La justicia reabre la causa contra Ada Colau por conceder ayudas públicas a entidades afines

Ada Colau vuelve a estar investigada por la concesión de subvenciones públicas a entidades afines. La Audiencia de Barcelona ha rectificado la decisión de un juez de instrucción de archivar la causa contra ella y ha decidido reabrir el caso al ver indicios de prevaricación. Los magistrados atienden, en parte, la petición de la asociación que se querelló contra la alcaldesa de Barcelona y ordenan que se practiquen nuevas diligencias antes de decidir si la causa se archiva definitivamente o sigue adelante.

La Audiencia cree que existen indicios de delito, por lo menos para que siga adelante la investigación. “Los hechos, tal como los hemos delimitado, pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación en el que puede haber tenido participación la investigada, o incluso otras personas sobre las que no se ha dirigido la causa”, precisa el auto judicial. “No se puede descartar”, añade la resolución, que Colau “haya podido participar en la comisión de infracciones penales”, por lo que deben practicarse algunas de las pruebas solicitadas por la querellante, la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD). Los magistrados matizan que aluden sólo a Colau porque es respecto a ella que se dictó el auto de archivo el pasado julio.

Colau ha mostrado “absoluta sorpresa y perplejidad” al conocer la resolución. “La causa ha sido archivada en dos ocasiones por un juez y por la Fiscalía tras investigar a fondo e incluso llamarme a declarar, sin que haya ninguna novedad”, ha subrayado. La alcaldesa ha denunciado que el recurso lo presenta “una entidad fantasma, de la que no se conoce más actividad que pleitear contra los Ayuntamientos de Valladolid y Barcelona para evitar plantear un debate sobre la gestión pública del agua”, y ha asegurado: “Es un mal uso de la justicia que se utilicen recursos públicos para lanzar sombras de duda sobre el Ayuntamiento o yo misma. Si pretenden asustarnos, nos reafirman en plantear el debate sobre la gestión del agua o defender el derecho a la vivienda”. En una petición inédita, Colau incluso ha reclamado “colaboración de la ciudadanía y medios de comunicación para ver quién hay detrás de esta entidad, quién financia estas reiteradas actuaciones jurídicas”.

La reapertura de la causa, a siete meses de las elecciones municipales, supone un quebradero de cabeza inesperado para Colau, que optará a un tercer mandato en las elecciones de mayo del año que viene. La decisión judicial no presupone ningún resultado final, pero es posible que antes de mayo se sepa si la causa se archiva de nuevo o sigue adelante.

Uno de los abogados de Colau, Àlex Solà, ha explicado cuál es el calendario que se abre ahora. La Audiencia ordena al juez del caso que practique cuatro nuevas pruebas que el propio magistrado descartó. Son dos declaraciones (del interventor general y del autor de un blog) y dos aportaciones documentales (resúmenes anuales de la intervención e informes sobre otras entidades sociales en el mismo periodo). A la vista de estos resultados, el juez decidirá si no percibe indicios (y por tanto archiva) o si continúa la investigación, que podría acabar en juicio. Solà ha sostenido que “se alarga el proceso de forma artificial y sin base”, y ha añadido: “Tengo la convicción de que no llegará a juicio”.

La “estrecha vinculación” de la alcaldesa

Colau, recuerda la resolución de la Audiencia, “tuvo una vinculación o relación estrecha”, antes de ser alcaldesa, con las entidades beneficiadas por las ayudas públicas. Entre 2007 y 2015 fue asalariada del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), y entre 2009 y 2014 fue fundadora, presidenta y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entidad en la que no percibió ninguna remuneración. Es “razonable”, dicen los jueces, que esas y las otras entidades bajo sospecha siguieran pidiendo subvenciones, de forma recurrente, una vez que obtuvieron la primera, en 2014, bajo el mandato del convergente Xavier Trias.

Los magistrados consideran que, en algunos casos, puede haberse infringido la normativa que regula la concesión de subvenciones, aunque admiten que pasaron todos los filtros de control y fueron aprobadas por la Comisión Permanente del Ayuntamiento de Barcelona. “Ello supondría, también afirmado de forma provisional, las correspondientes consecuencias en el orden administrativo, que podrían suponer la declaración de su nulidad”, dice al auto.

El reproche es de calado. Los gestores de las subvenciones debieron haber “desestimado inicialmente” las propuestas de las entidades sociales que resultaron beneficiarias cuando estas las solicitaron por segunda vez, en 2016, ya que se trataba de ayudas recurrentes y no puntuales. El auto entiende que en 2014 era lógico por la urgencia y alcance de las actuaciones subvencionadas, agruparlas en una sola ayuda a las tres entidades; pero entiende que a partir de 2016 hubo tiempo de convocarlas con concurrencia pública y separando las distintas actuaciones en convocatorias diferentes. También apunta que Colau podría haberse abstenido en la votación de las ayudas cuando se aprobaron en la Comisión de Gobierno municipal. La resolución también reprocha que la interventora municipal no solo debió hacer “observaciones” sobre ese aspecto, sino que debería haber introducido “reparos” para frenar esa forma de conceder ayudas.

La Sección Quinta de la Audiencia de Barcelona ha analizado los expedientes sobre la concesión de ayudas a entidades afines al equipo de gobierno de la edil que fueron objeto de la querella: el Observatorio DESC, Ingenieros sin Fronteras, la Alianza contra la Pobreza Energética y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de la que Colau fue fundadora y portavoz durante cinco años.

El pasado julio, seis meses después de abrir la investigación, el juez decretó el archivo provisional de la causa al concluir que no había indicios de “infracción penal alguna”. El magistrado descartó que la alcaldesa concediese ayudas públicas de forma “arbitraria y discrecional” para “favorecer” a entidades con las que tanto ella como su equipo de Gobierno mantenían evidentes afinidades ideológicas e incluso relaciones laborales. Colau llegó a declarar como investigada por cinco delitos: prevaricación, fraude, malversación, negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias.

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