El PSC y Junts se alían para modificar el fondo de ayudas por el cierre de las nucleares

Misma música, pero letra dispar. Habrá dinero para auxiliar a los municipios catalanes afectados por el cierre nuclear, pero hay polémica acerca de cómo se reparten ayudas por valor de hasta 60 millones de euros al año. El llamado Fondo de Transición Nuclear ha desencadenado una nueva disputa entre partidos en el Parlament y ha vuelto a evidenciar la solitud de Esquerra Republicana. Junts y PSC se han aliado para ampliar el alcance territorial que tendrá el fondo y han orillado las pretensiones del partido que manda en la Generalitat. “Ponen esta herramienta a su servicio, no al servicio de quien lo necesita”, ha criticado la diputada de ERC, Maria Jesús Viña.

Ascó I tiene fecha de caducidad en 2030 y Ascó II en el 2032. Su clausura anuncia un serio quebradero de cabeza para la economía de la Ribera d’Ebre, una comarca amenazada por la despoblación y con escasas palancas de empleo, más allá de la agricultura. Vandellòs II, situada en el Baix Camp, tiene que bajar la persiana en 2035. Se calcula que las tres instalaciones nucleares dan empleo a unas 3.000 personas. “Han perdido la oportunidad de alcanzar un acuerdo en un tema tan importante como este, y ha primado el partidismo”, les ha afeado a ERC, al PSC y a Junts el diputado de En Comú Podem, Jordi Jordan.

Esquerra alega que el Parlament ha tomado la directa, sin buscar un consenso con los municipios más directamente perjudicados por el cierre nuclear, para incluir entre los beneficiarios a núcleos que están hasta a 30 kilómetros de distancia de los reactores. “No se ha tomado ninguna decisión arbitraria”, replica Joquim Paladella, diputado del PSC y alcalde de Batea (Terra Alta). El fondo bebe del dinero recaudado por el Govern a través del impuesto al impacto ambiental de las nucleares, y la disputa radica en qué municipios se benefician del dinero.

“A las Terres de l’Ebre nos corresponde el retorno de este fondo, pero también lo necesitan municipios del Camp de Tarragona”, ha defendido Irene Negre, diputada de Junts. Socialistas y posconvergentes admiten que sus propuestas amplían el foco de protección hasta unos 80 municipios, varios de ellos alejados de las centrales, pero alegan que se ha posibilitado doblar las partidas previstas: de 24 millones de euros a 60 millones. La CUP se desmarca de las propuestas y defiende que hay recursos para darle a los municipios hasta 108 millones de euros.

El año pasado, el Govern anunció que tenía a punto un fondo de 24 millones de euros anuales para financiar “acciones de desarrollo socioeconómico y de transición energética justa en las zonas afectadas por el futuro cierre de las centrales”. El consejero de Empresa, Roger Torrent, y la responsable de Acción Climática, Teresa Jordà, se atribuyeron un papel protagonista en el desarrollo del mecanismo de ayudas. “Ahora que está el trabajo hecho vienen a modificarlo y a repartirse los beneficios”, ha lamentado la diputada de ERC Maria Jesús Viña. Junts replica que Esquerra no tiene motivos para arrogarse la supuesta paternidad de un fondo que tiene su embrión en 2015. Entonces, se preveían 6 millones de euros anuales, pero el Tribunal Constitucional lo tumbó hasta dos veces.

Esta semana, el Ministerio del Interior anunció que ha distribuido 820.000 pastillas de yoduro de potasio en los municipios que están bajo el área de afectación de las nucleares de Ascó y Vandellòs. La dirección de ANAV, la sociedad que gestiona ambos complejos nucleares, anunció recientemente que no hay motivo para desconectar las centrales cuando alcancen la fecha de caducidad que tienen marcada. La empresa alega que las plantas son objeto de revisiones constantes y de mejoras tecnológicas que permiten seguir operando con seguridad.

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