Un juez de la Audiencia Nacional irrumpe en una investidura que no termina de cerrarse

La justicia, un sector dominado por los conservadores, ha sido vista siempre por los socialistas como un elemento central de la oposición a Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa. Hace cuatro años, en la anterior investidura, la Junta Electoral Central inhabilitó al entonces presidente catalán Quim Torra cuatro días antes de votar, y los socialistas inmediatamente lo atribuyeron a un movimiento para torpedear el pacto con ERC, que pese a todo consiguió resistir. Desde entonces, Sánchez ha tenido enfrente al Consejo General del Poder Judicial, con mandato caducado hace cinco años, que retrasó seis meses la renovación del Tribunal Constitucional, y que este lunes se ha vuelto a reunir de forma excepcional contra una amnistía cuyo texto aún no conoce. El propio Constitucional, aún con mayoría conservadora, llegó a impedir el año pasado una votación del Senado para frenar una iniciativa de la mayoría que estaba pensada precisamente para forzar su renovación, algo inédito.

Y este lunes, en plenas negociaciones en Bruselas de una investidura que el PSOE y Junts no terminan de cerrar desde el jueves, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón irrumpió en la investidura al implicar a Carles Puigdemont, el expresident y principal negociador de Junts, en el caso Tsunami, en el que se investigan posibles delitos de terrorismo en las protestas tras la sentencia del procés en noviembre de 2019.

Después de cuatro años prácticamente parado, García-Castellón ha acelerado todo el proceso justo en plena negociación de la investidura y la amnistía y este lunes ha dictado un auto sin esperar siquiera al informe de la Fiscalía, que rechaza de plano esta imputación por terrorismo y cree que el caso debería ser de desórdenes públicos y, por tanto, tendría que llevarlo un tribunal ordinario en Cataluña y no la Audiencia Nacional. En el auto incluso pide a la Guardia Civil investigar la posible implicación de los presuntos dirigentes de Tsunami Democràtic, entre los que coloca a Puigdemont y a Marta Rovira, secretaria general de ERC, en la muerte por infarto de un viajero durante el bloqueo del aeropuerto de El Prat (Barcelona), en las protestas contra la sentencia. Este tema es decisivo porque la amnistía en ningún caso cubriría delitos con resultado de muerte, aunque parece difícil implicar a los dos dirigentes, en ese momento uno en Bruselas y otra en Suiza, en la muerte por infarto de un ciudadano en Barcelona.

Los socialistas evitaron cualquier comentario en público, para no enfrentarse abiertamente a la justicia en un momento tan delicado, pero en privado la interpretación fue absolutamente generalizada. Para ellos, García-Castellón ha hecho un movimiento de claro contenido político con la intención de torpedear la investidura. Los socialistas recuerdan que José María Aznar, presidente de honor del PP, animó la semana pasada a todos los españoles, cada uno en su responsabilidad, a hacer lo posible por frenar la amnistía y la investidura de Pedro Sánchez, al que el expresidente considera “un peligro para la democracia”, y creen que esta es la respuesta del juez del caso Tsunami a ese llamamiento que se ha instalado en los sectores conservadores, muy activos estos días. El PP, de hecho, ha decidido convocar una nueva manifestación contra la amnistía este domingo, en una nueva competición con Vox para liderar las protestas en la calle. De momento, este lunes se han celebrado de nuevo manifestaciones frente a sedes del PSOE en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Zaragoza, en las que cientos de personas se han movilizado contra la amnistía. La Delegación del Gobierno ha cifrado en 3.800 los asistentes a la movilización junto a la sede nacional del PSOE en la madrileña calle de Ferraz. Efectivos policiales antidisturbios cargaron contra la cabecera de la manifestación tras el intento de derribar unas vallas de seguridad, informa Miguel González.

