Una juez suspende un desahucio por primera vez tras la aplicación del decreto de vivienda
El desalojo de las seis familias del bloque "Llavors" en el barrio del Poble Sec, debía producirse el lunes
Por primera vez después de que el Govern aprobase, en diciembre, el decreto de medidas urgentes sobre vivienda, una juez ha suspendido este viernes un desahucio en aplicación de esta norma catalana. El decreto obliga a los bancos y fondos de inversión a ofrecer un alquiler social a personas vulnerables que ocuparon sus pisos hasta seis meses antes de su entrada en vigor. La titular del juzgado de Primera Instancia nº48 de Barcelona ha suspendido el desahucio de seis familias del bloque Llavors de Barcelona, en el barrio del Poble Sec, que estaba previsto para el próximo lunes, 13 de enero.
En virtud de este decreto, la juez ha instado a Vauras Investment, sociedad propietaria del inmueble, a ofrecer un alquiler social a los inquilinos del inmueble que se encuentran en situación de vulnerabilidad residencial. La sociedad tiene un plazo de cinco días para examinar las alegaciones de vulnerabilidad presentadas por los inquilinos.
"La aplicación por primera vez del decreto representa un precedente emblemático para muchos casos similares en el Área Metropolitana de Barcelona, y podría impulsar un cambio estructural en el panorama de la lucha por la vivienda", ha expresado el Sindicato de Barrio de Poble Sec.
El decreto incluye algunas de las reivindicaciones de entidades como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas o el Sindicato de Inquilinos, como la obligación de ofrecer un contrato de alquiler social a las personas que ocuparon pisos. Este contrato tiene que tener una duración de hasta siete años.
El edificio que iba a ser desalojado está situado en el número 38 de la calle de Lleida de Barcelona, en el barrio del Poble Sec, y sus inquilinos calificaron la resolución judicial de “victoria escandalosa posible gracias a la fuerza que ha adquirido el movimiento por la vivienda”. El del próximo lunes iba a ser el quinto intento de desahucio, y, ante la “alta tensión” prevista por los Mossos d’Esquadra se había pedido que fuese a “fecha abierta”.
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