Ada Colau tendrá que declarar como investigada en marzo por presionar y multar al fondo de inversión Vauras

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sus concejales de Vivienda (Lucía Martín) y del distrito de Sants (Marc Serra) y la funcionaria municipal responsable de la unidad antidesahucios, han sido citados a declarar el próximo mes de marzo como investigados por presionar y multar al fondo Vauras Investment, propietario del conocido como bloque Llavors, un edificio en el que vivían inquilinos y okupas, en la calle de Lleida. La citación, hecha pública este martes por la alcaldesa, llega después de que la Audiencia Provincial reabriera en abril del año pasado la causa que había sido previamente archivada por una juez y en la que Vauras Investments acusaba a los concejales y la trabajadora de prevaricación, malversación y coacciones.

Los responsables municipales han sido citados los días 10 y 13 de marzo, cuando faltarán dos meses y medio para las elecciones. La alcaldesa se ha mostrado “muy tranquila”, ya que, ha dicho, “no tenemos nada que esconder”, por lo que confía en que el caso se archive como “otras 10 querellas que han sido archivadas”. Colau ha arremetido contra las empresas cuyos intereses se ven afectados por actuaciones municipales o la aplicación de legislación vigente y “hacen un mal uso” de la justicia, con “recursos y recursos”, “hasta que consiguen la imagen de una alcaldesa declarando”.

Colau tiene otro frente judicial abierto: el del caso de las subvenciones a entidades afines. En noviembre pasado, también la Audiencia de Barcelona vio indicios de prevaricación y rectificó el archivo dictado en verano por un juez. En este caso, el juzgado inició las diligencias que le pidió la Audiencia y la parte querellante ha pedido la declaración del interventor general como testimonio. Por ahora, no está prevista la declaración de la alcaldesa, porque ya lo hizo en marzo pasado, informan fuentes municipales.

En el caso de Vauras Investment, la empresa presentó la querella después de que el Ayuntamiento le sancionara con 417.000 euros por negarse a ofrecer un alquiler social a las personas vulnerables que vivían en el bloque Llavors que tenían derecho a este alquiler, de acuerdo a la ley 24/2015. Tras varios intentos de desahucio, el edificio fue desalojado por los Mossos en mayo de 2021, en los primeros días de Pere Aragonès al frente de la Generalitat, una actuación con cargas policiales y la presencia de diputados de la CUP que levantó una gran polvareda política.

En primera instancia, la querella fue inadmitida por la juez, que entendió que se atribuían delitos “sin rigor ni precisión”, que “ni tan solo revisten la mínima e indiciaria apariencia penal”, ha recordado Colau durante una comparecencia. El concejal Marc Serra, que también lo es de Derechos de ciudadanía, ha explicado que la Audiencia argumenta la reapertura y citación “siguiendo la jurisprudencia partidaria de practicar un mínimo de diligencias antes de archivar” y ha señalado que “no solo reabre el caso, sino que obliga a la juez a que cite como investigados a los querellados”.

Serra ha precisado que los delitos que se imputan “sin vincularse a ninguna actuación concreta” son los de prevaricación, malversación y coacciones. Ha apuntado que inicialmente, los delitos eran 10. “Esta mala fe procesal de algunas empresas, como el caso del fondo de capital internacional Vauras, acaba provocando un abuso del sistema judicial que nos lleva a situaciones inauditas, como que una alcaldesa tenga que declarar sobre unos hechos con los que no tiene relación”.

“Estas querellas nos recuerdan que estamos para defender a la gente”

Colau se ha mostrado confiada en que este caso sea archivado, “como ha ocurrido en otras 10 querellas”. Al recordar el caso, ha criticado la “praxis generalizada de empresas que compran inmuebles y hacen la vida imposible a los que viven para especular, revender o alquilar a precios imposibles para los vecinos de la ciudad” y ha defendido que el Ayuntamiento multó a Vauras cuando se le requirió que “cumpliera la normativa vigente, aplicar la ley 24/2015 por la que debían ofrecer alquiler social a los habitantes en situación de vulnerabilidad”.

“Los fondos de inversión tienen mucho dinero y abogados y recurrieron la inadmisión”, ha relatado la alcaldesa, que se ha mostrado “muy tranquila”. “No tengo ninguna duda de que acabará archivado”, ha dicho, al tiempo que ha reivindicado el trabajo de “los concejales y trabajadores públicos”. Colau ha lamentado “un patrón que se repite en la ciudad, por parte de determinados sectores económicos del sector inmobiliario o la compañía de aguas, que cuando hemos puesto límites o hemos defendido que se cumpla la ley y encuentran un obstáculo por parte del Ayuntamiento comienzan un mal uso de la ley y abusan de los recursos jurídicos para poner querellas y recursos y recursos hasta que consiguen una reapertura y la imagen de una alcaldesa declarando, que genera titulares con casos que acaban archivados”. “Estas querellas nos recuerdan que estamos aquí para defender a la gente y a la institución frente a los abusos”, ha concluido.

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