La Fiscalía archiva la investigación que abrió a Colau por subvencionar a la PAH y al Observatorio DESC
La acusación pública no ve indicios ni de prevaricación ni de malversación ni de tráfico de influencias
La Fiscalía ha archivado la investigación que abrió a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y a los diputados del Congreso y exconcejales Jaume Asens y Gerardo Pisarello, por subvencionar con 3,4 millones de euros a entidades con las que colaboraron antes de dar el salto a la política.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, tras las diligencias practicadas el ministerio público ha dado carpetazo a la investigación, al no hallar indicios de delito en las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Barcelona a entidades como el Observatorio DESC o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Las diligencias las abrió la Fiscalía de Barcelona a raíz de una denuncia presentada por Abogados Catalanes por la Constitución que se dirigía también contra las exconcejales de Barcelona en Comú Gala Pin y Laia Ortiz, la asesora municipal de Vivienda Vanesa Valiño, la teniente de alcalde Laura Pérez y la directora del Observatorio DESC, Irene Escorihuela.
La denuncia acusaba a Colau y a su equipo de los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales y tráfico de influencias por la “reiterada y presuntamente injustificada” concesión de subvenciones por parte del Ayuntamiento al Observatorio DESC, la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) o Ingenieros sin Fronteras (ESF).
Posteriormente, la entidad amplió su denuncia contra dos aforados: el portavoz de los Comunes en el Congreso, Jaume Asens, y el miembro de la Mesa Gerardo Pisarello, quienes fueron miembros del equipo de gobierno de Colau en el anterior mandato municipal.
La denuncia señalaba que los tres dirigentes de Barcelona en Comú trabajaron o colaboraron hasta su salto en la política con el Observatorio DESC, que ha recibido 1,2 millones de euros por parte del consistorio barcelonés. De hecho, en su ampliación de denuncia, la asociación mantenía que los diputados de Podemos, junto a Colau y el resto de denunciados, podrían haber incurrido en un delito de organización criminal.
Los denunciantes sostenían además de que las subvenciones a las entidades citadas se concedieron de forma irregular, puesto que fueron otorgadas para fines sobre los cuales el Ayuntamiento de Barcelona carece de competencias, y se adjudicaron mediante procedimientos de excepcionalidad.
