El descuelgue de Junts en los cambios a la amnistía provoca malestar al Gobierno y sus socios

La legislatura no ha hecho más que empezar y la actitud de Junts per Catalunya ya está poniendo a prueba la paciencia entre los integrantes de la mayoría de investidura que sustenta al Gobierno. Tras situar al Ejecutivo al borde del precipicio la pasada semana, en la votación de los decretos con medidas anticrisis y reformas exigidas por Bruselas, la formación independentista volvió a desconcertar al resto de partidos con la presentación, el pasado martes, de las enmiendas a la propuesta de ley de amnistía, in extremis y sin explicación alguna. Cuando todos los demás grupos implicados en la iniciativa daban por hecho que esas enmiendas se tramitarían de forma conjunta, Junts se descolgó con sus propias iniciativas y acabó arrastrando a Esquerra Republicana (ERC) por el mismo camino.

Entre los grupos que apoyan al Gobierno hay una impresión unánime: una de las mayores dificultades para sacar adelante la legislatura residirá en la competencia entre Junts y ERC. El partido de Carles Puigdemont resulta a menudo imprevisible incluso para los acostumbrados a tratar con él. Y además ha puesto todo su empeño en demostrar que se trata de un negociador mucho más firme y eficaz de lo que fue en los cuatro años anteriores su rival republicano en el campo independentista catalán. El temor de todo el bloque que respaldó la investidura de Pedro Sánchez es que esas actitudes se agudicen todavía más según se acerquen las elecciones autonómicas de Cataluña, donde la actual legislatura finaliza al comienzo de 2025.

Lo ocurrido este martes con las enmiendas a la ley de amnistía no ha hecho más que acrecentar esa inquietud. Entre todos los grupos que apoyan la iniciativa existía un pacto no escrito para no presentar ninguna enmienda individual y promover solo algunos retoques técnicos en un texto que, según sus promotores, está ya muy medido ante la certeza de que será examinado con lupa microscópica cuando las medidas de gracia se planteen ante los tribunales. ERC llevaba semanas asegurando que no presentaría ninguna enmienda que no estuviese acordada con las demás formaciones. Los dos grupos nacionalistas vascos y los gallegos del BNG se limitarían a asentir a lo decidido por sus correligionarios catalanes.

Esa era el panorama que describían los implicados el martes al mediodía, solo unas horas antes de que terminase —a las 18.00— el plazo para presentar las enmiendas. Tanto fuentes socialistas como de ERC y de los grupos vascos señalaban que se estaban ultimando los detalles entre los equipos jurídicos de cada formación y que las negociaciones tenían un carácter puramente técnico, sin contenido político. Y así ocurrió: PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y BNG firmaron conjuntamente nueve propuestas con retoques menores.

Lo inesperado fue que, en la misma tarde del martes, apenas 15 minutos antes del cierre del plazo para registrar esas enmiendas conjuntas, Junts se descolgó y decidió presentar una docena por su cuenta. Sin avisar y sin dar explicaciones, que en la Mesa de la comisión aún se desconocían 24 horas más tarde. A continuación, ya con el tiempo al límite, ERC, a pesar de lo que venía anunciando, tramitó sobre la marcha otras cuatro individualmente. Los grupos que apoyan al Gobierno interpretaron que Esquerra reaccionó así para no ofrecer la imagen que intenta endosarle Junts de que se comporta como un socio más complaciente para Sánchez. La maniobra cogió por sorpresa tanto al PSOE y a Sumar como a los nacionalistas vascos y gallegos, que daban por hecho que todo estaba acordado ya entre el conjunto de las formaciones y que se enteraron al límite, sin tiempo de reacción, lo que ha provocado gran malestar en esas formaciones, como ha constatado EL PAÍS con representantes de todas ellas.

Las enmiendas de ERC y Junts, aunque con matices diferentes, pretenden que las medidas de gracia a los independentistas con causas judiciales pendientes sean aplicables incluso a los que tengan condenas firmes por terrorismo, un supuesto excluido del texto inicial de la futura ley. Pero ERC y Junts parece que difieren en cómo debe precisarse esa situación en la norma, para que supere los filtros y recursos jurídicos posteriores y esa divergencia o “pique” entre los partidos independentistas catalanes podría ser, según fuentes de esa comisión, el motivo del desmarque en la firma de las enmiendas del partido de Puigdemont. Los independentistas justifican esa demanda en lo que entienden como animosidad contra el independentismo de jueces como Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional. Este magistrado ha atribuido delitos de terrorismo a Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ambos huidos en el extranjero, responsabilizándolos de la muerte de un turista francés por un infarto, el 14 de octubre de 2019, en el aeropuerto de Barcelona, que se encontraba cercado por activista que protestaban contra las condenas judiciales a líderes del procés.

El episodio de las enmiendas ha ratificado a los demás grupos en una impresión que resulta unánime: Junts “lo va a poner muy difícil” para avanzar en la legislatura. Y en un mes empezarán las negociaciones sobre los Presupuestos.