Ada Colau tendrá que declarar como investigada por presionar y multar a un fondo buitre

La Audiencia de Barcelona ha reabierto una causa contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, después de que el fondo buitre Vauras Investments le acusara de prevaricación administrativa y coacciones. La empresa acusa al Ayuntamiento de haberle multado después de negarse a ofrecer un alquiler social a los okupas del bautizado como Bloc Llavors. Este edificio de la calle Lleida de Barcelona fue desalojado por los Mossos en mayo de 2021, en los primeros días de Pere Aragonès al frente de la Generalitat.

La jueza instructora y la fiscalía no habían apreciado indicios de responsabilidad penal en la alcaldesa y el resto de miembros del Consistorio. Pero la Sección Octava de la Audiencia de Barcelona cree que los hechos, “en caso de ser ciertos”, sí podrían constituir los delitos de coacciones y prevaricación. Los magistrados concluyen que debe citarse a declarar, como investigados, tanto a Colau como a los concejales Marc Serra y Lucía Martín, además de una funcionaria del área de vivienda.

En el edificio, propiedad de Vauras, se alojaron en 2020 seis familias. A lo largo de diversas jornadas, los Mossos desalojaron a la totalidad de los okupas tras varios intentos fallidos. El Consistorio, por su parte, optó por multar al fondo buitre alegando, tal y como marcaba la ley catalana de Vivienda, que al tratarse de familias vulnerables el propietario –que tiene decenas de inmuebles- debía ofrecer un alquiler social.

El concejal de Sants Montjuïc, Marc Serra -también imputado en la causa- se defendió la mañana de este lunes: “Se nos acusa de aplicar la legislación de vivienda que estaba aprobada por el Parlament de Cataluña y protege el derecho de los vecinos. No podíamos hacer otra cosa que aplicarla y lo hicimos tanto por convicción como por obligación legal”. Serra mantuvo que quien debe dar explicaciones es el fondo de inversión. “Tenemos diez denuncias como estas que provienen de multinacionales, lobby de ultraderecha y fondos buitres y confiamos que todas serán archivadas”, advierte Serra.

Por su parte, la concejal de vivienda Lucia Martín recordó que la causa por la que ahora está imputada es un “caso clarísimo de especulación inmobiliaria”. El fondo es propietario del edificio desde 2017. “Desde el Ayuntamiento comprobamos la situación de exclusión residencial a la que estaban sometidos los vecinos y en enero de 2020 enviamos un requerimiento a la propiedad para que les hicieran una oferta de alquiler social. Ante los incumplimientos continuos iniciamos los expedientes sancionadores que llegaron a ser una multa de 417.000 euros”, alegó la concejal. “Estamos convencidas de la actuación municipal fue correcta y continuaremos defendiendo la vivienda y defensa contundente de las funcionarias municipales que hacen su trabajo escrupulosamente”, asegura Martín.

Uno de los pisos del bloque Llavors fue desalojado a principios de mayo de 2021 y marcó el inicio de la legislatura de Pere Aragonès. La CUP había acordado con ERC que para dar su voto a la investidura, los Mossos no podían participar en desahucios de personas vulnerables. Los ocupantes de la vivienda tenían el certificado de vulnerabilidad de los servicios sociales. Varios activistas intentaron evitar el desahucio, entre ellos cuatro diputados de la CUP que acusaron de deslealtad a ERC.

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