Foment apuesta por que Generalitat y Estado compartan competencias sobre el aeropuerto de El Prat

Tanto la Generalitat como los ayuntamientos próximos al aeropuerto de El Prat deberían tener más margen de acción para decidir sobre el futuro de la infraestructura. Así lo consideran los miembros de la comisión técnica creada por Foment del Treball, que aboga por que, entre otros ámbitos, esas administraciones locales participen “en los proyectos de naturaleza estratégica que afecten al aeropuerto”; en la intervención de los objetivos generales de la ampliación, “financiación, capacidad operativa y sostenibilidad”; y en la negociación de los acuerdos bilaterales de transporte aéreo junto a Aviación Civil, imprescindibles para la apertura de nuevas rutas aéreas internacionales. Esas propuestas constaban en la penúltima versión de las conclusiones del documento de la patronal catalana, pero se cayeron del texto que finalmente vio la luz el pasado 23 de octubre, presentado después de que Josep Sánchez Llibre, presidente de la organización, lo presentara ante partidos, gobiernos (central y de la Generalitat) y Aena, en plenas negociaciones por la investidura de Pedro Sánchez.

El aeropuerto, sin embargo, no ha estado al menos de forma visible en las negociaciones mantenidas por ERC y el que todavía tiene en ciernes Junts con el PSOE. El traspaso de Rodalies, en cambio, sí ha sido un punto caliente de las conversaciones y se ha alcanzado un acuerdo para llevarlo a cabo. En el caso del aeropuerto de El Prat, la cuestión es más compleja: su gestión depende de una empresa controlada por el Estado, Aena, pero que también tiene una participación privada y cotiza en Bolsa.

Los técnicos reunidos por Foment consideran que existe gran margen de maniobra con la legislación vigente. En 2014, bajo el gobierno del PP, se constituyó el Comité de Coordinación Aeroportuaria de Cataluña en el que, junto a representantes del Ministerio de Transportes y de Aena, participan dos delegados de la Generalitat y tres de entes municipales. El resumen ejecutivo de las conclusiones de la comisión para la ampliación del aeropuerto de Barcelona de septiembre (una vez que los grupos de trabajo dejaron de reunirse), al que ha tenido acceso EL PAÍS, considera que la ley (de 2013) que habilitaba ese comité abría también la posibilidad de crear una “comisión de coordinación del aeropuerto de Barcelona” en el que se podría “trabajar conjuntamente con Aena (de forma obligada y formal)”. Algunas fuentes sostienen que, teniendo en cuenta las competencias propuestas por el grupo de trabajo de Foment, esa ley tendría que ser reformada.

Esa comisión de nueva creación, según el documento, tendría entrada en proyectos de naturaleza estratégica, intervendría en aspectos de financiación y capacidad operativa, elaboraría un “informe preceptivo” previo a la elaboración del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), donde se incluyen las inversiones y la fijación de tasas, y buscaría cuál es la mejor solución para ampliar el aeródromo ante las tensiones de operaciones a las que se enfrenta actualmente. Asimismo, el texto de Foment pedía capacidad de decisión para decidir los futuros enlaces internacionales de la mano de Aviación Civil.

Para que todo eso tuviera efectos palpables, los técnicos consideraban “imprescindible” un presupuesto mínimo para encargar informes a terceros y hacer otros de seguimiento, así como el nombramiento de una persona ajena a compromisos políticos que lidere todas esas ideas.

Prioridad a la ampliación de la pista

Consciente de la sensibilidad de la materia y de los efectos que podía generar su propuesta, Foment descartó incluir el capítulo de gobernanza en su documento final y apenas hizo una mención sobre la necesidad de que el aeropuerto ganara autonomía. Varias fuentes explican que su propuesta fue retirada a instancias del Govern de la Generalitat, extremo que niega tanto la patronal como el propio Departamento de Presidència, que señala que ampliar capacidad de gestión es una reivindicación ampliable a todas las esferas. La patronal argumenta que todos los documentos evolucionan y que este se quedó así.

La patronal presidida por Josep Sánchez Llibre prefirió dar protagonismo en la presentación de su documento al análisis de las cuatro soluciones que considera idóneas para ampliar el aeropuerto y, sobre todo, una propuesta propia y de máximos que pasa por prolongar la pista mar en 840 metros, para que alcance los 3.500 metros de longitud y pueda servir a todo tipo de aviones, sea cual sea su carga. Esa idea supondría que parte de la pista sobrevolara, aguantada sobre pilones, por encima de la laguna de la Ricarda, una de las zonas protegidas por la Unión Europea y cuya afectación (en menos medida) hizo saltar por los aires la propuesta de Aena de 2021.

La semana pasada, la consejera de Territorio, Ester Capella, remitió una carta a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en la que solicitaba crear la comisión técnica entre Generalitat y Estado para analizar cuáles son las mejores soluciones técnicas para la ampliación del aeropuerto. El objetivo, tras una demora de más de dos años, es que la infraestructura pueda ganar capacidad operativa, puesto que se aproxima a su límite de 55 millones de pasajeros, y sobre todo tener más disponibilidad para que despeguen y aterricen aviones de largo alcance, para aumentar la oferta de vuelos intercontinentales.

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