El Gobierno valenciano pedirá a Calviño el traspaso de más de 8.000 inmuebles de la Sareb

La Generalitat valenciana quiere que los más de 8.500 inmuebles que la Sareb tiene en propiedad en la comunidad autónoma sean transferidos e incorporados al parque público de vivienda autonómico ahora que el Estado planea controlar la compañía creada en 2012 para sanear los balances de los bancos rescatados. El vicepresidente y responsable de la cartera, Héctor Illueca, se entrevistará el próximo miércoles con responsables del Ministerio de Economía, que preside Nadia Calviño, para trasladarle su propuesta.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 18 de enero que el FROB pudiera tener una participación superior al 50% de la Sareb, el primer paso para tomar el control de la compañía. La decisión del Ejecutivo llegaba después de que Eurostat, la oficina estadística europea, decidiera incorporar la Sareb dentro del perímetro de las cuentas del Estado, lo que obligó a sumar 35.000 millones de deuda en 2020 y más de 10.000 millones de déficit.

El Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), propuso a la banca y al resto de accionistas de la Sareb, la sociedad creada para dar salida a los activos inmobiliarios de las entidades rescatadas, quedarse con el 100% de la compañía por un precio simbólico que roza los 195 euros. Actualmente, el FROB es el principal accionista de la Sareb con una participación del 45,9 %, pero el resto del capital está en manos de los principales bancos y algunas aseguradoras, que ahora tienen encima de la mesa una oferta formal para vender sus acciones.

“No es una cuestión jurídica sino política. Lo que hace falta es voluntad política de llevarlo a cabo”; ha subrayado este lunes Illueca. “Queremos que esos pisos, que son el resultado de un inmenso dolor social, el resultado de desahucios y de una acción que fue percibida como una gigantesca estafa por parte del ministro Luis de Guindos y del Gobierno de Mariano Rajoy, y que los ciudadanos ya han pagado, pasen a formar parte del parque público”.

IIlueca considera que el cambio en la situación de la Sareb, que estará controlada por el Estado, es un cambio cualitativo y si al final se trata de una sociedad pública y que ha costado al erario común 35.000 millones de euros, es de sentido común que las viviendas pasen a ser de titularidad pública”, ha subrayado el vicepresidente.

La iniciativa del vicepresidente de la Generalitat, de Unides Podem, fue trasladada el pasado enero a la ministra Nadia Calviño por carta. Además, según destaca Illueca, cuenta con el soporte de la sociedad valenciana. No solo han expresado su apoyo a la reivindicación el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, sino que los sindicatos CC OO y UGT, y colectivos como la PAH, el Consell Valencià de la Joventut o la Coordinadora de Pensionistes le han dado su apoyo con la firma de una declaración institucional.

El vicepresidente llevará consigo al ministerio más reivindicaciones relacionadas con la revisión de contratos de inquilinos que residen en pisos de la Sareb y con la posible transferencia en el futuro de suelo del banco malo. “Es una reivindicación de toda la sociedad valenciana”, ha dicho.

Según Illueca, su departamento tiene registradas más de 4.000 solicitudes de vivienda pública en la Comunidad Valenciana y solo con los inmuebles de la Sareb “se podría satisfacer la demanda de vivienda pública”. El vicepresidente ha iniciado contactos con otras comunidades autónomas para extender su propuesta y trabajará en esta dirección los próximos meses.

La Generalitat valenciana ha adquirido un total de 113 inmuebles de Sareb, después de formalizar la compra de 75 activos en diciembre de 2020 mediante compra directa y también la adquisición de otras 16 viviendas a finales de 2021 mediante concurso.

El vicepresidente ha anunciado además una reforma legal para poner fin a las prácticas de acoso inmobiliario. “Hemos visto que la ley de Función Social de la Vivienda [en vigor en la Comunidad Valenciana] ha sido útil en muchos aspectos pero tiene también carencias y una de ellas es que no nos permite actuar con eficacia para combatir este tipo de practicas, que existen y crean alarma social. Queremos acotar bien las conductas de acoso inmobiliario y establecer mecanismos administrativos y sancionadores que permitan una reacción rápida”, ha concluido.