El juicio del ‘caso 3%’ complica la campaña del retorno de Trias

La Audiencia Nacional sentará en el banquillo a Antoni Vives, responsable de Urbanismo con el exalcalde

El ex alcalde Xavier Trias y el ex concejal Antoni Vives en marzo de 2014 en la plaza de les Glòries.
El ex alcalde Xavier Trias y el ex concejal Antoni Vives en marzo de 2014 en la plaza de les Glòries.Juan Barbosa

A siete meses de las elecciones municipales, y cuando todo apunta a que el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias (2011-2015), repetirá como candidato de Junts a la alcaldía para batirse con la actual edil, Ada Colau, el caso 3% de la extinta Convergència ha entrado en una nueva fase y afecta a Antoni Vives, teniente de alcalde de Urbanismo y presidente de Bimsa, la empresa municipal que licita las obras, durante el único mandato en el que CiU gobernó la ciudad.

La Fiscalía pide penas de cárcel para Vives que suman seis años y un mes por los presuntos delitos de organización criminal, fraude a la administración pública y tráfico de influencias, además de inhabilitación por prevaricación vinculados a la supuesta financiación ilegal de Convergència. El ministerio fiscal se centra en la adjudicación de las obras del túnel de Glòries (85 millones de euros con IVA) y menciona otras intervenciones en las obras del dique Este del Puerto y del mirador de les Aigües. Diez días después del escrito de la Fiscalía, la Audiencia Nacional ha abierto la vista oral por el caso.

El Ayuntamiento de Barcelona mantiene también la acusación particular en la causa y pide una pena de un año y tres meses de cárcel para él por fraude a las Administraciones públicas, además de que se inhabilite a Vives durante seis años para que no pueda ocupar un cargo público.

Vives ya tiene una condena de dos años de cárcel e inhabilitación por haber simulado contratar a un ex alcalde de Unió en la agencia de desarrollo Barcelona Regional. El ex teniente de alcalde —que fue secretario del Govern durante el último periodo de Jordi Pujol al frente de la Generalitat— aceptó la pena en enero de 2021, pero la conmutó por seis meses de trabajos para la comunidad. El nuevo juicio a Vives complica la campaña electoral del retorno de Trias.

El caso de Vives, que actualmente vive entre Barcelona y Arabia Saudí, donde trabaja, explican fuentes próximas al exconcejal, no afectará a la decisión del exalcalde de presentarse o no a la reelección. Pero sí a la campaña electoral, donde sus adversarios le echarán en cara que su mano derecha en urbanismo vuelva a juicio. El exalcalde planeaba una campaña basada en confrontar su modelo de ciudad con Colau y en recordar que fue víctima del montaje de la llamada policía patriótica, que apuntó que tenía una cuenta bancaria en Suiza que resultó ser falsa. Ahora Trias asiste a una nueva cita con la justicia de uno de sus principales colaboradores.

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Desde el pasado viernes, también el escenario ha cambiado repentinamente para la alcaldesa Colau, después de la reapertura del caso de subvenciones a entidades afines. “Si en campaña le echan en cara lo de Vives, Trias sacará la raqueta”, aseguran en su entorno. “En Junts, el votante fiel y pragmático, que lo único que desea en esta vida es echar a Colau de la alcaldía, no dará credibilidad al caso de Vives; y al sector beligerante [el que lidera Laura Borràs] le pones a huevo el discurso de la judicialización”, apunta otra voz, que afirma: “A quién sí puede hacer decantar es al votante que está en la frontera entre PSC y Junts”.

En su escrito, la Fiscalía señala que entre 2008 y 2015, “altos cargos de Convergència, en connivencia con cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones” catalanas “y con los diferentes empresarios acusados, pusieron en marcha una estructura para financiar al partido ilegalmente y en forma encubierta”. “Los acusados adscritos a CDC, bajo la dirección del acusado Germà Gordó, llevaban a cabo un control y seguimiento de las licitaciones de obra pública”, afirma, y añade: “Influían en sus responsables para conseguir que los concursos fueran adjudicados a las empresas conniventes, cuyos responsables propiciaban y autorizaban hacer afluir dinero a dicho partido político. Ello, con el compromiso de los responsables del mismo de otorgar los diferentes concursos a las donantes”. Entre las Administraciones participantes, la Fiscalía cita la Autoridad Portuaria de Barcelona, de la que Antoni Vives fue vicepresidente, por su calidad de teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona; y Bimsa, la empresa municipal que licita las obras del Ayuntamiento, cuyo presidente era también el exconcejal.

Sobre las obras del túnel de Glòries, la Fiscalía mantiene que “Antoni Vives junto con Germà Gordó, y otras personas no determinadas, decidieron que la adjudicación de tal concurso se concediera a una UTE que en absoluto tenía capacidad técnica, consecuencia de lo cual se produjeron retrasos y un desvío superior al 50% de lo presupuestado”. Colau paró la obra para volverla a licitar troceada en varios contratos. Vives, según la Fiscalía, habría actuado para incluir a una quinta empresa en la UTE de las cuatro constructoras inicialmente ganadoras. El escrito describe reuniones con las empresas, dos con la participación de Vives, “realizadas con el único objetivo de adjudicar el concurso a aquellas empresas que resultaban donantes”, y también señala donaciones, por parte de las empresas, días después de resultar adjudicatarias.

Una vez que el magistrado instructor Santiago Pedraz ha dictado el auto de apertura de juicio, el proceso entra en plazos impredecibles. La causa se debe elevar a la Sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional encargada de enjuiciar este sumario, que tendrá que fijar también la fecha para la vista oral. Un plazo que puede dilatarse bastante. Influirán la carga de trabajo que arrastre el tribunal —son prioritarios juicios ya señalados o con presos preventivos—; o la complejidad para celebrar el propio juicio, con 30 personas físicas acusadas, 14 empresas y dos partidos.

El mismo juez Pedraz firmó el auto de apertura de juicio del caso Pujol en junio de 2021, pero a día de hoy no se ha fijado todavía fecha para la vista oral que se sentará en el banquillo por corrupción el expresident Jordi Pujol y a sus siete hijos. También, en el primer gran juicio del caso Villarejo —que tenía un número de acusados semejante al del caso 3%— se tardó casi un año y medio en celebrar la vista desde que se envió al banquillo a los procesados. Por ello, en base a la experiencia de la Audiencia Nacional con sumarios parecidos, resultaría extraordinario que el juicio a los exdirigentes de Convergència se celebrara antes de las elecciones municipales de 2023.

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