Las consultas de Colau se tambalean por los recursos del Gobierno y las empresas

El Ayuntamiento de Barcelona mantiene su compromiso de celebrar una multiconsulta sobre asuntos de interés ciudadano el próximo mes de mayo pese a que la Delegación del Gobierno de Catalunya y la Cámara de Concesionarios y Empresas Vinculadas al Sector Público han recurrido, ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el reglamento que permite la celebración de estos multireferéndums en la capital catalana. La concejal de Participación del Consistorio, Gala Pin, ha lamentado hoy los recursos administrativos y los calificó como un “lamentable movimiento de los lobbies contra el bien común”.

El Ayuntamiento de Barcelona anunció el pasado marzo que a partir de mayo de 2018 se celebraría una multiconsulta ciudadana donde se votarían propuestas realizadas por el ejecutivo municipal, las formaciones políticas o los ciudadanos que reúnan un número de firmas que variaría según si la consulta se realizaba en toda la ciudad o solo en un distrito. Entonces se ultimaba el reglamento de este tipo de consultas, a la suiza. Pese a que Colau hizo bandera en la campaña electoral de someter a consulta muchas propuestas, en el mejor de los casos, sólo se celebrará el multireferéndum de mayo ya que en mayo de 2019 hay elecciones municipales y no podrían celebrar la multiconsulta. 

El pasado mes de octubre se aprobó el reglamento con un único voto contrario de la CUP y la abstención del PP, C’s y PDeCAT. Desde diciembre ha habido tres iniciativas, de ciudad, que están recogiendo firmas (necesitan 15.000) para poder llevar a la multiconsulta una pregunta. Por un lado un colectivo que pretende rebautizar la plaza del esclavista Antonio López por el del inmigrante fallecido en el CIE de Barcelona Isrissa Diallo. Hay otra propuesta que pretende la construcción de vivienda social y defender el gimnasio social Sant Pau en el Raval. Por último, quizás la más polémica, está la propuesta que pretende la remunicipalización del agua en la ciudad de Barcelona.

Pin asegura que los recursos judiciales no son más que un nuevo movimiento de los “lobbies”. “La Cámara de Concesionarios y Empresas Vinculadas al Sector Público está constituida por empresas de agua, electricidad, funerarias… que quieren mostrar resistencia contra un mecanismo contra el que queremos dar la voz a la ciudadanía”, ha denunciado.

La concejal de Participación ha recordado que el reglamento de participación se aprobó con un “amplio consenso político”. El Consistorio mantiene la multiconsulta ya que ninguno de los recursos presentados ha exigido medidas cautelares como la prohibición del multireferéndum. Pin asegura que aportarán a los juzgados la documentación que solicite los miembros del tribunal. La concejal sospecha que el segundo recurso presentado por la Delegación del Gobierno se fundamenta “en el ataque del PP a lo que significa el municipalismo”.

Las tres entidades que recogen las firmas para que sus preguntas lleguen a la multiconsulta realizaron una rueda de prensa en la plaza Sant Jaume. Míriam Planas, una de las portavoces de la plataforma Agua es Vida que promueve la remunicipalización del agua ha denunciado: “Uno de los recursos proviene de la Cámara de Concesionarios y Empresas Vinculadas al Sector Público que tiene como presidente a Albert Martínez Lacambra, director general de Aguas de Barcelona (Agbar). Creemos que es la primera respuesta desde la empresa hacia el proceso iniciado desde la ciudadanía”. Planas ha mantenido que estos recursos que pretenden mantener “el negocio del agua afectan al resto de iniciativas”.

Desde la Delegación del Gobierno han defendido que el contencioso administrativo que han presentado es contra el artículo 74.3 del reglamento de participación ciudadana. En concreto este artículo reza: “Cuando la consulta provenga de una iniciativa ciudadana… que haya recogido las firmas válidas suficientes, el Consejo Municipal solo puede denegar, por mayoría simple, la celebración si no se adecua al ordenamiento jurídico”. Según la Delegación del Gobierno el recurso presentado por la abogacía del Estado se debe al “considerar que este artículo es contrario a la ley de bases del régimen local”.

EL PAÍS se ha puesto en contacto con la Cámara de Concesionarios y Empresas Vinculadas al Sector Público que ha remitido un comunicado donde considera que varios artículos del reglamento van en contra de la citada ley. Según el documento: “Las consultas a través de las cuales se pretende que la ciudadanía se exprese sobre materias de competencia municipal con incidencia en los recursos públicos no ofrecen la información necesaria, imprescindible y objetiva para que el ciudadano pueda formularse un juicio responsable sobre las consecuencias jurídico administrativas de lo que se le pregunta.”. Según la entidad, el ciudadano no puede convertirse en “coresponsable involuntario” de las consecuencias de una “información parcial y sesgada”. La cámara concluye que de estas consultas pueden derivar “perjuicios económicos” contra la “institución, la ciudad y el ciudadano”.

Desde Aguas de Barcelona un portavoz ha restado importancia al hecho de que Martínez Lacambra forme parte de la directiva de la entidad empresarial asegurando que otros muchos directivos de empresas públicas también forman parte de esta unión de empresas vinculadas al sector público. Desde Aguas de Barcelona afirman que se mantienen a la espera de ver como progresan los recursos si se celebra la multiconsulta, o no, y cuál será el resultado de la misma para realizar un pronunciamiento.