PSC y ERC exploran la vía escocesa para dar más autonomía fiscal a Cataluña
Aparcado el referéndum, los dos partidos están desencallando acuerdos políticos y exploran una mayor capacidad financiera para la Generalitat
El tiempo se acaba. El PSC y ERC agotan las últimas horas para cerrar un acuerdo que permita a Salvador Illa convertirse en el próximo president de la Generalitat y que se ubica entre la propuesta maximalista de un concierto económico a la vasca que defienden los republicanos y el consorcio tributario que ofrecen los socialistas. Un posible punto medio puede ser que la Generalitat pueda encargarse de la recaudación, liquidación e inspección de un gran impuesto estatal, pero las partes insisten en que no hay nada completamente cerrado.
El planteamiento es similar al que se produjo en Escocia en 2014, cuando el Reino Unido se comprometió a dar al país escocés más competencias políticas y mayor autonomía fiscal si se imponía el no en el referéndum de independencia, tal y como acabó sucediendo. La denominada “autonomía plus”, una suerte de tercera vía para aplacar los ánimos secesionistas, acabó con la cesión del impuesto de la renta, entre otras competencias.
Hace semanas que Esquerra dejó claro que, si bien su apuesta por la independencia a través de un referéndum acordado seguía intacta, en la negociación de la investidura privilegiaría la consecución de un concierto económico para Cataluña. Aunque el Gobierno rechaza ese planteamiento, comparte el diagnóstico de que la Generalitat está infrafinanciada y, de hecho, uno de los compromisos de la investidura de Pedro Sánchez era poner en marcha una comisión bilateral que estudiara cómo resolver ese problema. La petición de los republicanos entroncaba entonces con la llamada agenda del reencuentro que desde el primer día Sánchez enarboló como su manera de rebajar la pulsión independentista.
“La alternativa a la secesión es la acomodación y ahí existe una gradación de poderes que se pueden negociar y transferir”, recuerda Marc Santjaume, profesor de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra, que ve similitudes en las operaciones llevadas a cabo en Escocia tras la consulta de 2014 y en el escenario postprocés catalán. También hay diferencias, recalca, como que el independentismo escocés estaba unido en el Partido Nacional Escocés (SNP en sus siglas en inglés) mientras que en Cataluña hay más formaciones que pugnan por la hegemonía secesionista.
En el país británico, cuando las encuestas sobre el referéndum de 2014 acercaban el resultado al sí, el primer ministro británico David Cameron, alentado por su predecesor Gordon Brown, se comprometió a que, en caso de victoria del rechazo a la independencia, el Reino Unido elevaría la capacidad política y fiscal de Escocia. Y uno de los elementos susceptibles de ceder sería el impuesto de la renta en el país. Ese cambio de tornas pudo influir en la derrota del independentismo escocés en las urnas, que a cambio vio cómo incrementaba sus competencias.
En Cataluña el referéndum acordado, esa vía escocesa principal que anhelan los independentistas, nunca ha estado sobre la mesa de negociación. Pero Salvador Illa y los negociadores de Esquerra sí llevan semanas trabajando en una vía alternativa asentada en una mayor capacidad de autogobierno y un nuevo sistema de financiación que permita al PSC volver a ocupar el Palau de la Generalitat. Hace unos meses, las diferencias entre ambas partes hacían temer en las instituciones empresariales y económicas el fracaso de una entente que supusiera una nueva convocatoria electoral. Representantes de alguna de esas entidades intentaron hacer una aproximación a ambos partidos para ver si sería posible un acuerdo. Buscaban un punto de encuentro intermedio entre lo que para los socialistas es una propuesta maximalista e imposible, el concierto catalán propuesto por ERC, y para los republicanos solo una idea de mínimos y anticuada, el consorcio tributario que plantea el PSC, tal y como establece el Estatut.
Hubo alguna propuesta sobre la mesa. El objetivo era que ERC pudiera defender ante sus bases algún acuerdo que supusiera una singularidad para Cataluña pese a rebajar sus pretensiones iniciales. Y ante la imposibilidad de que el Estado cediera la recaudación de todos sus impuestos —”la llave de la caja” a la que se refería este viernes la consellera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas—, se planteó la posibilidad de ceder algún tributo que permita a ERC vender que se trata de un primer paso hacia esa capacidad tributaria total.
En el caso de replicar la vía escocesa, el impuesto de la renta supondría más de 13.500 millones de euros, el 46% del total de la recaudación vía impuestos en Cataluña. Y, sobre todo, su obligatoria liquidación para el grueso de la población permitiría visualizar que el interlocutor del contribuyente es la propia Generalitat, a través de su Agencia Tributaria.
Los dos partidos llevan las negociaciones con especial celo, temerosos de que cualquier filtración haga saltar por los aires el acuerdo antes de que llegue a las bases de ERC, responsables últimos, con su voto, de que se haga realidad. El empresariado catalán no ha dejado de presionar en aras de una mejora de la financiación autonómica. Lo ha hecho desde manifiestos unitarios nunca vistos hasta ahora (en los que incluían como posible el pacto fiscal presentado por Artur Mas en 2012, muy parecido a la propuesta de financiación singular de ERC), pero también desde atrios públicos. El Círculo de Economía se lo ha pedido ante las cámaras tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
Este mismo viernes el Gobierno catalán, aprovechando la publicación de la liquidación del actual modelo de financiación, volvió a cargar contra lo que considera un sistema injusto, porque comunidades que aportan menos a la caja común acaban teniendo más recursos que Cataluña después del sistema de reparto. Sucede lo mismo, y con diferencias más contundentes, con Madrid y Baleares, las dos comunidades autónomas que aportan más euros por habitante al sistema. En todo caso, la Generalitat considera que el actual sistema provoca “un resultado desfavorable [para Cataluña] que se repite cada año desde 2010″.
Una mejora “singular” para la autonomía fiscal de Cataluña sería el último paso de todos los avances en temas de transferencias que el Gobierno y la Generalitat han ido cerrando en las últimas dos semanas pese a que eran compromisos que llevaban meses, si no años, abiertos: mil millones de euros para el maltrecho servicio de Rodalies, 450 millones para investigación y la gestión del ingreso mínimo vital (que cubre a 200.000 personas en Cataluña). Y está por cerrar la condonación de 15.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), lo que supondría liberar para otros menesteres en torno a 150 millones de euros anuales que ahora se tienen que destinar al pago de intereses. En el intercambio de propuestas también se ha incluido la posibilidad de que la Generalitat tenga algún papel en la gobernanza de los aeropuertos catalanes, incluido el de El Prat, el segundo mayor de la red de Aena.
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