El ocaso de las entidades que el ‘procés’ impulsó
Solo un 9% de afiliados vota en las elecciones del Consell de la República, creada por Puigdemont, mientras que la ANC pierde una cuarta parte de asociados desde 2019


Decía el escritor ruso Aleksandr Herzen que la revolución devora a sus hijos sin piedad. La que intentaron poner en marcha formaciones políticas y entidades independentistas en Cataluña, durante la década pasada, está haciendo lo propio. En la pesada digestión del post procés, han sido los partidos secesionistas los primeros en experimentar la pérdida de apoyo popular. Las elecciones internas celebradas la semana pasada del Consell de la República, la Generalitat paralela creada por Carles Puigdemont, muestran cómo el desgaste alcanza también al tejido asociativo que basculó, junto al monopolio político de las instituciones, el órdago independentista. Solo el 9% de los 89.474 afiliados al Consell participó en la elección de la nueva cúpula.
Assemblea Nacional Catalana (ANC), Associació de Municipis per la Independencia (AMI), Consell per la República, Caixa de Solidaritat, Comités de Defensa de la República (CDR), Òmnium Cultural, Societat Civil Catalana (SCC)… la lista de entidades que crecieron o nacieron al calor del procés no es menor. Tampoco lo fue su influencia. La ANC, la AMI y Òmnium son las responsables de la organización de las multitudinarias manifestaciones por la Diada, y que sirven de termómetro de la reivindicación independentista más allá del inmenso baile de cifras sobre la asistencia. En la protesta de 2014, la entonces presidenta de la Assemblea, Carme Forcadell, lanzó el mensaje que empujó a los partidos independentistas a la celebración del referéndum: “President, ponga las urnas”. El año pasado, según la Guardia Urbana de Barcelona, solo unas 60.000 salieron a la calle frente al 1,8 millones de 2014.
Así como el secesionismo político perdió la mayoría que ostentaba desde 2010 en el Parlament (en los comicios de 2017 marcó el récord, con 2.079.340 votos y 70 escaños frente a las 61 sillas y los 1.360.867 sufragios cosechados el año pasado), el independentismo asociativo también experimenta un ciclo menguante. El rechazo a la ruptura, según el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), se ubicó en noviembre pasado en el 54% de los encuestados, el porcentaje más alto desde 2015.
El principal síntoma del desgaste se puede observar en términos de afiliación y actividad interna. El último ejemplo llegó, el pasado miércoles, con las elecciones de la Generalitat paralela de Puigdemont. La pugna de las cuatro candidaturas que aspiraban a suceder al expresident no interpeló ni a uno de cada diez afiliados. “Ha sido una participación extraordinaria, teniendo en cuenta los parámetros que en los últimos años se han producido en el movimiento independentista”, asegura el ganador Jordi Domingo. Su diagnóstico optimista surge de comparar el resultado del miércoles con el de las elecciones de hace un año, en las que Puigdemont fue reelegido. Entonces solo hubo 500 votos más.
Domingo explica que ve en el resultado un “punto de inflexión” para la entidad fundada en 2018 en Bruselas, donde Puigdemont buscaba burlar la acción de la justicia española. “Es un momento para recuperar la unidad del independentismo. No la de los partidos, sino la del 1-O [el referéndum declarado ilegal por la justicia]”, dice. El Consell, que llegó a repartir material sanitario durante la pandemia y estaba en pleno despliegue territorial, vivió sus elecciones internas en medio del desprestigio derivado de los escándalos de posible malversación de las donaciones, con Toni Comín en el ojo del huracán, y cierto conflicto por el hecho de que el propio expresident dejara el cargo tras asumir la presidencia de Junts per Catalunya y se sumase a intentar la vía del diálogo y la negociación con el Gobierno.

