Junts y ERC piden no prohibir la amnistía a condenados por terrorismo y el PSOE lo rechaza

La ley de amnistía avanza rápido en el Congreso, tras ser rechazadas la semana pasada las enmiendas a la totalidad del PP y Vox y después de registrar este martes el PSOE con algunos de socios esta legislatura, Sumar, ERC, EH Bildu y BNG, nueve enmiendas técnicas y parciales a la norma para precisar algunos artículos con el fin de que superen los previsibles recursos que llegarán hasta el Constitucional y otros tribunales. En las correcciones pactadas y registradas conjuntamente por el PSOE y sus aliados, negociadas in extremis más por sus departamentos jurídicos que por los equipos políticos, se deja intacto el precepto que elimina la posibilidad de medida de gracia para los delitos de terrorismo con sentencia firme (en la actualidad, el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido de la Justicia española, está investigado en la Audiencia Nacional por una causa de presunto terrorismo).

Junts y ERC temen que la ley de amnistía no sirva para Puigdemont o la dirigente de ERC, Marta Rovira, si el Supremo decide abrirles una causa por terrorismo. Y Junts no ha suscrito al final ese pacto, por lo que ha tramitado 12 enmiendas particulares, una de ellas en la que pretende suprimir precisamente esa exclusión. ERC compaginó estar en las enmiendas generales con el PSOE y tramitar cuatro individuales, una con esa misma pretensión que Junts. El PSOE avanza que solo garantiza que saldrán adelante en la comisión de Justicia el martes que viene las enmiendas que ha negociado y pactado.

Los equipos jurídicos del PSOE, Sumar, ERC y Junts llevan días intercambiándose párrafos sobre cómo perfilar al máximo algunos artículos de la polémica ley de amnistía para evitar en el futuro posibles interpretaciones diversas y dispares de distintos jueces sobre cómo y a quién aplicar la norma y también que pueda ser tumbada por el Tribunal Constitucional ante los anunciados recursos del PP y Vox. Esos trabajos y debates de última hora, fundamentalmente técnicos, han sido supervisados también por expertos del Ministerio de Justicia encabezado por el ministro Félix Bolaños, que ha sido de nuevo el responsable de esta negociación compleja para el presente y futuro de esta complicada legislatura por las exigencias de algunos socios y en particular de Junts, el partido de Puigdemont.

Entre las enmiendas pactadas por el PSOE figura una que pretende blindar la aplicación de la ley de amnistía frente a recursos de los tribunales que podrían suponer la suspensión de los procedimientos. Una enmienda de Junts es todavía más clara en ese sentido y plantea crear una disposición adicional nueva para aplicar de manera preferente la ley de amnistía frente a recursos que puedan presentar los tribunales frente a la misma.

En caso de que ninguna de las enmiendas salga adelante, porque Junts no apoye las del PSOE y el PSOE no apoye las de Junts, todo quedaría igual y la amnistía incluiría a Puigdemont y Rovira ya que ninguno de ellos tiene sentencia firme por terrorismo. Los negociadores de la ley albergan dudas de que ese apartado de la ley, excluir delitos de terrorismo pero sólo si tienen sentencia firme, pueda pasar el filtro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o el Tribunal Constitucional.

Los partidos firmantes de las nueve enmiendas parciales a la ley, que suman 159 votos, las registraron de manera conjunta formalmente unos segundos fuera del límite temporal marcado en el Congreso, poco después de las seis de la tarde de este martes, por un error informático, pero fueron aceptadas porque se habían comunicado antes. El PP, en cualquier caso, se quejó y anunció que reclamará los informes técnicos que justificaron esa acción.

Tras la presentación de las enmiendas, los partidos evitaron cualquier comparecencia y se limitaron a facilitar los textos negociados con las correcciones sobre el proyecto original entregado en la Cámara baja tras muchas semanas de intensas negociaciones el pasado 13 de noviembre. Ni PNV ni Podemos han presentado enmiendas parciales y apoyarán con sus 11 escaños el documento cerrado entre el PSOE y algunos aliados. Los contactos entre los partidos continuarán ahora en la propia comisión de Justicia, pero en el PSOE advierten de que las únicas enmiendas que tienen garantizado prosperar son por ahora las consensuadas con Sumar, ERC, EH Bildu y BNG.

