El Govern prevé poder empezar a pagar en noviembre las primeras ayudas de autoconsumo

Se abrió el periodo para solicitar subvenciones y el sistema colapsó: en una semana llegaron 10.000 solicitudes. Desde entonces, los técnicos del Instituto Catalán de la Energía (Icaen) capean el temporal lo mejor que pueden para gestionar las ayudas a la instalación de placas fotovoltaicas en viviendas, empresas y administraciones para su autoconsumo, una de las patas de la transición energética. Ahora ya son 72.945 las peticiones que tienen que digerir y han respondido, además, a en torno de 15.000 correos electrónicos con dudas sobre el procedimiento. Y el proceso es lento, tanto que esperan poder llegar a efectuar los primeros pagos alrededor del mes de noviembre, casi dos años después de iniciarse la convocatoria.

“Hasta que no estás dentro no ves la complejidad de gestionar estas ayudas”, señala como si fuera una confesión Marta Morera, directora del organismo de la Generalitat. El equipo que se dedica a ese programa, del que dependen 223,6 millones de euros de fondos europeos (previsiblemente llegarán más recursos del Ministerio para la Transición Energética), ha crecido en 44 personas ante el alud de solicitudes. Revisar cada una, solo para certificar que está toda la información requerida, lleva un mínimo de 20 minutos (por lo que solo ese proceso se come 3.000 jornadas laborales de ocho horas). Una vez asegurado el primer paso se puede seguir el trabajo: otorgamiento inicial de la solicitud (se da por recibido), justificación 18 meses después y tras eso, si cabe, el pago. Ese es el camino perfecto, siempre y cuando no se produzcan impedimentos como la mencionada falta de documentación, recursos de los solicitantes u otros. Cada requerimiento tiene su propia interpretación.

De momento, se han justificado 3.000 solicitudes que previsiblemente se revisarán a partir del mes de septiembre. Es el paso previo a la resolución de pago, por lo que la documentación pasará a otra bandeja y se abrirá un periodo que se prolongará al menos un par de semanas más. En noviembre podrían llegar los primeros ingresos en las cuentas corrientes de los solicitantes.

Morera admite que un centenar de solicitantes han expresado sus quejas por la lentitud de todo el proceso. De esos, una decena han llegado hasta el Síndic de Greuges. Pero en su opinión se trata de un grupo de personas muy pequeño en relación con las 70.000 solicitudes que han tenido que gestionar, un número que no para de crecer y que aumenta todavía más la presión sobre los trabajadores. La Generalitat está convencida de que no todas las solicitudes tendrán premio: antes las ayudas, que se agotan por orden de entrada de las demandas, se agotarán. Las solicitudes recibidas requerirían de unas ayudas totales de 549 millones de euros, el doble de lo que está previsto por el momento.

Pese a esa previsión no se puede cerrar la convocatoria y se ha de seguir tramitando expedientes como en el principio, por si hubiera desestimientos, no se aprobaran algunas demandas o, incluso, llegaran nuevos recursos que pudieran acoger las solicitudes que se han quedado fuera. “No podemos cerrar la convocatoria hasta que hayamos otorgado el 100% del presupuesto, como indica la normativa”, señala Morera, “y eso implica que no haya suficiente presupuesto para atender todas las peticiones. No podemos evitarlo, aunque esto generen que más de la mitad queden fuera”. En todo caso, asegura que todo el mundo obtendrá una respuesta y los que entren, acabarán cobrando.

El autoconsumo siempre ha sido el eslabón más pequeño de la cadena de generación eléctrica. Pero el último año ha dado un salto considerable y las ayudas europeos se han convertido en una palanca definitiva para su explosión. Solo con los otorgamientos de solicitudes que ya ha hecho la Generalitat se aseguraría una potencia instalada de 480 megavatios, el equivalente a un ciclo combinado. En los años 2000, cuando este tipo de instalación que requiere de gas estaban en auge entre las energéticas, su construcción podía requerir una inversión superior a los 200 millones de euros.

Actualmente, según los datos de la Generalitat, hay instalada en Cataluña una potencia de 700 megavatios. Morera está segura de que la finalización de las ayudas no supondrán un freno para su instalación, puesto que, desde su punto de vista, su puesta en marcha es rentable desde el inicio.

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