Archivada la causa contra Ada Colau por las subvenciones a entidades afines

El juez que mantenía investigada a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por presuntas irregularidades en las subvenciones a entidades afines ha decidido archivar la causa. En un auto al que ha accedido EL PAÍS, el magistrado concluye que no hay indicios de “infracción penal alguna” y da carpetazo a un asunto que suponía un lastre para Colau, que ha anunciado su intención de presentarse por tercera vez a las elecciones municipales de 2023 para revalidar su mandato. La investigación judicial partió de una querella de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD), que acusó a la alcaldesa de conceder ayudas públicas de forma “arbitraria y discrecional” para “favorecer” a entidades con las que el equipo de gobierno de Colau mantenía afinidades ideológicas y vínculos laborales.

Colau llegó a declarar como investigada por cinco delitos: prevaricación, fraude, malversación, negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias. Seis meses después de admitir a trámite la querella y abrir el proceso penal, el juez concluye que no hay indicios de ninguno de esos delitos. Era una decisión que, hasta cierto punto, se esperaba, sobre todo después de que la Fiscalía se sumara a la petición de la defensa de Colau de archivar la causa. La Fiscalía aseguró que se debe “desterrar la tentación de atribuir posibles responsabilidades penales” a la alcaldesa “sobre el endeble argumento” de que es la máxima responsable del Consistorio.

La alcaldesa se ha alegrado por el auto: “Estoy contenta”, ha manifestado. “Pero especialmente por el buen nombre de este Ayuntamiento y su trabajo impecable en la concesión de subvenciones, y el de las entidades sociales que hacen una labor imprescindible luchando por los más vulnerables”, ha añadido. Y, tras recordar que van 10 querellas archivadas contra las políticas de su ejecutivo, ha hablado de “guerra sucia judicial”. Colau se ha preguntado “quién está detrás de estas querellas y quién les financia” y ha advertido de que no les “intimidarán” en sus políticas de “defensa de los derechos de la ciudadanía y los bienes comunes”. “Este Ayuntamiento no se para con querellas”, ha sentenciado y ha enumerado, entre los que han recurrido a la justicia, a “la multinacional que controla el agua de forma privada, fondos buitre, grandes poderes o asociaciones fantasma”.

La alcaldesa ha apuntado que “mientras a otros gobiernos las denuncias se las ponían entidades vecinales para frenar abusos administrativos, ahora es significativo que quien se querella son grandes poderes económicos para bloquear políticas de defensa de derechos como la vivienda o la gestión pública del agua”.

En su declaración, el pasado marzo, la alcaldesa se desmarcó de cualquier intervención en la concesión de las ayudas. La sentencia llega cuando queda menos de un año para las elecciones. Aunque la edil y sus letrados siempre han defendido que no había caso, el ambiente en la Casa Gran es de alivio, e incluso de euforia. El día que declaró, Colau se mostró al salir de los juzgados “tranquila y contenta, sin nada que ocultar y confiada de que esto acabe en archivo”. “Me he podido explicar bien y responder a cuanto se me ha preguntado, y ha quedado claro que no hay caso, que la querella es calcada a la que fue archivada por la Fiscalía, lo que confirma que hay mala fe de los querellantes, que comparten el mismo abogado”, afirmó.

“No dio instrucciones”

En un auto contundente, pero de apenas cinco páginas, el titular del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona, Ignacio Sánchez, considera que las pruebas practicadas durante la investigación (y cita expresamente “la declaración de la investigada, la documental y la testifical de la interventora del Ayuntamiento”) han demostrado que no hay indicios de ninguno de los delitos que le atribuía la ATCD. La asociación aún puede presentar recurso para revertir la decisión.

Sobre Colau, el auto señala que, al llegar al poder tras las elecciones municipales de 2015, delegó las funciones relativas a la concesión de subvenciones a las distintas áreas y gerencias municipales. “No consta que diera instrucciones o indicación alguna” sobre esa materia. De especial valor ha sido la declaración de la interventora, “funcionaria de carrera y por ende no dependiente de una determinada adscripción política”. La testigo explicó el mecanismo de concesión de subvenciones y afirmó que “nunca observó ninguna conducta”, más allá de “meras irregularidades que nunca trascenderían al ámbito penal”. Cuatro entidades estaban en la diana de la querella: el Observatorio DESC, Ingenieros sin Fronteras, la Alianza contra la Pobreza Energética y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de la que Colau fue fundadora y portavoz durante cinco años.

El juez coincide con la Fiscalía Anticorrupción al afirmar que el núcleo de la causa es la supuesta prevaricación. “Excluido” ese delito, “la investigación pierde su sentido”. El texto supone un toque de atención a la asociación ATCD porque concluye que en ninguno de los expedientes de subvenciones aportados “se detecta irregularidad alguna”. El magistrado recuerda, como sostenía la defensa de Colau, que las ayudas fueron aprobadas, por mayoría, en el pleno del Ayuntamiento. Se siguieron, en fin, las normas establecidas, con independencia de que se pueda “estar o no de acuerdo con el objeto de la subvención”, señala el juez.

Los comunes, el partido de Colau, siempre han señalado que sus políticas han provocado un alud de denuncias y querellas por parte de sectores económicos que se han visto afectados por sus iniciativas, y este viernes recuerdan que ya son 10 las causas archivadas. Entre otras, han recordado la de Agbar contra el concejal Eloi Badia, vinculada a la voluntad de municipalizar la gestión del agua; la de una empresa inversora en hoteles contra la teniente de alcalde Janet Sanz tras el plan que limita la apertura de hoteles; la del fondo MK Premium, contra la exconcejal de Ciutat Vella Gala Pin, a quien acusaron de calumnias; la de la patronal Unauto, contra la alcaldesa por el reglamento de la AMB que fijaba las condiciones de concesión de licencias VTC; la de un abogado contra los bloques de hormigón colocados en proyectos de urbanismo táctico, o la de Ciutadans que denunciaba contratación menor.

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