Corrupción postpujolista

El pasado 8 de noviembre, la Audiencia Nacional dictó la apertura de juicio oral del ‘caso 3%’ con una treintena de implicados: desde cargos de Convergència hasta empresarios que engrasaron entre 2008 y 2015 la maquinaria del partido gracias a adjudicaciones supuestamente amañadas a sus compañías. Todo un ejercicio de tiro con pólvora del rey, que paga a escote el pueblo llano y soberano con sus impuestos.

Si en el juicio por el caso Palau ya quedó acreditado que CDC cobró comisiones a cambio de obra pública, la segunda parte —la del caso 3%— promete ser más coral y ecuménica, pues engloba a más empresas. Y tiene secuelas políticas. Por mucho que se esfuercen en presentarse sin mácula, la corrupción del viejo mundo convergente persigue a sus herederos soberanistas. El PDeCAT y Junts per Catalunya se ven en mayor o menor medida salpicados por ese pasado común que buena parte de ellos compartieron en la Convergència Democràtica (CDC) de Jordi Pujol y Artur Mas.

Como en tantos casos, también en el del 3%, la gran mayoría de los sacrificados son personal de la sala de máquinas. Algunos muy cualificados. El agua, sin embargo, no suele mojar los tobillos a los viajeros de primera clase, que tienen prioridad y más fácil acceso a los botes salvavidas. En este país estamos condenados a no saber quién era el señor X de los GAL o el M. Rajoy que aparece en los papeles de Bárcenas. La misma regla es aplicable a un Artur Mas que no estaba al corriente de las maquinaciones para financiar al partido que dirigía, o a un Jordi Pujol que desconocía las hazañas financieras de sus hijos, amparadas por la generosa sombra de su poder.

Los remedos de la vieja Convergència arrastran una pesada tramoya. Las operetas supuestamente soberanistas montadas por Artur Mas con los cambios de nombre del partido que heredó de Pujol tenían entre sus objetivos que el público pasara un buen rato pensando en la independencia y se olvidara del caso Palau o del caso 3%. Y a fe que lo consiguió, logrando incluso a arrastrar a Esquerra a una relación tóxica que tenía como objetivo amortiguar o retrasar al máximo la caída al abismo.

Para quienes tengan algo de memoria, hay imágenes del denostado mundo autonomista que persiguen a insignes soberanistas. Ahí estaba Jordi Turull, actual secretario general de Junts per Catalunya, formando parte junto a Oriol Pujol Ferrusola, de la guardia de honor que acompañaba a Daniel Osàcar —tesorero de CDC— a declarar ante el juez por el caso Palau. O Xavier Trias, candidato in pectore de Junts a la alcaldía de Barcelona, poniendo la mano en el fuego por Antoni Vives, que fue su teniente de alcalde de Urbanismo, antes de que fuera condenado a dos años de cárcel por simular un contrato, y que ahora reincide y se halla entre los implicados en el caso 3% para quien el fiscal solicita seis años de prisión y cinco de inhabilitación.

La policía patriótica, con su labor de creación de pruebas falsas contra dirigentes soberanistas —como Xavier Trias—, ha contribuido a generar confusión y dar una pátina de persecución política a delitos meramente económicos. Ahí está Laura Borràs utilizando sin rubor el recurso al lawfare para encubrir contratos supuestamente troceados a amigos. Nadie, no obstante, debe pasar por alto que durante años —cuando los padres de los autodenominados hijos del 1-O predicaban y aplicaban con entusiasmo políticas de austeridad— diputaciones, ayuntamientos y Generalitat trabajaban como una suerte de fábrica de moneda y timbre convergente.

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