Colau paraliza las obras de Glòries desoyendo a la mayoría del Pleno municipal
El control del proyecto está en manos de Bimsa, donde la alcaldesa tiene mayoría
En una decisión sin precedentes en un proyecto de tanta envergadura, el Gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, paralizará las obras del túnel de Glòries pese al rechazo de la mayoría de la oposición en el Ayuntamiento. Solo la CUP apoyó al ejecutivo en una decisión que busca “hacer limpieza” en un túnel cuya obra acumula retrasos y sobrecostes y que está bajo sospecha en el caso 3%. El ejecutivo asegura que la opción de modificar el actual contrato podría conllevar un sobrecoste del 60% fruto de las reclamaciones de las constructoras. Las empresas expresaron en un comunicado que "no comparten la responsabilidad que se les atribuye" y que "tuvieron que asumir un proyecto que no se correspondía con la realidad a pie de obra".
La de ayer fue una tarde intensa en el Ayuntamiento. Pese a tener tomada la decisión de rescindir el contrato y a tener mayoría en Bimsa —la empresa municipal que gestiona las obras—, el Gobierno convocó una comisión de Urbanismo en la que buscaba el aval político para tomar las riendas de un túnel que soterrará el tráfico de la Gran Via: un proyecto que encargó e inició el exalcalde Xavier Trias rozando el final de su mandato. El ejecutivo recordó que el diseño de la plaza es fruto del Compromiso de Glòries, el consenso entre partidos y entidades que se alcanzó en 2007. De ahí que buscara aliento político. Pero le salió el tiro por la culata y todos los grupos salvo la CUP y el concejal no adscrito Gerard Ardanuy votaron en contra de la rescisión.
Fue un revés político fruto de un error de cálculo (Colau pensaba que la oposición se abstendría) que no hizo cambiar de opinión al Gobierno, que se mantuvo firme y decidió en el consejo de Bimsa rescindir el contrato pese al rechazo. En el consejo, sin embargo, el representante del PP se abstuvo (en la comisión había votado en contra) y el de ERC votó en contra “por imperativo del partido”.
Tanto la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz; como el concejal de Arquitectura, Dani Mòdol, y el director de Bimsa, Ángel Sánchez, vinieron a decir que no les quedaba otra que rescindir el contrato. El más explícito fue Sánchez, que reconoció que la empresa exploró la vía de modificar el actual contrato, pero la UTE constructora (integrada por Benito Arnó, Rogasa, Copisa y Comsa) les respondió que no cumpliría los plazos y que el sobrecoste sería del 60%.
De las grandes cifras que ayer dieron a conocer, se desprende que el sobrecoste final de la obra, que se adjudicó por 60 millones, podría rondar el 40%. Más que el 20% que cuantificaba una auditoría externa y menos que el 60% que exigían las constructoras. Hasta ahora se han gastado 43 millones de euros y está previsto adjudicar el nuevo proyecto por unos 40, dijo Sánchez. Tener la obra parada costará 1,7 millones: es la suma del coste mensual de mantenimiento y vigilancia, bombear agua del freático y que la UTE termine el trabajo para poder cerrarla. El calendario con el que trabaja ahora Bimsa prevé terminar el túnel en enero de 2020.
Nuevo contrato a parte, el Ayuntamiento pedirá daños y perjuicios a las constructoras de la UTE y estudia si las puede inhabilitar para que concursen en la futura licitación. Además, estudiará pedir también responsabilidades a las empresas que hicieron el proyecto (Esteyco-Transfer), a quienes las constructoras responsabilizan en buena parte de toda la crisis.
Críticas a Sanz
Durante la comisión de Urbanismo, los grupos municipales arrojaron sobre la teniente de alcalde de Urbanismo una catarata de críticas a su gestión. En el capítulo de críticas todos los grupos reprocharon a Sanz que no asuma responsabilidades sobre la gestión de la crisis y que haya gestionado mal las obras y su retraso (que se conoce desde hace siete meses). También le advirtieron de que se judicializará la cuestión, porque las constructoras no aceptarán la rescisión. El grupo Demòcrata y ERC vincularon la parálisis al eventual éxito de la candidatura de Barcelona para acoger la sede de la Agencia Europea del Medicamento, que se ubicaría en la torre Agbar de la plaza.
En su réplica, Sanz calificó la decisión del ejecutivo de “valiente y responsable para hacer limpieza con una empresa [COPISA]sobre la que hay demasiadas sombras de sospecha”. “Si hacemos un modificado ¿adónde vamos? A parar las obras y a judicializar”, aseguró, y reprochó que Adif (que tiene dos túneles que pasan por encima del túnel) “es experto en esto”. “¿No hemos aprendido de Adif en la ciudad?”, volvió a preguntar en referencia a otro escándalo, el de las obras de La Sagrera. “No nos podemos quedar en manos de unas constructoras que están siendo investigadas, tenemos que recuperar el control”, zanjó.
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