Comuns augura acuerdos a largo plazo para los Presupuestos: “PSC y ERC necesitan tiempo. Pueden llegar a mayo”

Las piezas no encajan de momento en el puzle del PSC en Cataluña. Ni las prioridades de sus socios de investidura para negociar los Presupuestos autonómicos son las mismas, ni tampoco la predisposición para alcanzar un acuerdo. Mientras que ERC sigue dando largas a sentarse con los socialistas para diseñar las Cuentas y reclama avances en financiación, Comuns aprieta para alcanzar unos primeros acuerdos en materia de vivienda este mes. “Los tiempos de la política no son los tiempos de la gente. Los precios del alquiler están disparados y se debe aprobar el régimen sancionador en materia de vivienda en enero”, reclamó este miércoles David Cid, portavoz de Comuns en el Parlament, en una entrevista en Ser Catalunya.

Cid se ha reunido este miércoles con la consejera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero en el primer encuentro de la ronda de contactos del Govern con los grupos parlamentarios para hablar sobre los Presupuestos catalanes de 2025. Romero ha trasladado el compromiso del Ejecutivo para cumplir el acuerdo de investidura, “muy especialmente en aquellas medidas que hacen referencia a la regulación y promoción de vivienda”. El martes, Cid aseguró que pararían las negociaciones presupuestarias si no se pacta el régimen sancionador antes de final de mes.

El problema es que los diálogos bilaterales con ERC y Comuns deberán encajar en algún momento entre los tres principales actores en Cataluña (Junts tiene un papel destacado en el Congreso), pero los mismos protagonistas admiten que la cosa irá para largo. “PSC y Esquerra, necesitan su tiempo. Puede acabar en mayo, no lo sabemos”, avisó Cid. La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, se mostró el martes “esperanzada” de alcanzar acuerdos, pero el tono del mensaje comprendía más contención que hace unas semanas. Fuentes de los comunes entienden que el Gobierno catalán intenta “acompasar” los tiempos de sus negociaciones para avanzar coordinadamente, algo que de momento resulta difícil.

Comuns mantiene que la prioridad de las negociaciones debe ser la vivienda y sostiene sus reclamaciones en una idea principal: aumentar los recursos para la construcción de vivienda pública a través del Institut Català del Sòl (una de las promesas de Illa es ofrecer 50.000 nuevos pisos de protección oficial en esta legislatura). Para conseguirlo, pretende que la Generalitat destine una mayor parte de los impuestos a esta materia y combata el fraude de ley que realizan aquellos propietarios que esconden un alquiler habitual detrás del alquiler de temporada, mucho más caro e inseguro para los inquilinos a corto y medio plazo. El partido progresista reclama añadir 100 inspectores más dedicados a combatir esta mala praxis y que se considere como una sanción grave, tipificada actualmente con entre 9.000 y 90.000 euros de multa en la ley del derecho a la vivienda de 2007.

“El Govern se comprometió a aprobar el régimen sancionador a través de un decreto ley que modifique la ley de vivienda de 2007. Queríamos acordarlo en diciembre, pero nos pidieron hacerlo en enero y ahora no estamos cerca del acuerdo”, defendió Cid. Ahora ambas formaciones están en fase de intercambio de documentos y tambien negocian por el aumento de la tasa turística, que crecerá al menos un 50%; y cuya recaudación debe destinarse en parte a vivienda, según reclaman los comunes. “Queremos más recursos propios para destinarlos a políticas de construcción de vivienda a través del Incasòl”, insistió el portavoz de Comuns.

Junts, clave en la distancia

Buena parte de las reclamaciones catalanes se juegan en Madrid. La aprobación de los Presupuestos Generales sería la rampa de salida para desencallar los Autonómicos, especialmente en materia de financiación. Y aquí entra en juego Junts. El partido de Carles Puigdemont sigue poniéndose de perfil a la hora de ofrecer su beneplácito en el Congreso; y en las últimas semanas ha presionado a Pedro Sánchez con bloqueos legislativos. Especialmente significativa fue la unión de Junts con PNV y PP para tumbar un gravamen extraordinario a las eléctricas y visibilizar la sensación de fragilidad del Gobierno. Después vendría la propuesta de la moción de confianza, pero en el fondo existe la percepción de que el expresidente de la Generalitat huido en Bruselas requiere un nuevo cara a cara, como ya hizo en 2023 con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para habilitar la investidura de Sánchez.

El encuentro en Bélgica parece un último pago para alcanzar acuerdos de alto nivel que los propios comunes avalan para desencallar la situación en la capital y en Barcelona. El partido ha considerado siempre que la justicia interfirió premeditadamente en la aplicación de la ley de amnistía para dejar a Puigdemont fuera de la medida de gracia, por lo que entiende que un encuentro en Bélgica no solo es factible, sino que “generaría confianza” en Junts, como aseguró el portavoz de Catalunya en Comú y diputado en el Congreso, Gerardo Pisarello. La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ya fue la primera gran figura en visitar a Puigdemont en 2023 para lograr acuerdos y blindar la formación de un Gobierno progresista.