El sobrecoste real del túnel de las Glòries será del 60%, según los técnicos
Los directivos de la empresa municipal Bimsa advirtieron que las constructoras podrían llegar a reclamar hasta 36 millones
Lo barato sale caro y el retraso de las obras del túnel de la plaza de las Glòries de Barcelona, por las deficiencias del proyecto y la complejidad de las obras, puede salirle muy caro al Ayuntamiento que dirige Ada Colau. Según una auditoría de la empresa municipal Bimsa entregada la semana pasada, el coste del proyecto podría aumentar en un 20% (12 millones de euros) respecto al precio por el que se adjudicó. Pero los directivos de la compañía pública advirtieron a los grupos municipales de que las constructoras encargadas de las obras (la UTE formada por Rogasa, Benito Arnó e Hijos, Copisa y Comsa) podrían llegar a reclamar hasta 36 millones, un 60% más de la cantidad adjudicada inicialmente.
Así lo explicaron los directivos de Bimsa a los grupos municipales la semana pasada, cuando les presentaron la auditoría que confirma el retraso y cuantifica el sobrecoste. Fuentes presentes en la reunión relatan que los directivos apuntaron que todavía no tienen la reclamación formal del sobrecoste, pero que saben por conversaciones con las constructoras que ascenderá a 36 millones.
Las cifras de las obras del túnel
Importe de licitación (el precio por el que salió a concurso la obra): 80 millones de euros
Importe de adjudicación: 60 millones de euros
Sobrecoste previsto (que comportará hacer un modificado del contrato): 11,8 millones (el 20% del coste de adjudicación)
Valor estimado del contrato (cantidad hasta la que el consistorio entiende que podría llegar): 103 millones
Sobrecoste que BIMSA dice que reclamará la UTE: 60% del importe de adjudicación (36 millones)
En el informe realizado por Bimsa ya se alertaba de que la reducción de un 24,3% entre el precio al que el Ayuntamiento licitó la obra y el de la adjudicación de Bimsa a la UTE “suponía un riesgo económico”.
El Gobierno mantiene que “no” aceptará “sobrecostes injustificados”. La batalla está servida porque lo que todo el mundo sabe es que un año y medio más de mano de obra, materiales y maquinaria cuesta mucho dinero.
La Fiscalía liga el desfase a la incapacidad técnica de la UTE
La obra de los túneles viarios de la plaza de las Glòries es una de las que están siendo investigadas en el llamado caso 3%. La reforma fue adjudicada en 2015 por 60 millones (IVA incluido) a una unión temporal de empresas (UTE) formada por las empresas Copisa, Rogasa, Benito Arnó e Hijos y Comsa. Todas ellas habían sido donantes, en mayor o menor medida, de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). En un escrito en el que solicitó la imputación del diputado Germà Gordó, la Fiscalía Anticorrupción concluyó que Gordó y Antoni Vives —expresidente de Bimsa, la mayor adjudicataria municipal— dieron las obras a esa UTE pese a que “en absoluto tenían capacidad técnica”. La Fiscalía afirma que, como consecuencia de esa falta de capacidad, “se están produciendo retrasos en la ejecución de la obra (al menos, 18 meses) y un desvío en su ejecución de gran entidad, superior incluso al 50% de lo presupuestado”.
Fuentes de la UTE constructora, donde Comsa tiene el mayor porcentaje, dicen que no se posicionarán porque no han recibido la auditoría de forma oficial y que están pendientes de analizarla al detalle.
El túnel para soterrar la Gran Via a su paso por las Glòries va camino de convertirse en una pesadilla para el Gobierno de Colau. Y más si se tiene en cuenta que el actual ejecutivo no era partidario de ejecutar esta obra, que el exalcalde Trias adjudicó rozando el final de su mandato, en febrero de 2015.
El pánico cunde ahora ante la posibilidad de que las empresas paren la obra si no se ponen de acuerdo con el Ayuntamiento sobre quién asume el sobrecoste. O si el desvío es tal que hay que hacer un contrato nuevo. El Ayuntamiento ha afirmado también que pedirá responsabilidades a la constructora y al proyectista. La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, estudia jurídicamente esta posibilidad y afirmó las sanciones podrían oscilar desde multas hasta la rescisión del contrato.
La obra del túnel está ejecutada en un 60%, pero falta la fase más delicada: perforar las dos galerías del túnel en la cota más profunda, justo por debajo del colector y los túneles de Adif cuyas pantallas han obligado a perforar a un 1,5 metros más de profundidad, además de recalcular toda la obra.
Desde el grupo municipal de la CUP, que exigió la auditoría, la concejal María José Lecha alude a las “responsabilidades compartidas” del sobrecoste del proyecto entre, considera, Adif, el proyectista y el Gobierno de Trias, al que culpa de “poner en marcha un proyecto faraónico y millonario deprisa y mal por electoralismo”. Apunta también a “las deficiencias que han generado el sobrecoste” del proyecto, al mal estado de los túneles de Adif y “al hecho de que la información facilitada fuera errónea”. Lecha también critica la baja por la que se adjudicó, “que acabamos pagando por la vía del sobrecoste”.
Ciutadans y ERC también criticaron ayer los obstáculos que tienen las obras. La presidenta del grupo de Ciutadans, Carina Mejías, pidió responsabilidades “a quien adjudicó la obra”, una investigación interna y el compromiso de Colau de que acabará los trabajos. Jordi Coronas, de ERC, también se refirió a la baja por la que se adjudicó y pidió seguridad en la ejecución de la parte que falta.
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