El Govern obliga a los bancos a ofrecer un alquiler a las personas vulnerables que ocuparon sus pisos

El gobierno de la Generalitat ha aprobado este lunes en su consejo de gobierno un nuevo decreto de medidas urgentes sobre vivienda para atajar la falta de alquileres sociales y de viviendas de protección oficial. El decreto, que el Govern ha negociado con socialistas y con los comunes para lograr su convalidación en el Parlament, contiene potentes reconocimientos a las reivindicaciones de las entidades sociales, como por ejemplo la obligación a grandes tenedores --bancos y fondos de inversión-- de ofrecer un alquiler social de siete años de duración a las personas en situación de vulnerabilidad social que hayan ocupado un piso desde hace más de seis meses. El decreto, a la vez, es un guiño hacia los promotores privados, que pedían actualizar las tarifas para hacer más atractiva la construcción de vivienda de protección social.

Mientras el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, presentaba el decreto al gobierno de Quim Torra para su aprobación --que deberá convalidarse en el Parlament en el plazo de un mes--, en la plaza de Sant Jaume los activistas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) celebraban como una gran victoria la entrada en vigor de las medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. El decreto refuerza algunas de las leyes sobre vivienda anteriores, y sobre todo significa una ampliación de la ley 24/2015 en lo que atañe al acceso a la vivienda por parte de los colectivos más vulnerables.

El camino hacia conseguir sacar adelante este decreto, que según Calvet ahora goza de un amplio consenso, ha sido tortuoso. El titular de Territorio, de Junts per Catalunya, ya intentó aprobar un decreto sobre vivienda el pasado mes de abril, aunque a última hora lo retiró al ver que no había conseguido el consenso en el Parlament para su aprobación. En esa ocasión, el contexto electoral y la competición entre los socios del Govern --ERC también había preparado un decreto desde el departamento de Justicia sobre la limitación de alquileres, que tampoco prosperó--, hizo fracasar el intento. Esta vez, Calvet se ha asegurado los apoyos al prepararlo en colaboración con las entidades sociales, los promotores y, sobre todo, con los grupos parlamentarios del PSC y comunes, partidos que, junto con JxCat y ERC, representan a la mayoría de Ayuntamientos del territorio.

"El decreto actúa en tres grandes bloques: combatir las situaciones de emergencia residencial, aumentar el número de viviendas protegidas en régimen de alquiler, y contribuir a la moderación de los precios del alquiler en las viviendas privadas", ha explicado Calvet en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno.

En el primer bloque, para combatir la situación de emergencia y los desahucios, el decreto incluye la obligación a los grandes tenedores de ofrecer un alquiler social de siete años para las familias que acrediten, mediante un informe de los servicios sociales, su situación de vulnerabilidad. Ofrecer un alquiler social será obligatorio para estas familias tanto si termina el contrato de alquiler, como si están en proceso de desahucio, o si son familias que han ocupado su piso en el periodo anterior a seis meses de la aprobación del decreto. El alquiler social, de acuerdo con la Ley de Arrendamientos Urbanos aprobada por el Gobierno del Estado este año, se amplía de tres a cinco o siete años, dependiendo si el propietario es una persona física o jurídica. 

Otra de las medidas para reducir la mesa de emergencia habitacional, que en Cataluña está colapsada por la lista de espera, es permitir la construcción de alojamientos temporales en suelos públicos o privados que estén destinados a equipamientos. Estos alojamientos no tienen cédula de habitabilidad y por lo tanto son temporales, y serán gestionados por los municipios. El Ayuntamiento de Barcelona ya estrenó este mes los primeros alojamientos construidos con contenedores del puerto en suelo de equipamiento.

En el primer bloque de medidas también están la ampliación de mecanismos para multar o expropiar edificios vacíos con obras inacabadas, para destinarlos al alquiler social; y también se amplía el plazo, hasta 2027, para que los Ayuntamientos, entidades y la Generalitat ejerzan el derecho de tanteo y retracto en viviendas, derecho que se amplía para que la Generalitat pueda aplicarlo en segundas y terceras transmisiones de vivienda comprada anteriormente por grandes tenedores.

Más suelo destinado a vivienda protegida

El decreto también prevé medidas para ampliar el suelo destinado al parque de viviendas de protección social. Para empezar, obliga a los Ayuntamientos a elaborar en un año un inventario de patrimonio público en suelo y vivienda, y en dos años tendrán que presentar un plan para desarrollarlo. El departamento de Territorio calcula que existe en Cataluña un potencial de 172.000 viviendas protegidas. El nuevo decreto también plantea ampliar las reservas de vivienda social en suelo: en el área metropolitana de Barcelona, la reserva mínima será del 40% en suelo urbanizable delimitado (los nuevos ensanches de las ciudades) y del 40% en suelo urbano no consolidado (dentro de la ciudad pero con necesidades urbanísticas). Estos porcentajes serán de al menos el 50% y el 40%, respectivamente, en los demás municipios catalanes, a partir del año que viene, cuando se apruebe el Plan Territorial Sectorial de Vivienda.

El decreto también establece que las viviendas de protección oficial tengan una calificación permanente en la mayoría de los casos. Y, a la práctica, el decreto también actualiza las tarifas de venta y alquiler de las viviendas de protección oficial al simplificar los módulos y unificarlos en cada municipio. El precio, pues, será único en cada municipio y en el caso del área metropolitana de Barcelona solo habrá un precio para todos sus municipios. Esta era una de las reivindicaciones de los promotores.

Finalmente, Calvet ha reivindicado el Índice de Referencia de los precios del alquiler como una herramienta de la Generalitat para propiciar una moderación en los precios del alquiler. Este índice se tomará como referencia para las políticas públicas, y deberá mostrarse en todos los anuncios de publicidad y contratos de alquiler privados.

Ocupar cuando no queda más remedio

La aprobación del nuevo decreto ha sido una gran noticia para las entidades que defienden el acceso a la vivienda de las personas más vulnerables. Esta mañana en la plaza de Sant Jaume, mientras la PAH celebraba el éxito, una mujer explicaba su caso. Mariana, con dos hijos, había estado pagando un alquiler a una persona que decía ser el propietario del piso, hasta que un desahucio solicitado por el verdadero dueño, un fondo de inversión, le desveló la verdad. Mariana cuenta con un informe que acredita su situación de vulnerabilidad social, y decidió quedarse en el piso pese a no tener título de inquilina. El nuevo decreto obliga a la entidad a ofrecerle un contrato de alquiler social. Otro caso es el de Karima, una mujer que vivía en un local comercial sin cédula de habitabilidad, y que por esta circunstancia se le denegó la entrada en la mesa de emergencia. Ante esta situación, la PAH ocupó los pisos de un edificio en la calle de Aragón, propiedad de un fondo de inversión. Las familias que viven en este edificio tendrán que recibir un alquiler social.