La sentencia sobre la inmunidad de Puigdemont da alas a un cisma en Waterloo

“¿No Estrasburgo hoy?”. Un trabajador de la peluquería que funciona en la sede de la Eurocámara en Bruselas saludaba así, el pasado miércoles, a Toni Comín. El exconsejero catalán de Salud y el expresident Carles Puigdemont siguieron el pleno de esta semana desde la capital belga, tras denunciar la falta de garantías para desplazarse a la ciudad francesa sin ser detenidos. Allí sí estaba la también eurodiputada y compañera de filas Clara Ponsatí. El contraste no tiene que ver solo con las diversas situaciones procesales ante la justicia española de cada uno de ellos o la retirada de la inmunidad dictada por el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) el pasado día 5. Algo más se tambalea en Waterloo.

La sentencia de Luxemburgo ha remarcado un cisma que desde hace tiempo se gestaba en el seno de la representación de Junts en el Parlamento Europeo y que ambas partes matizan con intensidades diferentes. “El independentismo pide nuevas formaciones”, aseguró el lunes la propia Ponsatí en una entrevista al diario Ara. Ella ―en rebeldía a la citación para comparecer ante el magistrado Pablo Llarena por un delito de desobediencia― dice estar dispuesta a implicarse. No hay ni CIF o al menos una cumbre fundacional de ese nuevo espacio o partido, pero no son pocas las voces que ubican detrás de toda esa supuesta operación al filósofo Jordi Graupera. Él es asistente de la oficina de Ponsatí desde diciembre pasado y fue candidato de Primàries a la alcaldía de Barcelona en 2019, un movimiento relacionado con las listas al margen de los partidos independentistas que la Assemblea Nacional Catalana (ANC) quiso promover en su día.

El adelanto de las elecciones generales había abierto una inesperada ventana de oportunidad para Puigdemont y su partido, Junts, que este martes cumplirá tres años desde su fundación. La convocatoria del 23-J comportó que la comunicación del fallo sobre la inmunidad coincidiera con el sexto día de campaña. Los tres habían recurrido a esa primera instancia, en mayo de 2021, la retirada del blindaje hecha por la Eurocámara. El equipo jurídico de los eurodiputados mantenía alguna esperanza sobre un fallo al cual poder agarrarse y en Junts se aprestaban a exprimir electoralmente ese escenario.

En sus cálculos, una nueva victoria de la “vía del exilio” permitiría apuntalar unos comicios donde el objetivo claro es consolidar el sorpasso a Esquerra Republicana como primera fuerza independentista que ya se vivió en las municipales de mayo. Junts se lanzaba a capitalizar el desgaste electoral de los de Oriol Junqueras, que atribuyen a la apuesta por la vía de negociación con el Gobierno. La decisión judicial, sin embargo, no solo no fue favorable a los eurodiputados sino que, inesperadamente, fue utilizada para cuestionar al proyecto común. Fuego amigo, directamente.

“La decisión del Tribunal es un final de etapa que debería hacer reflexionar sobre cómo se han gestionado las expectativas después de 2017. Estas constantes salidas por la tangente deben acabar”, dijo Ponsatí en la rueda de prensa tras conocerse el fallo, ante una cúpula ojiplática de Junts que le escuchaba y había viajado para arroparles. “Los catalanes merecen otra política, merecen escuchar la verdad. La persecución contra los catalanes no terminará hasta que no seamos libres, hasta que no seamos un Estado independiente”, apostilló la eurodiputada, incidiendo en un día sensible con un argumento que llevaba meses repitiendo en otros foros. Y que va en la línea de las críticas de su asesor Graupera.

La figura de Puigdemont ha sido providencial en todas las campañas tras el 2017, cuando se declaró en rebeldía en Bélgica. En la del 23-J, sin embargo, ha estado ausente hasta ahora y debutará este domingo, con una conexión en directo en el mitin que se celebrará en su pueblo natal, Amer (Girona). El revés judicial fue recibido por él con pesadumbre, explican voces de su entorno. Pero se trata de una decisión de primera instancia y Puigdemont siempre ha dado a entender que aborda su enfrentamiento con el Estado con la misma complejidad que se mira una partida de ajedrez. Si hay opciones hay partido y, ahora, además del recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, están pendientes de si el magistrado Pablo Llarena emite o no una nueva euroorden. El verdadero dolor, añaden esas voces, está en que las críticas de Ponsatí vayan en contra de la idea de la unidad del independentismo que siempre ha obsesionado al fundador de Junts. “En gran parte no estoy de acuerdo, ni en el tono, ni en el fondo, ni en la forma, ni en el momento”, dijo en RAC-1 Puigdemont, el pasado miércoles, para después calificar las declaraciones de error.

Ponsatí, que en varias ocasiones ha pedido asumir la posibilidad de que la lucha independentista implique muertos por la “violencia” del Estado, vuelve a marcar perfil. Para dejar claro que sus palabras tras la sentencia no fueron ningún simple desliz, ha subrayado y lamentado en los últimos días que las fuerzas independentistas presentes en el Parlament, Junts, ERC y la CUP, hayan renunciado a sacar adelante la independencia. En su equipo sostienen que habría hecho la misma crítica incluso si el fallo hubiera sido favorable. La eurodiputada lleva meses denunciando que hay una parte de Junts que se beneficia de extender el discurso sobre “el exilio” y es ahí donde pide soltar lastre.

Parte de esa crítica es compartida por un sector del partido, aunque coinciden en afear a la exconsejera y su entorno el momento elegido para plantearla. “Hace tiempo que están trabajando en su proyecto político. Están en todo su derecho. El tema son las formas, lo hacen muy mal”, agregan. El regreso de Ponsatí a España el pasado marzo, aprovechando la derogación del delito de sedición que pactaron el PSOE y ERC, había sido pactado en su día en Waterloo dentro de la estrategia global del llamado exilio. A ella se le busca por un delito de desobediencia ―sin pena de cárcel―, mientras que Puigdemont y Comín tienen que responder también por malversación agravada que si implican penas de prisión. En ese momento también levantó más de una ceja en Junts el papel de Graupera organizando la operación de regreso momentáneo con tintes épicos de Ponsatí a Barcelona: compareció ante un juez de guardia y después evitó presentarse ante Llarena el día señalado y este activó una orden nacional de captura.

“Clara siempre ha sido un verso libre”, coinciden voces dentro del grupo parlamentario en Bruselas. Pero el problema es que en su cruzada por señalar a los sectores de Junts que abogan por recuperar algún tipo de vía pragmática ha dejado caer mensajes como el de no votar candidatos de Junts ―ya lo hizo en su día con Xavier Trias asegurando que no le representaba― que se inclinaría por “la abstención o el voto en blanco”. Esto coincide justamente con un momento en que desde algunos sectores de la ANC se abogó por un boicot independentista a la participación del 23-J, aunque las bases frenaron la idea en una votación. En Junts hay quien cree que ese fuego amigo termina por cuestionar los liderazgos y que, ante una apatía mayor, quienes se podrían beneficiar electoralmente serías fuerzas ultras catalanas como Aliança Catalana (liderada por la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols) o el Front Nacional.

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