Esquerra, sobre la revisión de la sentencia del ‘procés’: “El sistema judicial está dando un golpe a la democracia”

La resolución del Tribunal Supremo sobre la revisión de las penas del procés ha sido recibida con irritación en Esquerra Republicana. Mantener al presidente del partido, Oriol Junqueras, los 13 años de inhabilitación que ya ordenaba la sentencia de octubre del 2019 se considera una muestra de “arbitrariedad” por parte de un sistema judicial “retrógrado y supeditado a la derecha española” , ha asegurado Marta Vilalta, portavoz de ERC. “Los jueces quieren dejar en papel mojado el trabajo hecho por el legislador de forma democrática”. El partido que manda en la Generalitat de Cataluña defiende la eficacia de la reforma que pactó con el Gobierno, pero culpa a los jueces de poner trabas al despliegue de beneficios para los independentistas condenados. El sistema judicial está dando un golpe a la democracia”, ha dicho, y para sustentar la acusación esgrime que “desaparece el delito más grave, el de sedición, pero las penas permanecen iguales. Esto es extraño”, ha dicho.

El PP, por su parte, ha celebrado la decisión del Supremo de mantener la inhabilitación a Junqueras, mientras que los socialistas han afirmado que la revisión de la sentencia conocida este lunes “ha puesto de manifiesto que el Partido Popular mentía”. La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha acusado al partido de Feijóo de mentir “cuando decía que la reforma de la malversación iba a beneficiar a los protagonistas del procés y que queríamos que quedaran impunes los graves delitos que se cometieron”. Montero ha defendido en la rueda de prensa tras la Ejecutiva del PSOE la reforma legal del Gobierno: “No podía tener el mismo tratamiento aquel dinero que se distrae de los recursos públicos para el bolsillo de un tercero, para uno propio o de un partido político, de cuando la finalidad de ese dinero público es distinta a la que estaba prevista”.

Tras el revés que supone la confirmación de la inhabilitación de Junqueras, Esquerra pone de relieve que el asunto aun tiene recorrido judicial. El partido presentará en breve un incidente de nulidad sobre el fallo del Supremo y se aferra a las garantías de la justicia internacional. “No vamos a dar marcha atrás, esto no se quedará aquí. Miraremos todos los argumentos y seguiremos batallando para que se haga justicia”, ha dicho Vilalta. Esquerra tiene que hacer equilibrios cada vez que valora la situación judicial de los condenados por el procés. El partido defiende su papel clave en la negociación con el Gobierno para suprimir la sedición del código penal y modificar los delitos de malversación y desórdenes públicos. Pero una parte del independentismo, sobre todo Junts per Catalunya, pone en duda que a la práctica se den tales beneficios. “Viendo la interpretación, parece que el resultado es inverso a lo que se pretendía con la reforma”, ha reaccionado rápidamente Jordi Turull, secretario general de Junts.

El auto que confirma la inhabilitación afecta Junqueras, a los exconsejeros republicanos Raül Romeva y Dolors Bassa y también a Turull. La resolución judicial obliga a Esquerra a hilar fino en su argumentación. “El propio tribunal reconoce que se ha despenalizado cualquier proceso independentista no violento, y esto lo celebramos”, manifiesta Vilalta, que por otra parte ha descartado que la reforma penal negociada entre ERC y el Gobierno fuera ambigua. “La ley es muy clara, la intención era acabar con los delitos que introdujo el PP en 2015 con el objetivo de perseguir el independentismo y los movimientos sociales y la disidencia, pero la justicia española hace caso omiso de esa intención de cambiar las reglas del juego”, ha criticado la portavoz de Esquerra. La decisión del Supremo lanza además sombras sobre otros procesos que afectan a cargos de ERC como el actual director del Puerto. Lluís Salvadó, el presidente del grupo de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, procesados por malversación, prevaricación y revelación de secretos por la causa del 1-O que ha seguido el juzgado número 13.

Petición de absolución incondicional

Los dirigentes de Esquerra que fueron condenados por organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 pidieron el mes pasado al Tribunal Supremo una revisión de sentencia para lograr una absolución incondicional. El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa presentaron escritos de alegaciones donde esgrimían la reciente modificación del Código Penal como base para lograr una anulación total de sus condenas, incluidas las penas de inhabilitación.

Los exconsejeros de Junts no dieron ese paso al considerar inútil el trámite al tener la convicción de que el Supremo haría una lectura restrictiva y hace un mes ya anunciaron que recurrirían al primero ante el Tribunal Constitucional y después ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La resolución, sin embargo, ha levantado la inhabilitación al exconsejero Josep Rull y a Jordi Sànchez, exlíder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) así como al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. Turull ha recalcado que viendo la interpretación del Supremo, el resultado es “inverso” a que se pretendía con la reforma. “El gran problema del Estado es que hay un cruce de poderes. El Supremo sigue haciendo de legislador, opinador y justiciero”, ha afirmado. El expresidente Carles Puigdemont ha enviado un mensaje de solidaridad a los cuatro políticos inhabilitados: “El Estado siempre se activa cuando alguno de ellos tiene la tentación de salirse del guion, ya sea por un Estatut, ya sea por un Código Penal. Si la injusticia persiste, nosotros también”.

Frente a esta postura, el PSC se ha acogido a su posición tradicional de no cuestionar, ni para bien o para mal, las decisiones de la justicia. “Todo el respeto a las decisiones judiciales. El PSC siempre las ha respetado y continuaremos en la misma línea”, ha afirmado Èlia Tortolero, portavoz socialista, a la pregunta de si la decisión del Supremo contradice el espíritu de la reforma penal. Jaume Asens, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, uno de los promotores de la reforma, lamentado que, por un lado, el Supremo confirme que la sedición ya no existe en el Código Penal y no debe sustituirse por el nuevo delito de desórdenes públicos. “Pese a eso, continua frenando los avances políticos en el camino de la desjudicialización. No aplica la reforma de la malversación”, ha afirmado.

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