El fiscal se querella contra Vives por enchufar a dos cargos de Convergència
La agencia municipal Barcelona Regional pagó 216.000 euros al excantante de Los Sírex y al exalcalde de Cervelló


El fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled ha decidido presentar una querella contra la antigua cúpula de la agencia municipal Barcelona Regional —el expresidente Antoni Vives y el exdirector Guillermo Müller—, por la contratación irregular de dos cargos de la antigua Convergència (hoy PDECat).
Los dos enchufados son Jesús Arévalo Bravo, alcalde de Cervelló por CiU entre 2011 y 2015, y Antoni Miquel Cerveró, excantante de Los Sírex, conocido con el nombre artístico de Leslie y exconcejal también por CiU en Barcelona. Ambos cobraron un total de 214.600 euros entre 2012 y 2015 sin que llegaran a realizar trabajo alguno para la agencia. El fiscal destaca que ambos, a los que considera "directamente vinculados con Antoni Vives", eran "completamente desconocidos" en Barcelona Regional sin que se les conociera "ubicación o trabajo alguno".
Vives era teniente de alcalde de Habitat Urbano y Urbanismo en el gobierno municipal del alcalde Xavier Trias. Sánchez Ulled ha tomado esta decisión después de que una auditoría encargada por el gobierno municipal de Ada Colau destapara todo tipo de irregularidades en BR que el fiscal, sin embargo, no considera que sean constitutivas de delito y las reduce a cuestiones administrativas.
Pese a ello, el fiscal califica de "temeraria" la gestión de Vives y Müller en los proyectos internacionales de la agencia, que acabó causando pérdidas de casi dos millones de euros a las arcas municipales. "La gestión contractual en el seno de Barcelona Regional incurría de forma recurrente en los mismos y variados vicios procedimentales", suscribe Sánchez Ulled, quien añade, sin embargo, que "se trata de vicios puramente formales, sin que los mismos denoten una palpable arbitrariedad adjudicadora", lo que no permite "ir más allá de su consideración como meras irregularidades administrativas".
Tras tener terminada la auditoría, el Ayuntamiento dio traslado del expediente a la Fiscalía y abrió el pasado mes de julio una comisión de seguimiento de la gestión de la agencia, que ha trabajado en coordinación con la Oficina de Transparencia del Consistorio, encabezada por Joan Llinares.
Tras conocer la decisión del fiscal, Antoni Vives ha hecho público un comunicado en el que quita importancia a los hechos y destaca que "el fiscal ha decidido archivar la práctica totalidad del expediente". En la nota, el expresidente de BR lamenta que en el último año se le haya "acusado e injuriado de forma muy grave y sin fundamento" y anuncia que ha pedido a sus abogados que estudien la forma de "reparar el daño hecho" en su honor.
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