Las discusiones internas y el disenso sobre cuál tiene que ser el papel en el cambio de rasante político también está detrás del declive de la ANC. Su presidente, Lluís Llach, aceptó en enero en una entrevista a El Nacional que la Assamblea había perdido una cuarta parte de asociados desde 2019. La entidad aprobó la nueva hoja de ruta para los próximos años, descartando por ejemplo la idea de presentar listas cívicas para futuras contiendas electorales, y también basándolo todo en la premisa de que aún existe una mayoría social independentista, pero que ahora está desmovilizada y a la espera de que llegue una nueva coyuntura para reactivarse. La ANC no entrega datos del censo de votantes de su última consulta interna, pero, según Llach, ahora rondaría los 30.000.
Una entidad que siempre ha afeado a los partidos políticos que se centren en sus líos internos y personales en lugar de poner el foco la lucha por la república catalana, se enfrenta ahora a la misma situación. Aquí el último episodio de conflicto lo protagonizaron el propio Llach y uno de los secretarios nacionales de la Assamblea, Josep Costa. El exvicepresidente del Parlament acusó, hace una semana, al cantautor, mediante un mensaje en X, de hacer una gestión “despótica y antirreglamentaria” de la ANC, a la hora de resolver una vacante en la cúpula. Llach le ha respondido también en esa red, acusándole de violar los mecanismos internos.
Un camino muy diferente han transitado los llamados CDR, un grupo sin una jerarquía clara, que surgió inicialmente para garantizar la ejecución del 1-O y después comandó la respuesta en la calle a las sentencias del juicio al procés, donde algunas de las manifestaciones acabaron con destrozos y enfrentamientos con las fuerzas del orden. El Tribunal Supremo elevó el año pasado una cuestión prejudicial a la justicia europea para saber si le ha de aplicar la ley de Amnistía a una docena de sus miembros encausados por terrorismo. La aplicación desigual de esa ley pactada entre el PSOE y los independentistas también es la que mantiene viva la Caixa de Solidaritat, que recogió donaciones ciudadanas para pagar las fianzas y las multas derivadas de causas judiciales relacionadas con el independentismo. “Tenemos 14 peticiones de ayudas pendientes, de causas abiertas donde aún no es claro si habrá aplicación de la amnistía”, explica su presidente, Pep Cruanyes.
Por su parte, Societat Civil Catalana (SCC), entidad antiindependentista que el año pasado cumplió diez años de vida, también mantiene su actividad y su presidenta, Elda Mata, considera que ahora su labor es más fundamental que nunca. “El independentismo tiene más poder que en 2017″, asegura, refiriéndose a cómo sus votos son necesarios para la gobernabilidad en el Gobierno central y autonómico. Esa “amenaza”, acepta, es más difícil de visualizar y cuesta volver a muestras de fuerza de SCC como la de las 300.000 personas que sacó en la calle en octubre de 2017, en la mayor manifestación en contra de la independencia de Cataluña. Mata no detalla el número actual de afiliados, pero asegura que son “más” que en 2017. “Tenemos una base muy consolidada”, dice, recordando que han sido el “principal dique social” contra la amnistía.
En su fachada ondean, lado a lado, las banderas senyera -la oficial de Catalunya- y la estelada (con la estrella), que reivindica la independencia. “Hemos sido más permeables a los efectos de la pérdida de la hegemonía del independentismo porque somos una entidad que acumula 63 años de historia haciendo trabajo por la lengua, la cultura y el país”, explica su presidente, Xavier Antich. “Entendemos que la construcción nacional como el proceso de fortalecer el sentimiento de pertenencia a la nación”, agrega. Y esa batalla ahora, explica, pasa por asegurar el uso social del catalán (solo uno de cada tres ciudadanos lo usa de manera habitual), hacer frente a las desigualdades y al discurso del odio.
Ahí también hay una diferencia radical discursiva. Mientras Ómnium marca claramente una línea de exclusión de la formación ultra Aliança Catalana, los planteamientos de los líderes de ANC y el Consell de la República son más líquidos. “Hasta el 1-O no preguntábamos a nadie qué pensaba y no pienso que sea productivo preguntárselo ahora. Si eres independentista, adelante”, aseguró Domingo, en una entrevista al Ara, el pasado domingo. Llach opinó lo mismo, aunque ambos creen que después todo cambiaría ante un posible Gobierno. Ni pizca de temor a que sea otra revolución, la del discurso ultra, la que se los coma.
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