El día en que Junts y ERC se pusieron de acuerdo en la amnistía

Desde octubre de 2017, todos los partidos independentistas insisten en pedir una unidad de acción que siete años después ha tomado tintes quiméricos. Eso sí, hay días en que esa búsqueda de ese estado de gracia del relato oficial secesionista parece acercarse. A principio de la semana pasada, se rozó a cuenta de la amnistía a los líderes del procés y cientos de manifestantes anónimos. Junts y Esquerra Republicana, que han querido remarcar sus caminos separados en la legislatura española, finalmente tuvieron que ponerse de acuerdo para dar luz a la ley: todo lo catalizó por una llamada entre los secretarios generales de ambas formaciones, Jordi Turull y Marta Rovira, gracias a la pista de amerizaje que fue el borrador del dictamen de la Comisión de Venecia.

Desde que el jueves se aprobó en la Comisión de Justicia del Congreso el dictamen de la ley de la amnistía, ambos partidos se han vuelto a embarcar en una lucha sin cuartel por el relato de quién se ha llevado el gato al agua. En las filas de la formación de Carles Puigdemont, huido de la justicia española, insisten en que el nuevo texto es más robusto, al omitir referencias al Código Penal español en el punto del terrorismo y apela directamente a la Directiva europea. En las de ERC insisten en que con el anterior, que Junts rechazó el 30 de enero, ya bastaba. La pugna sigue viva, pero es distinto tenerla ya con el acuerdo cerrado. El PSOE, según fuentes gubernamentales, está más en la línea de los republicanos: “Los cambios han sido pura terminología”.

Tras las pasadas elecciones, Junts y ERC abrieron cada uno su vía de negociación propia con el Gobierno y el espinoso y trascendental punto de la amnistía no fue la excepción. La pelea por quién tenía la última palabra se vio tanto en las agónicas negociaciones de la investidura como en el pasado intento frustrado de aprobar el texto. “En un momento concreto les decimos: ‘Oye, os tenéis que entender”, aseguran fuentes gubernamentales cercanas a la negociación, remarcando que fueron ellos quienes dieron el paso de mediar. Fuentes de Junts insisten en que aceptaron esa fórmula porque también pensaban que los socialistas se aprovechaban del papel de intermediadores para decir que no a sus peticiones, argumentando que ERC no las querría. Junts aceptó cuando desde el Gobierno se les dijo que se aceptaría el texto saliente de un acuerdo entre independentistas.

Los dos partidos se encontraron en medio de esa negociación con sus contradicciones internas, como las posiciones de máximos que cada uno había defendido en toda la negociación. “Yo también dije que no se iba a tocar una coma del texto de noviembre. El orgullo te lo metes en el bolsillo”, aceptó Turull el 1 de marzo en un encuentro con periodistas. ERC, que no ha parado de repetir que no había mucho más que poder arreglar en el articulado, ha terminado por poder incluir alguna mejora que defendía, como la de las multas.

El borrador del dictamen de la Comisión de Venecia, que había solicitado el Senado, donde el PP tiene una sólida mayoría, permitió hacer varias carambolas. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo veía como ese intento de desvirtuar la amnistía no era tan efectivo. A los independentistas y al PSOE, las reflexiones del órgano consultivo Consejo de Europa ubicado en la ciudad de los canales les permitió encontrar una vía para poder reubicarse en varios aspectos. Por ejemplo, las recomendaciones sobre cómo abordar la malversación —pidiendo aclarar claramente que queda excluido “el beneficio personal de carácter patrimonial”— les mostró algo que no habían sopesado en los textos anteriores. Esa reescritura facilitaba que todos pudieran vender que mantenían sus posiciones. En el PSOE también creen que la rápida recuperación de Turull, que había sufrido un infarto el lunes 26 de febrero, fue clave para engrasar el pacto. “Si no se hubiera recuperado, los últimos días habría habido una mala noticia, sin duda”, apuntan voces socialistas cercanas a la negociación.

El sábado, en su intervención en un acto en el Consell de la República, Carles Puigdemont dio por hecho que llegaría una “nueva etapa” donde el énfasis no estaría en la “lucha antirrepresiva” y se podrían dejar atrás losas como la del “exilio”. Esa luz verde motivó que finalmente Turull y Rovira, huida de la justicia española en Suiza, se emplazaran a hablar, algo que sucedió el lunes a primera hora. El trabajo de los equipos tomó velocidad de crucero: por parte de Junts, el abogado Gonzalo Boye y el exdiputado en el Congreso Josep Pagès. Por ERC, la vicesecretaria de política antirrepresiva, Marta Vilaret, y también, en algunos momentos, el líder de los republicanos en el Parlament, Josep María Jové. En el PSOE, desde un principio se habían repartido los papeles: el secretario general de los socialistas, Santos Cerdán, se encargaba de los de Puigdemont; y el ministro Félix Bolaños era el interlocutor.

El presidente Pedro Sánchez, explican fuentes gubernamentales, voló a Brasil el martes sin tenerlo todo completamente amarrado. “Se va con la idea de que esto se va a cerrar, pero no con la seguridad”, explican esas voces. El acuerdo se cerró el miércoles por la tarde y en Brasilia, a las cinco de la tarde, hora española, el líder socialista vaticinó que sería en cuestión de “minutos” inicialmente, aunque acto seguido amplió la horquilla y habló de “horas” por precaución. Finalmente, el pacto a tres bandas se produjo poco después. “Alrededor de las 18.30 cerramos”. Se decidió hacer un comunicado conjunto anunciándolo: Junts envió el suyo, solo con su logotipo, a las 20.00. Al segundo lo hicieron los socialistas, con las tres siglas. ERC hizo lo mismo a las 20.05.

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