, se está hablando sobre el posible destino de 88 inmuebles. Otro acuerdo importante, aunque en Sareb remarcan que todo está “en negociación”, se está tratando con Murcia para el traspaso de unas 200 viviendas.

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