Decenas de Mossos desalojan a seis familias de un edificio del barrio del Poble Sec en Barcelona

Decenas de agentes de la Brigada Móvil de los Mossos d’Esquadra han desalojado esta mañana seis pisos del Bloc Llavors, un edificio ocupado situado en la calle de Lleida del barrio del Poble Sec, en Barcelona. Medio centenar de activistas han intentado evitar el desahucio de las seis viviendas, propiedad del fondo de inversión Vauras, desde las 6.00 horas hasta las 11.30 horas, cuando los agentes han dado por finalizada la intervención y han entregado a los pisos a la propiedad. En esos seis pisos vivían una decena de personas, entre ellos dos menores. El edificio tiene otra veintena de viviendas, que pertenecen a otros propietarios.

El desalojo ha provocado un enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat. El gobierno de la alcaldesa Ada Colau critica al Govern por enviar un dispositivo policial que entiende desproporcionado y recuerda que acaba de aprobar un decreto que prevé obligar a los grandes tenedores a ofrecer alquileres sociales a las familias vulnerables que ocupan viviendas. El jefe de comunicación del departamento de Interior ha respondido que los Mossos actúan como policía judicial y que "los jueces han decidido pasar del decreto y han señalado fecha abierta para el lanzamiento. " Además, la portavoz del Govern y consellera de Presidencia, Meritxell Budó, ha acusado a los jueces de una “lectura restrictiva” deldecreto Ley 17/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, que ha permitido que continúen los desahucios, según ella. Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior el Consell Executiu después del desahucio del Bloc Llavors. “Los jueces han decidido aplicar su criterio, haciendo una lectura restrictiva del decreto que aprobamos desde el Govern. Haciendo esta lectura restrictiva de este decreto lo que han permitido es que continúen los desahucios”, ha lamentado, y ha dicho que desde el Govern lo corregirán con su propia norma e instando al Estado a que modifiquen la norma procesal.

Las familias desalojadas este martes llevan meses en los pisos del edificio y el pasado 13 de enero ya estaba programado su desahucio. Tres días antes, la titular del juzgado de Primera Instancia número 48 de Barcelona suspendió la ejecución aplicando, por primera vez, el decreto de medidas urgentes aprobado por el Govern en diciembre. En virtud de ese decreto los bancos y fondos de inversión están obligados a ofrecer un alquiler social a las personas vulnerables que ocuparon sus pisos. La juez instaba a Vauras Investment a ofrecer un alquiler social a las seis familias del inmueble.

Días más tarde, la misma juez, en el recurso interpuesto tras la resolución que obligaba a los dueños a buscar una solución habitacional, rectificó y decidió ejecutar el desahucio y ordenó a los Mossos d’Esquadra recuperar los seis pisos y entregárselos a Vaura Investment. Los grupos parlamentarios de JxCAT, ERC, Catalunya en Comú y la CUP firmaron entonces un documento pidiéndole a la magistrada que paralizara el desahucio que ha tenido lugar esta mañana. De nada sirvió.

A las 6.30 de este martes decenas de agentes han llegado al edificio. Medio centenar de activistas ya estaban preparados para el desalojo y la noche de ayer programaron conciertos y otras actividades frente al inmueble. “Han venido en una actitud totalmente militarizada para echar de sus casas a seis familias vulnerables”, ha denunciado esta mañana Silvio Covolo, portavoz del sindicato de barrio del Poble Sec. Los agentes han accedido a cada uno de los pisos ocupados mientras los activistas protestaban por el desahucio. “Es importante denunciar que es la misma jueza que días antes había suspendido el desalojo y se lo ha repensado”, ha lamentado Covolo.

Susana Naranjo ha sido una de las desalojadas por la policía autonómica. “Ha habido mucha violencia, nosotras decíamos que íbamos a salir por nuestro propio pie pero ellos nos han reventado la puerta y nos han empujado hacia afuera”, ha denunciado en la calle junto con dos bolsas donde guardaba lo poco que ha podido recoger. La de este martes es la sexta orden de desahucio de los seis pisos y todos los vecinos estaban preparados. “Aquí vivimos gente con sueldos que no llegan a los mil euros y que en Barcelona no podemos acceder a ningún piso. Hay dos madres con niños menores que hoy ya no tienen dónde ir. Las leyes están hechas para los ricos no para los que estamos en la calle”, ha lamentado Naranjo.

La concejal de Vivienda de Barcelona, Lucía Martín, ha anunciado este martes que el Ayuntamiento ha abierto expediente sancionador a los propietarios de los seis pisos del Bloc Llavors por “negarse a hacer la oferta de alquiler social” a las seis familias vulnerables que vivían en el edificio en aplicación del Decreto 17/2019.

"Es incomprensible. Hace dos días el Govern aprobó un decreto que obliga a los propietarios a ofrecer alquileres sociales. Y ahora facilita que se haya hecho el desahucio con un operativo policial desproporcionado”, ha denunciado Martín. La concejal también ha criticado que los agentes no han dejado actuar al Servicio de Intervención y Mediación ante la Situación de Pérdida de Vivienda y/o Ocupaciones (SIPHO) aunque ha admitido que la mayoría de afectados se ha realojado en casas de amigos o familiares.

La edil ha detallado que la sanción que el Ayuntamiento puede aplicar a los propietarios, de hasta 90.000 euros por vivienda, podría llegar al medio millón de euros: "No queremos cobrar. Queremos obligarles a corresponsabilizarse y dar soluciones. No puede ser que todo el peso para afrontar la emergencia habitacional caiga solo sobre el Ayuntamiento”. La regidora ha lamentado que los jueces hagan una “interpretación inadecuada” de la nueva legislación.

En las redes sociales, ha habido críticas cruzadas entre partidos políticos. La cuenta de Twitter de Catalunya en Comú ha publicado: “Hace una semana el gobierno de JxCAT-ERC pedía parar el desahucio del Bloc Llavors. Hoy envía a los Mossos para desalojar a las seis familias con menores a golpes de porra y no dejando actuar a la unidad antidesahucios”. El mensaje ha sido contestado por Joan María Piqué, el director de comunicación del departamento de Interior: “El gobierno no envía a los Mossos a los desahucios. Actúan como policía judicial y lo sabéis. El gobierno aprueba un decreto y busca soluciones. Los jueces han decidido pasar del decreto y han señalado fecha abierta para el lanzamiento. Pedro (en referencia al presidente Pedro Sánchez) y Pablo (en referencia su socio, Pablo Iglesias) ¿Qué hacen para evitar desahucios?".