Colau rechaza dimitir pese a ser investigada por un juez por presuntas irregularidades en subvenciones

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, declarará el próximo 4 de marzo como investigada por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones públicas municipales a entidades afines a los comunes, el partido que sustenta a Colau. El titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona ha admitido a trámite una querella presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) por los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas.

Colau ha descartado este miércoles dimitir pese a que los grupos municipales de Ciudadanos y el PP han pedido su cese en aplicación del código ético de su partido, Barcelona en Comú, que fija que se aparte a cualquier cargo público que sea imputado. “Me parece fuera de lugar plantear ningún cese, son hechos que fueron archivados por la Fiscalía”, ha respondido. Barcelona en comú ha argunentado, en un comunicado, que Colau “en ningún caso debe renunciar a su cargo”, porque el código ético del partido “concreta que la dimisión debe ser solo en casos donde haya un presunto ánimo de lucro personal y lo que se está investigando son subvenciones a entidades concedidas por la Comisión de Gobierno como órgano colegiado”.

Luz Guilarte, líder de Ciudadanos en el consistorio ha asegurado que Colau debe dimitir “en cumplimiento de su propio código ético” y ha preguntado cuál va a ser la reacción de sus socios en el Gobierno municipal, el PSC. Josep Bou, del PP, ha invitado a Colau a “dignarse a asumir responsabilidades” de acuerdo con el código ético de su partido. Junts, por su parte, ha exigido “máxima transparencia”.

Desde el PSC han apuntado que “se trata de una situación anómala para el Ayuntamiento”, pero precisando que “no afectará al día a día del Ayuntamiento ni al trabajo del Gobierno municipal”. “Respetamos la presunción de inocencia y entendemos que corresponde a la señora Colau dar las explicaciones oportunas”, indica el grupo municipal socialista.

La primera edil ha mostrado su “perplejidad” porque se ha enterado de la citación por los medios de comunicación. Pese a ello, ha señalado que los servicios jurídicos municipales “se han personado para ofrecer toda la colaboración” que el juzgado requiera. Colau ha mostrado también su “perplejidad y sorpresa” por el hecho de que “sean hechos archivados por la Fiscalía, que entendió que no había elementos de irregularidad para investigar”. “Quedará en nada”, ha vaticinado y ha recordado que el actual Gobierno “lleva 11 querellas archivadas”. Sobre la entidad que ha presentado la querella, la Asociación por la Transparencia, ha manifestado: “No nos consta que tenga actividad en la ciudad, lo único que nos consta es que presentó enmiendas al reglamento de participación para hacer las consultas ciudadanas en las que se quería preguntar por la municipalización del agua [que no se han realizado] y se querelló contra el Ayuntamiento de Valladolid por la misma cuestión”. La sede de la entidad, en la avenida Diagonal de Barcelona, corresponde a un despacho en el que trabajan diversos abogados, explican en la recepción. No hay cartel ni placa identificativa, ni aparece el nombre de ningún profesional o cualquier referencia a la asociación.

La asociación ATCD acusa a Colau de otorgar ayudas de forma “arbitraria” y “discrecional” con el objetivo de financiar puestos de trabajo, actividades y el funcionamiento de entidades afines a Barcelona en Comú. Entre otras entidades figuran el Observatorio DESC, Ingenieros sin Fronteras o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la entidad fundada por la propia Colau y de la que fue portavoz durante cinco años. La querella sostiene que el Ayuntamiento de Barcelona aprobó convenios, contratos menores y subvenciones directas para “la redacción de estudios sobre cuestiones que no tenían nada que ver con las competencias municipales”. La ATCD señala el caso de informes sobre zonas de Perú y Mozambique. La entidad se define como “una asociación constituida en 2017 con el fin de velar por la calidad democrática de nuestras instituciones, constituida por profesionales de varios ámbitos”.

Además de citar a Colau, el magistrado Ignacio Sánchez García-Porrero ha ordenado que se recaben los expedientes de los convenios firmados por esas organizaciones entre 2014 y 2021. También solicita a la Fiscalía que remita las investigaciones que llevó a cabo el año pasado sobre esas mismas subvenciones. Se da la circunstancia de que la Fiscalía ya archivó la investigación sobre las ayudas de Colau a raíz de una denuncia interpuesta por otra asociación, Abogados Catalanes por la Constitución.

El código ético de Barcelona en Comú estipula, literalmente, que los cargos electos deben “renunciar o cesar de forma inmediata ante la imputación judicial de delitos relacionados con la corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, soborno, malversación y apropiación de fondos públicos, ya sea en interés propio o para favorecer a terceras personas”.

En su comunicado de este miércoles, Barcelona en comú recuerda que “todas las querellas judiciales que se han presentado contra concejales del partido han acabado en archivo”. “En este caso, la misma denuncia ya la presentó la asociación de ultraderecha Abogados por la Constitución por subvenciones regulares que ya se realizaban en el mandato [del ex alcalde Xavier] Trias a entidades de derechos humanos que luchan para evitar miles de desahucios y cortes de suministro de agua y luz a familias vulnerables, y que se archivó porque se ajustaban a derecho”, argumenta la formación que lidera Colau.