Colau seguirá otorgando sin concurso la subvención a la PAH

El Gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no tiene intención de modificar la fórmula, sin concurso, por la que otorga subvenciones a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Alianza por la Pobreza Energética (APE), ambas gestionadas a través del Observatorio DESC, para atender a familias amenazadas de desahucio o cortes de suministros. El Ayuntamiento mantiene que las ayudas cumplen con la legalidad, pese a que la Fiscalía advirtió de irregularidades administrativas en su concesión. Estas ayudas llegan el próximo viernes 4 de marzo a juicio, con la declaración de Colau tras ser acusada de prevaricación por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática.

En verano pasado, la Fiscalía de Barcelona archivó una denuncia de Abogados Catalanes por la Constitución muy parecida a la que ahora se verá en la Ciudad de la Justicia. En su decreto de archivo, la Fiscalía descartaba la prevaricación y mantenía que estas entidades “no se beneficiaron de un trato de favor especial” respecto a otras entidades: “Sus subvenciones se tramitaron igual que las destinadas a cientos de entidades”. Con todo, advertía de “irregularidades de orden administrativo” en la fórmula elegida para otorgarlas, que si llegaran a la justicia sería por la vía del contencioso-administrativo.

Fuentes municipales explican que estas subvenciones, que se formalizan en convenios bianuales (el convenio fija las tareas a realizar por cada entidad y qué relación se establece con el Ayuntamiento), se otorgan desde 2014, cuando el alcalde era Xavier Trias (CiU). Son subvenciones directas excepcionales, sin concurrencia, que se conceden cuando una entidad presenta un proyecto singular por un motivo excepcional. En este caso, la emergencia habitacional y la pobreza energética.

El primer convenio, 2014-2016, fue por un total de 240.000 euros, pagados al Observatorio DESC. Es esta entidad la que se encarga de la coordinación económica y de tareas con la PAH y justifica los gastos ante el Ayuntamiento. El segundo, 2016-2018, de nuevo una ayuda directa extraordinaria, incorporó a Ingenieros Sin Fronteras y la APE para atender a familias que sufren pobreza energética, y ascendió a 336.000 euros. El tercero, con la misma fórmula, para 2018-2020 también fue directa extraordinaria y el importe, algo menor (324.000 euros).

Fue en el convenio de 2020-2022 cuando se cambió la fórmula: subvención directa, pero “nominativa”: 324.000 euros figuran a nombre del Observatori DESC y con una reserva de crédito anual en el presupuesto aprobado en el pleno. Desde 2014 estas subvenciones han ascendido a 1,2 millones de euros.

En 2020 las ayudas siguieron siendo una subvención directa, pero nominativa

A la pregunta de si, ante las advertencias de irregularidad administrativa, el consistorio se plantea abrir una convocatoria pública para estas ayudas, la respuesta es que “la concurrencia no opera cuando los proyectos son singulares o no hay otras entidades que realicen los proyectos presentados”. El decreto de Fiscalía, subrayan estas fuentes municipales, “también citaba los informes técnicos municipales que justificaban su excepcionalidad”. Si alguna vez una subvención ha llegado a un juzgado del contencioso es porque se ha denegado. Pero “es muy poco habitual, actualmente no hay ninguna”, aseguran.

Las mismas fuentes destacan que, igual que la PAH o la APE, cada año reciben subvenciones directas nominativas desde el área de Derechos Sociales entidades como Cruz Roja, Cáritas o el Casal dels Infants: “Son nominativas porque no hay otro tejido que preste los servicios concretos de estas entidades”.

Un 0,8% de las ayudas

En el presupuesto de 2022 aparecen 247 subvenciones nominativas que suman 25,6 millones de euros. La partida del convenio con el Observatorio de este año es de 216.000 euros, un 0,8% del total del gasto en este capítulo. Las ayudas públicas, insisten las fuentes municipales, “se rigen por un férreo control de su ejecución y liquidación, porque es dinero público que va a entidades privadas, aunque sin afán de lucro”.

¿Y por qué un servicio como el que presta la PAH no se saca a concurso público? “Porque no es un contrato, parte de un proyecto de una entidad presentado al Ayuntamiento. Cuando se presentó al Gobierno de Trias era, y es, una cuestión sobre la que el Ayuntamiento no tiene competencias: hacer intermediación bancaria, asambleas, o asesoramiento a familias amenazadas de desahucio o cortes de luz”. Distinto es el caso de la Unidad Antidesahucios municipal, que sí sale a concurso: porque atiende los casos en los que los juzgados han requerido al Ayuntamiento para tramitar certificados de vulnerabilidad. El trabajo de la PAH es previo. Igual ocurre con la pobreza energética: el Ayuntamiento tiene los Puntos de Asesoramiento Energético, pero muchas veces las familias llegan a estas oficinas gracias a la Alianza por la Pobreza Energética. El Ayuntamiento tramita entonces los certificados que evitan el corte.

En el caso de un convenio con Cruz Roja, ejemplifica el consistorio, puede ser para atender a trabajadoras sexuales sin papeles. Un colectivo que no recurre a los servicios sociales por su condición legal irregular. En cambio, Cruz Roja hace todo el acompañamiento hasta conseguir que se acerquen a la administración. “Las subvenciones extienden la capacidad de la administración más allá de sus competencias. En derechos sociales, la ley fija qué puede hacer y qué no un ayuntamiento, dónde están los límites, de ahí que se colabore con entidades. Cuanto mejor acompañadas estén las personas vulnerables, menos impacto tendrá en la administración”, añaden.