La Fiscalía pide archivar la causa contra Ada Colau por las subvenciones a entidades afines

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, lo tiene ahora más fácil para salir airosa de la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en las subvenciones del Ayuntamiento a entidades afines. En línea con sus abogados, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido también que se archive la causa contra Colau al no apreciar indicios de delito.

Colau permanece investigada en un juzgado de Barcelona por los delitos de malversación, prevaricación, fraude, negociaciones prohibidas y tráfico de influencias. La Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) se querelló contra ella por otorgar ayudas públicas a entidades con las que ellas y varios miembros de su equipo de gobierno habían mantenido relaciones, laborales y de afinidad, antes de la llegada al poder de Colau en 2015.

El escrito de la fiscalía es contundente y arremete contra la tesis de la entidad porque, de lo investigado hasta ahora, no hay indicios de que la alcaldesa cometiera delito alguno. “Hay que desterrar la tentación de atribuirle responsabilidades penales sobre el endeble argumento de ser la máxima responsable del Ayuntamiento”, una hipótesis sin fundamento ni justificación, según el escrito del fiscal anticorrupción.

Tras analizar los expedientes de las subvenciones bajo sospecha y los interrogatorios a Colau (como investigada) y a la interventora municipal (como testigo), el fiscal concluye que no se observa “irregularidades de índole penal”. Recuerda, además, que tras alcanzar la alcaldía Colau delegó la competencia sobre subvenciones en órganos administrativos y que esas ayudas fueron aprobadas, por unanimidad, por la Comisión de Gobierno. No tuvo, por tanto, “ninguna” intervención en los expedientes de las subvenciones a entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatorio DESC, la Alianza contra la Pobreza Energética o Ingenieros sin Fronteras.

La Fiscalía ya dio carpetazo a una denuncia muy similar, sobre hechos casi idénticos, presentada anteriormente por la plataforma Abogados Catalanes para la Constitución. Tanto entonces como ahora, el fiscal sostiene que esas entidades “no se beneficiaron específicamente de un trato de favor”, sino que recibieron los fondos del mismo modo que lo hicieron otras tantas entidades.

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