La Fiscalía investiga si Ada Colau adjudicó subvenciones a entidades afines de forma irregular

La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación tras una denuncia presentada contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por adjudicar subvenciones de forma irregular a entidades afines. La denuncia de la asociación Abogados Catalanes por la Constitución considera que Colau ha otorgado ayudas públicas a colectivos con los que colaboró o tuvo relación en su etapa como activista, antes de dar el salto a la política municipal.

La apertura de diligencias de investigación es solo el primer paso. La Fiscalía deberá decidir ahora qué diligencias practica —recabar informes del Ayuntamiento de Barcelona, citar a declarar a los responsables de adjudicar las subvenciones— y, llegado el momento, presentará denuncia o querella o bien, si no hay indicios de delito, archivará el caso.

La denuncia se dirige contra Colau, pero también contra la exconcejal de Ciutat Vella Gala Pin; la exconcejal Laia Ortiz; la asesora municipal de Vivienda Vanesa Valiño; la teniente de alcalde Laura Pérez y la directora del Observatorio DESC, Irene Escorihuela. La plataforma les considera responsables de los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

La denuncia apunta a la “reiterada y presuntamente injustificada” concesión, por parte del Ayuntamiento de Barcelona, de subvenciones al Observatorio DESC (una asociación que lucha por derechos civiles como la vivienda o la educación), a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH, de la que Ada Colau formó parte) y a otras entidades como la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) e Ingenieros sin Fronteras (ESF). La entidad subraya que Colau y los otros denunciados han mantenido “estrechos lazos personales y profesionales” con esas entidades antes de ocupar sus cargos públicos. Y cita como ejemplo el hecho de que la alcaldesa —junto al portavoz de los Comunes en el Congreso, Jaume Asens, o el miembro de la mesa del Congreso Gerardo Pisarello— hayan colaborado en el Observatorio DESC, que ha recibido 1,2 millones por parte del consistorio.

La reorientación de las ayudas públicas tras la llegada de Colau al poder ya fue puesta de manifiesto por EL PAÍS en 2018. Las subvenciones y encargos —algunos vía contratos menores, o sea sin concurso público— a cooperativas afines dedicadas a economía social, vivienda y participación ciudadana se dispararon.

Colau se ha desmarcado este martes de cualquier práctica irregular y ha asegurado que solo otorga subvenciones “de acuerdo a normativa y con informes de intervención favorables”. En una entrevista en Rac1, la alcaldesa ha dicho sentirse “muy tranquila” porque “no hay caso” y se ha mostrado dispuesta a colaborar con la investigación de la fiscalía. “No tenemos absolutamente nada que esconder”. Colau criticó que Abogados Catalanes por la Constitución es una “entidad que se ha significado por querellas muy políticas” y de “carácter no estrictamente jurídico”.