Colau niega ante el juez haber influido para otorgar subvenciones a dedo a entidades afines

La alcaldesa de Barcelona defiende la legalidad de las ayudas, se desmarca de su tramitación y dice que no se abstuvo al aprobarlas porque no tenía intereses personales

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sale de la Ciudad de la Justicia, tras declarar ante el juez.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sale de la Ciudad de la Justicia, tras declarar ante el juez.Carles Ribas

Ada Colau ha despachado en poco más de media hora su declaración como investigada ante el juez por las subvenciones directas -sin concurso público- concedidas a entidades afines. La alcaldesa de Barcelona -que ha entrado en la Ciudad de la Justicia por el acceso secundario, el de L’Hospitalet- ha defendido la legalidad de las ayudas públicas a asociaciones con las que ella y miembros de su Gobierno habían mantenido estrechos vínculos antes de llegar al poder, en 2015: el Observatorio DESC, Ingenieros sin Fronteras, Alianza contra la Pobreza Energética y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de la que fue fundadora y portavoz. A preguntas del fiscal, Colau ha negado haber influido para otorgarles las ayudas y se ha desmarcado de su tramitación.

Colau, que ha permanecido tranquila durante el interrogatorio a puerta cerrada, se ha desligado de cualquier intervención en los expedientes. Ha explicado, según fuentes judiciales, que al llegar a la alcaldía delegó expresamente atribuciones en ese terreno a los responsables de cada área municipal. La alcaldesa ha justificado que se concedieran las ayudas mediante adjudicación directa, que están permitidas por la ley solo de forma excepcional, cuando se dan algunos supuestos. Por ejemplo, que haya razones de “interés público, social, económico o humanitario”. Colau ha defendido la labor de las entidades en ámbitos como la vivienda o la lucha contra la pobreza. Y ha recordado que ya recibían ayudas antes de 2015: DESC, ha dicho, se creó en 1998 y desde entonces recibe ayudas de todo tipo de instituciones públicas, incluido el Estado o la Diputación de Barcelona.

Aunque unos 200 partidarios de Colau -cargos del Ayuntamiento y activistas de Barcelona en Comú- la esperaban desde primera hora de la mañana en el acceso principal, en la Gran Vía de Barcelona, la alcaldesa ha llegado a los juzgados por la puerta de atrás. Lo ha hecho arropada por el concejal Marc Serra, el secretario del Ayuntamiento y sus abogados. Tras unos minutos de espera en la primera planta, ha accedido a la sala de interrogatorios, donde ha decidido responder a las preguntas de su defensa y de la Fiscalía, pero no a las de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) que interpuso la querella y que la ha llevado ante el juez por los delitos de prevaricación, fraude, malversación, negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias. Colau rechaza dimitir pese a que el código ético de su partido recoge que cualquier investigado por delitos de corrupción; argumenta que el reglamento habla de “lucro personal”.

El fiscal ya archivó, en julio de 2021, una denuncia que es “en un 99%” idéntica a la querella que ha llevado a Colau a declarar como investigada, según han detallado este viernes fuentes del ministerio público. La Fiscalía constató la existencia de relaciones profesionales entre el círculo más cercano a alcaldesa y las entidades subvencionadas. Pero descartó la existencia de delito o “trato de favor”. El fiscal ha planteado un interrogatorio que ha ido en línea con aquellas conclusiones y ha preguntado a Colau, entre otras cuestiones, por sus relaciones con la PAH y por si alguna de las ayudas ha estado destinada a proyectos en los que estaba involucrada.

En aquel decreto de archivo, el fiscal advertía no obstante de la existencia de irregularidades administrativas. Por ejemplo, que en la comisión de gobierno -que aprueba las subvenciones- Colau y los ediles que habían tenido tratos con las entidades “deberían haber acatado el deber de abstención” para “preservar la ética que debe suponerse en una decisión de este calado”. La alcaldesa también ha contestado a esa cuestión. Ha dicho que siempre pensó que solo debía abstenerse cuando concurría un “interés personal” en la concesión de las ayudas. Y, según ha manifestado, en ningún caso lo tenía. La alcaldesa ha detallado que incluso consultó con el secretario municipal y que este ratificó que no incurría en ninguna irregularidad por participar en las votaciones.

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La querella de la ATCD menciona unos informes de la Intervención municipal que cuestionan, por recurrente, la adjudicación directa. En línea con las alegaciones de su defensa, Colau se ha esforzado en desmontar este punto. Ha asegurado que esos informes en ningún caso paralizaron los procedimientos (cuando podrían haberlo hecho) y que se trataba de recomendaciones que el Ayuntamiento, finalmente, tuvo en cuenta. En 2020, el convenio con el Observatorio DESC -que gestiona las ayudas a las entidades- siguió siendo por adjudicación directa, pero se cambió la fórmula y las ayudas pasaron a ser nominativas. Eso significa que se integran en el presupuesto -se hace una reserva de crédito anual- y son aprobadas por el pleno municipal. Colau ha dicho que no se pudo hacer hasta ese año porque, con anterioridad, el consistorio funcionó con presupuestos prorrogados.

Salvo sorpresas, el fiscal previsiblemente no solicitará nuevas diligencias. El juez de instrucción ha escuchado a Colau y tiene en su poder toda la documentación aportada: los expedientes de las subvenciones, las investigaciones de la Fiscalía y los informes de la Intervención. La defensa dejará reposar la causa unas semanas y pedirá próximamente el archivo de la causa y que la alcaldesa sea exculpada.

Tras la declaración en sede judicial, Colau ha comparecido en el Ayuntamiento, donde ha asegurado que ha salido “tranquila y contenta sin nada que ocultar y confiada de que esto acabe en archivo”: “Me he podido explicar bien y responder a cuanto se me ha preguntado y ha quedado claro que no hay caso, que la querella es calcada a la que fue archivada por fiscalía, lo que confirma que hay mala fe de los querellantes, que comparten el mismo abogado”.

En unas consideraciones más políticas, Colau ha lamentado que las querellas buscan también “erosionar la credibilidad de las entidades sociales”. Y también ha apuntado a Agbar como impulsora de acciones judiciales contra su Gobierno: “No podemos afirmar que esté Agbar detrás de la última, sí que ha hecho 40 acciones jurídicas contra este gobierno que es el primero que ha puesto sobre la mesa la gestión del bien público que es el agua”. Colau ha indicado que la entidad de la querella que ha llegado este viernes ante el juez “actuó para paralizar por la vida jurídica el reglamento de participación del Ayuntamiento para hacer una consulta y preguntar sobre la gestión pública del agua; y se querelló contra el alcalde de Valladolid por querer gestionar también públicamente este bien”. “Que sepan que si con estas querellas van a conseguir pararnos, esta ofensiva judicial nos reafirma en lo que hemos venido a hacer, defender el bien común ante los intereses de una minoría y sus privilegios”, ha finalizado.

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