Para este próximo domingo, si todo sale según lo previsto por el PSOE, Sánchez ya podría ser presidente. Sin embargo, el acuerdo se sigue retrasando y mañana ya sería una fecha prácticamente límite para hacer la investidura esta semana. En teoría debería convocarse el pleno con 48 horas de antelación, aunque hay antecedentes de hacerlo en 24 horas. La Mesa del Congreso ha habilitado los festivos y fines de semana, por lo que en caso extremo la investidura podría ser viernes y sábado, aunque la idea inicial era miércoles y jueves o jueves y viernes. Fuentes de la negociación de los dos sectores insiste en que la decisión de García Castellón no cambia las cosas y la discusión sigue con la intención de sacar adelante el acuerdo cuanto antes, si es posible este martes por la mañana para poner en marcha la investidura a toda velocidad.

Mientras el PSOE y Sumar mantenían la prudencia en las declaraciones, o más bien silencio en el caso de los socialistas, los independentistas fueron muy claros en sus ataques al juez de la Audiencia Nacional. Puigdemont fue rotundo: “Es el golpe de Estado permanente que tanto les gusta revivir, sea con sables o con togas. Mientras no cierren la puerta que abrió el Rey con el discurso del 3 de octubre, siempre se olerá la peste a cloaca”, sentenció. Marta Rovira, de ERC, calificó de “aberrante” la imputación y sostuvo que es “una reacción de los poderes reaccionarios del Estado contra la amnistía”. Aun así, ninguno de los mensajes que llegaron del independentismo hacen pensar en un cambio de estrategia sobre la investidura. Las negociaciones siguen y todos los implicados descartan una ruptura, aunque no terminan de cerrarse.

Fuentes de la negociación señalaron en Bruselas que los “atascos” se encuentran en “cuestiones técnicas de la ley” que se deben verificar para que el texto legal que salga de la capital belga no tenga fisuras por las que pueda ser atacado. “Una ley como esta tiene que estar afinada hasta el último párrafo y la última línea”, indican al respecto, señalando que son los juristas de ambas partes los que siguen revisando cada punto. La negociación se producía este lunes a 300 metros, la distancia que separa la base de los socialistas, el hotel Sofitel de Bruselas —el mismo donde se aloja Pedro Sánchez cuando participa en las cumbres de la UE— y el club de prensa donde se reunieron, durante toda la mañana, los miembros de la cúpula de Junts.

La noticia de la imputación por la Audiencia Nacional llegó en plenas negociaciones en la capital belga sobre la ley de amnistía y cuando parte de la cúpula de Junts estaba de regreso a Barcelona. Fuentes cercanas a la dirección de Junts confirmaron que, tras la reunión de los miembros del secretariado permanente del partido, Puigdemont ha vuelto a coger en solitario las riendas de la negociación. En Bruselas solo se han quedado Jordi Turull, secretario general del partido, Míriam Nogueras, portavoz del partido en el Congreso, y Laura Borràs, presidenta de la formación, mientras por los socialistas seguía allí Santos Cerdán, número tres del partido.

Contactos ininterrumpidos

Los contactos son ininterrumpidos y se prolongaron ya hasta tarde el domingo, cuando el número tres del PSOE regresó a Bruselas, al igual que altas figuras de Junts. No obstante, nadie se atreve a poner un plazo a las conversaciones, a pesar de que se está muy cerca de un acuerdo. No son “ocho folios” los que falta por negociar, pero sí “cuestiones técnicas de la ley” que se deben verificar para que el texto legal que salga de la capital belga no tenga fisuras por las que pueda ser atacado.

En realidad, hay mucho margen de tiempo, hasta el 27 de noviembre. Pero nadie parece querer agotar ese plazo y menos ahora que ha quedado en evidencia que la presión va a seguir aumentando cada día y que incluso la Audiencia Nacional entra en la escena con decisiones que torpedean la negociación, aunque de momento parece que sin éxito. Los socialistas están insistiendo a sus interlocutores de Junts en que esto debe cerrarse ya para evitar que siga subiendo la tensión. Los independentistas tienen menos prisa, pero también admiten que no quieren prolongar indefinidamente las negociaciones. Este martes parece un día decisivo, pero ya han tenido varios de este tipo sin que se concluyeran las negociaciones.