Colau alega que no intervino en las subvenciones a entidades afines y pide al juez que archive el caso

Ada Colau no ha esperado al 4 de marzo, fecha en la que debe declarar como investigada, para dar su versión sobre las presuntas irregularidades en las subvenciones concedidas a dedo por el Ayuntamiento de Barcelona a entidades afines a la alcaldesa. Sus abogados han presentado un escrito, al que ha accedido EL PAÍS, en el que defienden la “absoluta legalidad” de las ayudas, solicitan el archivo inmediato de la causa y denuncian la falta de “fundamento y rigor” de la querella impulsada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD). Apoyado en una decena de informes, el alegato intenta erigir un muro de protección alrededor de Colau, que no tuvo, sostienen, “ni una sola intervención en la tramitación de las subvenciones”.

A finales de diciembre, un juez de Barcelona admitió a trámite una querella de la ATCD -entidad con despacho en Barcelona, pero sin actividad conocida- que se dirige exclusivamente contra Colau por cinco delitos: prevaricación, fraude, malversación, negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias. La entidad acusa a la alcaldesa de haber regado con una “lluvia de dinero público” a entidades “amigas o ideológicamente afines” con las que ella y otros miembros de su gobierno habían mantenido relaciones personales y profesionales antes de llegar al poder, en 2015. Cuatro entidades están en la diana: el Observatorio DESC, Ingenieros sin Fronteras, la Alianza contra la Pobreza Energética y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de la que Colau fue fundadora y portavoz durante cinco años.

La querella sostiene que la amistad y la afinidad ideológica de Colau y las entidades es la base de la prevaricación. La alcaldesa lo niega en su escrito. “Una determinada sensibilidad política de un gobierno municipal hacia los graves problemas sociales que generan la pobreza y la carencia de vivienda” no puede inhabilitarle para conceder subvenciones a entidades que “luchan para disminuir las consecuencias de esas lacras”.

Como primera medida, el juez acordó llamar a declarar como investigada a Colau, que se niega a dimitir pese a que el código ético de su partido, Barcelona en Comú, indica el camino de salida a cualquier cargo investigado por corrupción. Sus abogados, Àlex Solà y Olga Tubau, han pedido que “se deje sin efecto” esa citación, que consideran “precipitada”, y se dé carpetazo a una investigación que, opinan, no debería ni haber comenzado. Fuentes judiciales admiten que es poco probable que esa petición prospere, ya que la toma de declaración del investigado es la diligencia mínima indispensable incluso si se quiere dar carpetazo rápido al asunto. Colau ha mostrado a los letrados su disposición a dar explicaciones en la Ciudad de la Justicia, pero prefiere que el juez disponga previamente de la documentación.

“No hay una sola frase en la que se identifique un acto singular de participación de Colau en la tramitación de las subvenciones”, dice el texto, que arma el blindaje en torno a la alcaldesa sobre una premisa: no se le puede atribuir le responsabilidad “simplemente en atención a su cargo”, y menos “dentro de la compleja organización” municipal. Los informes aportados al juez detallan que las subvenciones siguen un extenso recorrido burocrático, con filtros de control y fiscalización antes, durante y después. Colau, ironizan los letrados, no tiene “libre disponibilidad de los fondos del Ayuntamiento para lo que quiera y para quien quiera, como si de su economía doméstica se tratara”.

En julio de 2021, la Fiscalía de Barcelona ya archivó, de forma motivada, una denuncia muy similar presentada por la plataforma Abogados Catalanes por la Constitución. Ese es uno de los argumentos centrales de la defensa de Colau. El recurso presentado contra el auto de admisión a trámite critica que la querella haya omitido esa circunstancia (lo que atenta contra la “buena fe procesal”) y contenga “párrafos íntegros que son una copia literal” de la primera denuncia, señal de que ambas entidades “han compartido información sobre los hechos”.

La Fiscalía constató los estrechos vínculos entre el equipo de gobierno de Colau y las entidades subvencionadas. La alcaldesa y Jaume Asens, exteniente de alcalde, habían sido miembros del Observatorio DESC. Eloi Badia, concejal, había trabajado como Project manager de Ingenierios sin Fronteras. Aquella investigación, sin embargo, descartó la existencia de un “trato de favor” porque las entidades ya recibían ayudas bajo el anterior gobierno, en manos de Xavier Trias (CiU), también a dedo.

Ayudas a dedo

El hecho de que las subvenciones hayan sido adjudicadas de forma directa (sin concurso público) es nuclear. La ley estatal, de 2003, contempla como “excepcional” la concesión directa y solo en tres supuestos muy concretos. Uno de ellos, el que afecta a este caso, es que haya “razones de interés público, social, económico o humanitario” justificadas. La querella afirma que las entidades beneficiadas “carecen de interés público”. Los abogados de Colau sostienen todo lo contrario: tienen una “capacidad singular” para desarrollar los proyectos “sin que hayan aparecido en estos años entidades equivalentes que realicen labores similares” y con la misma eficacia.

Las subvenciones se han vehiculado mediante convenios bianuales con el Observatorio DESC, del que participan las otras entidades. El primero (2014-16) se firmó bajo el mandato de Trias. En ocho años, el Ayuntamiento ha adjudicado subvenciones por 1,2 millones a las cuatro entidades bajo sospecha. La querella menciona ayudas irregulares, solo en los dos últimos años, por 80 millones. En su archivo, la Fiscalía indicó que otras 270 entidades y organismos han recibido ayudas a dedo, un procedimiento “discutible o no, pero que era el utilizado por el ayuntamiento con frecuencia”.

El escrito resguarda de nuevo a Colau al señalar que ella ni valoró la singularidad de los proyectos ni aprobó los convenios, una función que recae en la concejal de Derechos Sociales. Las subvenciones, finalmente, las aprueba la Comisión de Gobierno (concejales y tenientes de alcalde) a quienes tampoco corresponde el análisis de la legalidad de los expedientes y a quienes resulta “imposible” tener control directo sobre todos ellos: cada semana se tramitan unos 40-50 de media.

Critica que la querella “exagera” lo que son meras observaciones de la Intervención. Sugiere sin pruebas que un reconocimiento de crédito con DESC (el Ayuntamiento no pagó a tiempo) sirvió para camuflar una subvención. Y reprocha que ponga bajo sospecha ayudas en cooperación (Perú, Mozambique) para las que el Ayuntamiento tiene competencia en virtud de la Carta Municipal. Se cuestione si es procedente asignar recursos a informes sobre compostaje en Tunduru (Maputo), ciudad de Mozambique, “que ni siquiera fue colonia española, en relación a las necesidades de los ciudadanos de Barcelona”.