El Estado se hace con el control del banco malo al conseguir más de la mitad del capital
Los consejeros a propuesta de entidades privadas salen del consejo y Javier Torres, del FROB, releva a Javier García del Río como presidente ejecutivo
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha tomado el control de la Sareb (Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, más conocida como el banco malo) tras adquirir un 4,24% de su capital. Esto eleva el capital del FROB, a través del cual el Estado articula su participación en el banco malo, a más de la mitad (un 50,14% exactamente), como preveía un real decreto-ley aprobado por el Gobierno el pasado enero. El cambio se ha formalizado este martes, según ha anunciado la entidad, con la salida de los consejeros nombrados por entidades privadas, que hasta ahora controlaban la mayoría de la empresa, del órgano de administración y el relevo en la cúpula: Javier Torres, que era consejero dominical a propuesta del FROB, asume la presidencia ejecutiva en sustitución de Javier García del Río.
Para el cambio, la junta general de accionistas de Sareb (que agrupaba además del FROB a más de dos decenas de bancos y aseguradoras que participaron de la creación del banco malo) ha aprobado una modificación de los estatutos acorde a la nueva mayoría de capital público en la empresa, algo que estaba prohibido cuando se fundó Sareb. El consejo, temporalmente, está compuesto por siete consejeros: los cuatro propuestos por el FROB, incluyendo al nuevo presidente, y tres independientes. Con motivo del aumento de capital público, han abandonado ese órgano los dos consejeros nombrados a propuesta del Santander y otro nombrado por CaixaBank. El representante de Banco Sabadell ya renunció hace unos días por una baja laboral. Y además, por caducar su mandato, han salido este martes otros dos consejeros independientes. Fuentes de la entidad no han precisado si alguno de estos será sustituido, aunque dan por hecho que en el nuevo consejo ya no habrá 13 asientos como hasta ahora.
Con todo, la salida más notable es la de García del Río, quien llegó al banco malo hace dos años como director general para asumir la presidencia a finales de mayo de 2021. Procedente de Solvia, el directivo había capitaneado una estrategia para conducir la entidad a un perfil de gestión más inmobiliaria. Bajo su mando, la Sareb se había centrado en transformar en inmuebles aptos para la venta muchos de los activos tóxicos que recibió de la banca en 2012 (mayoritariamente, préstamos de dudoso cobro), aunque eso no ha librado a la compañía de las abultadas pérdidas que la han caracterizado casi desde el origen.
El relevo lo toma Javier Torres, quien forma parte del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Estuvo en el FROB de 2017 a 2019 como director de Resolución y Estrategia y antes trabajó en el ámbito privado para el Santander. Durante un tiempo, con el objetivo de realizar una transición ordenada del poder, le acompañará García del Río, quien “se ha comprometido a continuar vinculado a la compañía” como adjunto a la presidencia. Fuentes de la Sareb, que atribuyen la marcha del hasta ahora presidente a su deseo de continuar con su carrera profesional en la empresa privada, no saben precisar cuánto durará ese periodo de transición. El decreto que aprobó el Gobierno en enero, en cualquier caso, da “un plazo máximo de tres meses” a la Sareb para adaptarse a la nueva situación “desde el momento en que la participación del FROB en la sociedad sea mayoritaria”.
Casi 10 años de historia
El banco malo fue creado a finales de 2012 como una de las exigencias de Bruselas a cambio del rescate bancario. La idea era que la banca descargara en esa nueva entidad sus activos tóxicos (que sumaron en total más de 50.000 millones, al precio al que fueron valorados) para limpiar sus balances. A cambio, a la Sareb se le daban 15 años de vida para ir deshaciéndose de esa pesada carga, que el Estado avalaba, por lo que se decidió que el FROB fuera el accionista principal, con un 46%, aunque no podía alcanzar legalmente la mayoría. El entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo que la operación no costaría un euro al contribuyente. Sin embargo, las pérdidas fueron constantes desde el principio y la sociedad se fue descapitalizando. Fruto de esa descapitalización, Europa obligó el año pasado a España a reconocer toda la deuda (que entonces había bajado de los 50.000 millones iniciales a unos 35.000) como deuda pública.
Pero ese no fue el único movimiento del Gobierno. Por una parte, una modificación legal ad hoc permitió a la Sareb seguir operativa pese a tener patrimonio negativo (lo que sería causa de disolución). Y por otro, ya asumida la totalidad de la deuda como pública, se decidió tomar el control absoluto del banco malo, que en los últimos años ha intensificado su perfil como cedente de viviendas a Administraciones locales y autonómicas para que estas tengan más arrendamientos sociales. Para conseguir esa mayoría, en enero se aprobó el real decreto-ley que permitía al FROB pasar del 50% de la participación, lo que se ha materializado ahora.
A finales de enero, el FROB hizo una oferta por la totalidad de las acciones en la que estaba dispuesta a pagar 195 euros por el 54% que no poseía. De momento se ha hecho solo con un 4,24%, lo que a ese precio (que ninguna de las partes ha confirmado) supondría desembolsar algo más de 15 euros. Tampoco ha trascendido a qué compañías ha comprado el Estado participaciones, aunque sí la nueva estructura accionarial, que no se mueve en las primeras posiciones. El FROB es el principal accionista y tiene ahora el 50,14% de la entidad. Le siguen Banco Santander (22,21%), CaixaBank (12,24%), Banco Sabadell (6,61%), que son los únicos accionistas que pasan del 5% y mantienen los mismos porcentajes que tenían (con la excepción del Santander, que ha bajado dos centésimas). En el accionariado también se mantienen Unicaja, Cajamar, Caja Laboral Popular, Mapfre y Mutua Madrileña. Desaparecen, sin embargo, Bankinter (que tenía un 1,37%) y otros 15 bancos y aseguradoras, además de la división inmobiliaria de Iberdrola, que tenían participaciones muy minoritarias. Al alcanzar más del 50% de participación pública, la Sareb ha escenificado una nueva etapa, en la que es previsible que el FROB siga ganando peso.
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