Tanto Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, como Marta Lois, de Sumar, o Aina Vidal, de En Comú Podem, anticiparon que la idea que se persigue con esas enmiendas acordadas era “reforzar y garantizar la seguridad jurídica de la ley”. Con ese argumentario, fuentes de esos mismos partidos reconocieron en privado que el objetivo final era blindar la norma ante las discusiones sobre su contenido que llegarán al Constitucional y delimitar bien los límites de interpretación que se dejarán a los jueces que tendrán en última instancia que aplicar los beneficios de esa amnistía.

En ese sentido, en una de las enmiendas patrocinadas por el PSOE, en el artículo 4, se clarifica que son los órganos judiciales competentes que conocen las causas los que aplicarán el levantamiento de las medidas cautelares y de las órdenes de detención de cada momento, y los que ordenarán “la inmediata puesta en libertad de las personas beneficiadas por la amnistía que se hallaran en prisión ya sea por haberse decretado su prisión provisional o en cumplimiento de condena”.

En el primer artículo de la ley original quedó claro cuál era su ámbito de actuación: amnistiar “los actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable, ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparación o de sus consecuencias, siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023, así como las siguientes acciones cometidas entre estas fechas, aunque no se encuentren directamente relacionadas con estas consultas o incluso hayan sido realizadas con posterioridad a su respectiva celebración”. En las enmiendas firmadas por el PSOE y sus aliados este martes se matiza en ese punto que serán amnistiadas esas actuaciones “en el contexto del denominado proceso independentista catalán”.

Pero el debate y la discusión de esta ley se centró especialmente, a los pocos días de su registro, sobre algunos de los apartados del artículo 2 de la ley en el que se precisaban los excluidos en la aplicación de esa norma y en particular en su apartado C: “Los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal siempre y cuando haya recaído sentencia firme y hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017″.

La causa de ‘Tsunami’

Una semana después de que el PSOE registrase en solitario la ley el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, envió a la Sala Penal del Tribunal Supremo una exposición razonada para que se investigara por terrorismo al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otras 10 personas en la causa de Tsunami Democràtic. El magistrado situaba además a Puigdemont como imputado y “en el vértice más alto” de esa organización y recordaba que el expresidente está aforado por ser eurodiputado. Ese artículo queda igual en las enmiendas cerradas por el PSOE y alguno de sus socios, y no se elimina la referencia al terrorismo, aunque ahora en ese punto C se añade que no serán amnistiados “los delitos contra la Comunidad Internacional comprendidos en el TÍTULO XXIV del Libro II del Código Penal” en alusión a los genocidios. ERC, que suscribe las enmiendas generales con el PSOE y otros socios, ha incluido sin embargo en una de sus cuatro enmiendas individuales la supresión entera de ese párrafo que alude al terrorismo y también lo ha hecho Junts.

Las 12 enmiendas presentadas por su parte por Junts se concentran en su anhelo de que la ley de amnistía incluya todos los casos de persecución contra el independentismo sin excepciones y que sea aplicable en toda su extensión y tenga efectos inmediatos en su aplicación, según fuentes de esa formación.

Tras el registro de las enmiendas parciales, ahora la ley y su debate definitivo se acelerará mucho en el Congreso. Este mismo jueves se constituirá la ponencia y el martes de la semana que viene, 23 de enero, el texto con sus cambios ya pasará el filtro de la comisión de Justicia, que se acaba de constituir y en la que por cierto se estrenarán los nuevos medios técnicos que permitirán el uso de todas las lenguas cooficiales del Estado y su traducción en ese tipo de sesiones de trabajo tras haberse aplicado ya esas novedades desde septiembre en los plenos. El pleno del Congreso podría discutir y aceptar la ley con sus retoques finales el martes 30 de enero, con la meta de llevar la norma ya para su trámite siguiente en el Senado a primeros de febrero, posiblemente el 1 de ese mes. El PSOE y sus socios han apretado los plazos al límite ante el temor de que el PP los demore durante al menos dos meses en el Senado, donde dispone de mayoría absoluta.