Nueve vocales del Poder Judicial critican la Ley de Partidos del PP

Dos votos particulares al informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al anteproyecto de Ley de Partidos, suscritos, respectivamente, por los ocho vocales de la minoría progresista (propuestos por el PSOE e IU) y por el de CiU, concretaron ayer las críticas al texto prelegislativo, en discrepancia con los 11 consejeros próximos al PP.

El voto particular de la minoría progresista, elaborado ayer por Luis Aguiar, además de rechazar que 50 parlamentarios puedan denunciar a un partido y que una Sala Especial del Supremo decida la disolución, critica las 'ambigüedades e imprecisiones' del artículo 8, que describe las conductas que pueden conducir a la ilegalización de un partido.

Estos ocho vocales consideran 'inexcusable eliminar del anteproyecto' que un partido pueda disolverse porque sus miembros propicien 'la creación de un clima social degradado de enfrentamiento y exclusión'; cuando utilicen los procedimientos democráticos para 'la impugnación generalizada de la legalidad'; den apoyo 'tácito' al terrorismo o realicen 'programas y actuaciones que fomenten una cultura de enfrentamiento y confrontación civil'.

La supuesta inconstitucionalidad es razonada así: 'Una ley restrictiva de derechos individuales (y ésta indubitadamente lo es) no puede tener, por expresa prescripción constitucional, ningún tipo de proyección hacia atrás en el tiempo, lo que comporta que no puedan ser contempladas como causas de ilegalización de un partido político conductas anteriores a la entrada en vigor de la ley'.

Fines y medios terroristas

El voto particular de Alfons López Tena, el vocal propuesto por CiU, critica también los aspectos 'problemáticos' de algunas conductas 'ambiguas y poco precisas' como causas de disolución de un partido. Estima, por ejemplo, que se aproxima 'a los peligrosos límites de penalizar ideas' el exigir que los condenados por delitos de terrorismo rechacen públicamente 'los fines y los medios terroristas'.

López Tena explica que los fines 'podrán ser compartidos por muchas personas que legítimamente los suscriben e intentan llevarlos a la práctica por medios pacíficos, legales y constitucionales, y cuya pretendida defensa por los terroristas no los convierte en ilegales mientras no sean objeto de tipificación penal'.

El vocal propuesto por CiU cree que la aplicación de la futura ley 'a hechos acaecidos antes de su entrada en vigor, en cuanto determinan sanciones, incurre en la prohibición constitucional de retroactividad de disposiciones sancionadoras'. Además, rechaza que 50 parlamentarios puedan denunciar a un partido 'para expulsar de la pluralidad política a un competidor, con refuerzo de los grandes frente a los pequeños y riesgo de uso tácito en la lucha política y electoral'.

Por su parte, Jueces para la Democracia comunicó ayer que 'el anteproyecto plantea serias dudas técnico-jurídicas'.